Dulce María Gutiérrez: “La tarjeta acreditativa de la discapacidad será una realidad esta legislatura”

Este es un tema histórico que muestra falta de implicación. No se puede decir de otra manera. Se ha delegado en el tercer sector la posibilidad o responsabilidad de trabajar o actuar sobre la formación o el empleo. No ha habido una apuesta seria ni una verdadera implicación política. Cuando empezamos esta legislatura, el presidente (Fernando Clavijo) entendió que discapacidad y dependencia tenían que ir separados para darle un peso específico. Es una forma de tomar conciencia para entender la discapacidad de otra manera y apostar para que estas personas tengan la oportunidad de insertarse en todos los aspectos de la vida. En este caso, hablamos de centros especiales de empleo y los PFAE (Formación en Alternancia con el Empleo). Ese es el modelo que se tiene que implantar y proliferar en Canarias para que dejemos de ver la discapacidad como algo no requiere de la atención que pueden solicitar otras áreas. No podemos conformarnos con reconocer el grado de discapacidad o con dar subvenciones. Y ahora se está iniciando el camino para demostrar un respeto absoluto a personas con discapacidad para que tengan oportunidades en igualdad de condiciones para acceder al mercado laboral de la mano de la experiencia que nos ofrecen las entidades.

¿Contemplan ayudas directas de la autonomía para fomentar el empleo con apoyo como ocurre con otras autonomías?

Para contratar, la comunidad autónoma debe respetar los principios de concurrencia e igualdad. La idea es modificar las bases de convocatoria por concurrencia competitiva que nos encontramos, que son completamente distintas a las que se habían ido sacando en ejercicios anteriores, sin consensuarlas con las entidades ni haber escuchado sus propuestas. Si esa línea de subvenciones por concurrencia competitiva hubiera continuado, hubiera sido un desastre absoluto y, probablemente, muchas entidades hubieran tenido que cerrar sus puertas. Lo que hemos hecho es rescatar convocatorias anteriores que ya estaban adaptadas a los proyectos que se desarrollan de forma permanente por las entidades y hacer los cambios necesarios para buscar la concurrencia competitiva y garantizar que las entidades tengan, a través de nuestras subvenciones, oportunidad de seguir prestando los servicios. Hemos estado hablando con distintas plataformas y entidades para hacer un diseño de nuevas convocatorias de subvenciones a iniciativas que no tengan una línea definida. Cuando ultimemos los detalles, adaptaremos las líneas de convocatoria para fomentar la empleabilidad.

En formación, Canarias está un poco mejor, con un porcentaje significativo en Primaria y Secundaria, pero en estudios superiores vuelve a crecer la brecha. ¿El cuello de botella es la formación?

La formación puede adolecer de carencias. Quizá haya que ampliarla más en función de la diversidad tan grande que hay dentro de la discapacidad. No todo vale para todos y hay que tener el punto de mira diferente para las personas con discapacidad. Pero tenemos una propuesta que hemos valorado positivamente en la Consejería de Bienestar Social: tener contactos con la patronal y ver exactamente cuáles son esos oficios o ramas laborales con los que hay problemas para poder dar coberturas en los puestos de trabajo. Quizá en algunos que requieran mucha especialización o sean muy técnicos, no tengamos la oportunidad de insertar a personas con discapacidad. Pero sí en otros y ya hay experiencias previas, por ejemplo, como reponedores en supermercados o en lavado de coches. Se puede diversificar planteando la fórmula de los oficios o de los PFAES. Yo creo mucho en esa fórmula, porque compagina la formación con un trabajo remunerado. Para una futura inserción laboral, para mí es ideal y creo que eso abre el camino, de la mano también de la patronal. Porque creo que esto debe ser transversal: desde la Consejería de Bienestar Social a la de Sanidad, Vivienda o Empleo. Las distintas ramas del Gobierno debemos plantearnos qué aspectos se tienen que trabajar para garantizar esa integración real y auténtica de las personas con discapacidad. Hay que trabajar para formar a las personas con discapacidad en aquellos aspectos en los que han demostrado sus capacidades. 

Canarias es la autonomía que más tarda en dar certificados de grados de discapacidad. En 2018 tardaba 18 meses desde que se solicitaba hasta que se valoraba. Hoy es casi el doble. ¿Qué está haciendo en este sentido?

