El Gobierno británico ha anunciado que endurecerá los requisitos para entregar visados a estudiantes y trabajadores extranjeros, en un intento por reducir la llegada de migrantes al país. El objetivo es reducir la cifra de migración neta, que alcanzó un nuevo récord en 2022 con 745.000 llegadas, en 300.000 personas. «La gente está comprensiblemente preocupada por la vivienda, por las citas con el médico, las plazas escolares y el acceso a otros servicios públicos en sus comunidades, donde la población crece rápidamente”, ha señalado el ministro del Interior, James Cleverly, en un discurso este lunes en el Parlamento.
Cleverly ha anunciado un aumento de casi el 50% en el salario mínimo que los trabajadores extranjeros deberán percibir para poder acceder a un visado de trabajo: de las 26.200 libras anuales (30.567 euros) actuales a las 38.700 libras (45.150 euros) a partir del próximo año. Un aumento que no afectará a los trabajadores del sector sanitario ni a los cuidadores, que representaron casi una tercera parte de los visados de trabajo concedidos entre junio de 2022 y junio de 2023, pero que sí repercutirá en el resto de profesiones. Además, se reducirá la lista de sectores con «falta de mano de obra», donde hasta ahora se podían contratar a trabajadores extranjeros pagando hasta un 20% menos del salario medio en su profesión.
Familiares dependientes
El Ejecutivo británico también reducirá la llegada de familiares dependientes. A partir de la próxima primavera, los estudiantes internacionales no podrán traer a sus familiares al Reino Unido, excepto para los alumnos de posgrado en programas de investigación. Los parientes de los trabajadores del área de los cuidados tampoco tendrán derecho a visado bajo el nuevo modelo, mientras que los que sí reciban el permiso legal para permanecer en el país deberán aumentar sus contribuciones al Servicio Nacional de Salud (NHS). «Aumentamos el recargo sanitario anual por inmigración en un 66%. De las 624 libras hasta las 1.035 libras para recaudar de media unos 1.300 millones para los servicios sanitarios», ha asegurado Cleverly.
Con estas medidas, el Gobierno pretende tranquilizar al sector más duro del Partido Conservador, que endureció las críticas contra el primer ministro, Rishi Sunak, tras la publicación de los últimos datos de migración. Entre sus representantes está la exministra del Interior, Suella Braverman, quien criticó duramente a Sunak tras su destitución por no haber respondido supuestamente a sus peticiones y por haber contribuido al aumento de las llegada de migrantes a pesar de que el combate contra la inmigración fue una de las principales promesas de los ‘tories’ en las elecciones de 2019. «Estas medidas son un paso en la buena dirección pero seamos honestos: llegan demasiado tarde y todavía pueden ir más lejos», ha asegurado la exministra tras el anuncio.
Encuestas en contra
A falta de pocos meses para las elecciones, previstas para el próximo año, Sunak está tratando de lograr un difícil equilibrio entre el discurso duro contra la inmigración –destinado a captar a los votantes más acérrimos del Brexit– y dar una imagen moderada para contentar a los electores más cercanos al centro liberal. Una estrategia que por ahora no está surtiendo efecto. Según una reciente encuesta de BMG Research, el partido Reform UK –heredero del UKIP de Nigel Farage– sería la tercera fuerza más votada en las próximas elecciones con un 11% de los votos, cuatro puntos más que en la encuesta publicada por la misma empresa el pasado verano. Los conservadores, por su parte, pierden 3 puntos y se sitúan como segunda fuerza con el 27% de los sufragios, lejos del 43% del Partido Laborista.
