El sur también existe

Nada que objetar a la labor y los méritos de los galardonados. Ni, por supuesto, a la iniciativa en lo que ha sido el estreno de la Generalitat y del actual Consell de PP-VOX en cuanto al reconocimiento público a la batalla que, cada uno desde su campo, da para hacer frente a esta epidemia.

Una plaga que en lo que llevamos de año se ha cobrado la vida de más de medio centenar de mujeres: 54 si entre que se escriben estas líneas y se publican no aumenta esta macabra cifra. Sin olvidar a otros tantos menores asesinados sólo desde 2015 hasta acá en lo que se conoce como violencia vicaria, más cruel si cabe por la extrema vulnerabilidad de las víctimas, pero enmarcada en la misma irracionalidad de los crímenes machistas.

Ninguna objeción, decía, a estas distinciones salvo que, si lo que se buscaba era reconocer en el territorio de la Comunidad trayectorias en esta lucha, no habría estado de más dirigir la mirada hacia el sur para constatar que fue en Alicante donde anidó el germen de lo que, un lustro después, en ese 2005, fueron los juzgados especializados en violencia contra la mujer que después se han ido creando a lo largo y ancho de todo el país hasta superar en la actualidad el centenar.

Bastaba con haber abierto el foco más allá del Mascarat para constatar que fue el 1 de diciembre de 1999 cuando el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó crear en Alicante los primeros juzgados del país con competencia exclusiva en lo que entonces se llamó malos tratos en el ámbito familiar o violencia doméstica. 

O con haber consultado la hemeroteca para recordar que por iniciativa e insistencia del entonces presidente de la Audiencia de Alicante y hoy magistrado del Tribunal Supremo, Vicente Magro, se acordó que tres juzgados de la provincia, ubicados en Alicante, Elche y Orihuela, fueran los primeros del país en asumir en exclusiva la instrucción de esta materia. Una experiencia piloto cuyos excelentes resultados fueron el pistoletazo de salida de los juzgados especializados en violencia de género que hoy conocemos y sin los que no se entiende la respuesta judicial a este drama. 

El 29 de diciembre de ese 1999 publicaba el BOE el acuerdo y tres días después, el 1 de enero del 2000, el magistrado Manrique Tejada se ponía al frente del primer juzgado de la nueva especialidad en el partido judicial de Alicante.

Voluntarios

Quienes vivieron aquellos momentos recuerdan cómo cuando Magro pidió voluntarios para pilotar una iniciativa que hasta a algunos jueces les sorprendía (en esas fechas ni tan siquiera se contabilizaban como tales las víctimas de violencia de género, cuyo registro no comenzaría hasta el tres años después) el magistrado Tejada, hoy jubilado, no dudó en levantar la mano en un acto de voluntarismo aún a sabiendas de que no iba a ir acompañado de una dotación de medios acorde al incremento de trabajo que se esperaba, como así fue. 

Una carencia que se suplió con creces gracias a la profesionalidad y el arrojo de todo el personal de juzgado número 5. «El mejor de Alicante, sin ninguna duda», según otro de los protagonistas de aquella gesta: el fiscal Ángel Alcázar, quien también en un ejemplo de pura voluntad se ofreció para llevar desde el Ministerio Público una materia que ya no abandonaría hasta 18 años después, cuando se retiró como fiscal delegado de la misma.

Agrupación de Mujeres Abogadas 

Al equipo se sumó también altruistamente la Agrupación de Mujeres Abogadas de Alicante que, en un turno de oficio gratuito, atendían las 24 horas del día a quienes en aquellos años se atrevían a acercarse al juzgado para denunciar el calvario que muchas llevaban viviendo años . Las asesoraban y hasta les buscaban dónde alojarse «porque entonces la que se marchaba del hogar era la mujer y las órdenes de alejamiento casi ni existían», recuerdan quienes ayudaron a crecer este embrión. 

 Profesionales del Derecho con décadas de trabajo a sus espaldas en la lucha contra la violencia de género que no saben si atribuir el «olvido» de la Generalitat al «desconocimiento, a la poca memoria, a la falta de interés o a que están recién llegados».

Malestar

«Me importa lo que hicimos, lo que trabajamos y lo que contribuimos a poner en marcha. La ignorancia y los premios me dan lo mismo», resume uno de ellos lo que sería el sentir general. Pero el malestar está ahí.

Porque también recuerdan que fue en Alicante, a iniciativa de Magro, donde se pusieron en marcha los primeros programas de reeducación en violencia de género que acabaron en el Código Penal, así como una oficina en la Audiencia para atender a víctimas que funcionó durante unos años. 

Desde la Conselleria de Igualdad que dirige la popular Susana Camarero, promotora de la idea de los galardones, se limitan a afirmar que «se ha valorado la trayectoria personal y profesional en la lucha contra la violencia sobre a mujer».

 Cinco personas componían el jurado de un fallo que se dio a conocer al mismo tiempo que se entregaron los galardones: la secretaria autonómica de Igualdad y Diversidad, Asunción Quinzá; el comisionado en la lucha contra la violencia sobre la mujer, Felipe del Baño; un miembro de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Miguel Bailach; y las representantes de las diputaciones de Alicante, Valencia y Castellón Loreto Serrano (alcaldesa de Santa Pola), Natalia Enguix y Ana Portal, respectivamente. 

Entre tanto, Magro, a quien todos los que intervinieron en aquella hazaña señalan sin duda como el promotor, además de ser miembro del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del CGPJ desde 2002, acaba de recibir un reconocimiento por su compromiso con la igualdad y sus aportaciones para proteger a las víctimas de violencia de género. Eso sí, en las Islas Baleares.