Estamos trabajando para revertir esta situación inaudita, inhumana e irrespetuosa de no reconocer el grado. Necesitamos más equipos de valoración. Porque lo que no puede ser, lo que no es concebible es que año tras año suba el número de solicitudes del primer reconocimiento de revisión y, sin embargo, los equipos sean los mismos. Eso es inviable. No hay una correspondencia entre las necesidades y el servicio que se presta. ¿Y qué hemos hecho? Por ejemplo, desde 1997 en el centro base de valoración de la discapacidad de Santa Cruz de Tenerife no había ni un médico y ya hemos logrado componer más equipos de valoración con la aportación de médicos, en colaboración con el Servicio Canario de Salud. Lo mismo estamos haciendo en Gran Canaria, para poder contar con dos médicos más. En pocos meses, estamos consiguiendo montar varios equipos en las dos provincias, aunque es cierto que hay dificultades legales para incrementar la plantilla, pero estamos trabajando en lo que se puede. A donde no podamos llegar, pues seguiremos tendiendo la mano al Servicio Canario de Salud para conseguir que eso sea así. También vamos a intentar tener equipos de valoración descentralizados, es decir, que no dependan exclusivamente del centro base de Las Palmas de Gran Canaria o de Santa Cruz de Tenerife. Que podamos montar equipos de valoración en el norte y el sur de las islas, porque hay muchas personas a las que les cuesta desplazarse; estamos hablando de un colectivo sensible, con dificultades extra y a veces los obligamos a hacer grandes desplazamientos y algunos no tienen vehículos.

¿Y en las islas no capitalinas?

También estamos intentando negociar con los cabildos. Ya tenemos un convenio con la Corporación de La Palma y otro en Fuerteventura para que se monten esos equipos de valoración en las islas no capitalinas. La idea es que todas tengan su propio equipo de valoración, de tal manera que, a través de una encomienda con los cabildos puedan montarse esos equipos para no obligar a las personas de las islas no capitalinas a trasladarse a Las Palmas de Gran Canaria o Santa Cruz de Tenerife. No sé cuánto tiempo tardaremos en conseguirlo, pero es otro de mis retos, de la misma manera que lo es obtener la tarjeta de discapacidad. Tampoco comprendo que seamos de las pocas comunidades autónomas que no tiene una tarjeta de discapacidad que dignifique la condición y se pueda ejercer el derecho de tener distintas bonificaciones o ayudas públicas. Deben poder mostrar una tarjeta de discapacidad y no tener que sacar todos sus papeles, donde aparecen muchos datos de tipo personal que deben quedar en su intimidad. La tarjeta de discapacidad es otra de las grandes apuestas de este gobierno. A veces son procesos lentos, que no se implantan tan rápido como se quisiera, pero estamos en el camino, lo tenemos bien definido, sabemos a dónde tenemos que llegar y vamos a intentar conseguirlo.

El año pasado nació la plataforma Y ahora, ¿qué hacemos?, que demanda soluciones para que el alumnado que sale con 21 años del sistema educativo pueda contar con recursos. ¿Cómo plantea atender esta realidad?

Estamos trabajando de forma coordinada con la Consejería de Educación y también interviene Sanidad. Pero en este caso, de las personas de 21 años que no tienen un recurso donde ir o no tienen una oportunidad, es un asunto sensible. Una vez salen de las Aulas Enclave a la edad de 21 años y ya no tienen una opción de entrar en algún recurso los chicos y las chicas retroceden. Eso no se puede permitir, que años de trabajo, tiempo y dinero quede en absolutamente nada. Se está valorando y hay una propuesta para incrementar la edad hasta los 25 años. Aún no se ha acordado de forma definitiva. La idea es garantizar que, una vez que salgan los alumnos del sistema educativo, tengan un recurso al que dirigirse directamente. Y que su vida a partir de ese momento no sea un retroceso. Queremos dar una respuesta a las demandas de la plataforma.

¿Qué objetivos se fija?

Me gustaría que las listas de espera cumplieran con el plazo que establece la ley, que son seis meses; que el reconocimiento del grado de discapacidad entre dentro de esa franja temporal. Que la tarjeta acreditativa de la discapacidad sea una realidad, que lo será. Que tengamos las aplicaciones informáticas que permitan a las personas con discapacidad acceder a toda la información relacionada con su situación. Poder tener montados los equipos que quiero en las islas. Y que el deporte, la cultura, el ocio y la formación tenga la repercusión que debe tener en la comunidad autónoma con efecto directo en las personas con discapacidad. Trabajar y fomentar las capacidades de las personas debe ser una prioridad. Si logro esas aristas que para mí son básicas para facilitar la integración de las personas estén en funcionamiento, así sea de la mano de las entidades, me iré más que satisfecha del trabajo y los resultados.