Decir que la acción climática es urgente es casi quedarse corto. Es casi un mantra que parece hasta retórico porque los hechos son irrefutables. El 3 de diciembre la COP28 tiene como principal tema de debate la salud, sin embargo, los escenarios actuales no podrían estar más alejados de respuestas políticas comprometidas. Los datos recientes publicados hace unos días por The Lancet Countdown muestran como las muertes por calor en grupos de edad más vulnerables incrementan, especialmente en los más mayores: crece un 85% en mayores de 65 años entre 2013 y 2022. La superficie terrestre mundial afectada por sequías extremas aumentó del 18% en 1951-60 al 47% en 2013-22, con las implicaciones que eso tiene para las comunidades que ven absolutamente mermada su subsistencia. De acuerdo con los datos de Naciones Unidas, se prevé que 600 millones de personas más sufran hambrunas en 2030. Un dato reciente del Banco Mundial avanza que, si no se actúa de inmediato y con decisión, el cambio climático podría provocar el desplazamiento de unos 216 millones de personas de aquí a 2050.
En términos de enfermedades, el número de casos de malaria crece, así lo registraba la OMS en un informe publicado esta misma semana. Hemos pasado de 233 millones de casos registrados en 2019 a 249 millones en 2022. La transmisión de enfermedades crece debido a los cambios de temperatura, y en el caso de la malaria la humedad, las precipitaciones, los eventos extremos, como las olas de calor y las inundaciones, pueden influir en la carga de morbilidad. Por otra parte, la contaminación producida por la combustión de energías fósiles tiene un impacto directo en salud provocando desde asma, alergias o enfermedades respiratorias y cardiacas en pacientes. Se estima que se producen 6,5 millones de muertes anuales a nivel global debido a la contaminación del aire y la cifra incrementa.
Estas son algunas evidencias del impacto en la salud y en los ecosistemas que tiene el cambio climático. Es por ello por lo que, en esta COP28, la salud debe estar en el centro de las negociaciones. No son pocas las voces que defienden que la crisis climática es una emergencia de salud pública y la OMS debería actuar en consecuencia, y además tenerlo muy presente en otra negociación crucial que está teniendo lugar en este momento, como es el Tratado Pandémico que gobernará futuras crisis sanitarias.
La industria de combustibles fósiles no puede tener espacio en las negociaciones sobre el clima, de igual forma que a la industria tabacalera no se le permite participar en el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco
Sin embargo a pesar de estos impactos en salud las emisiones de CO2 relacionadas con la energía crecieron un 0,9% en 2022, hasta alcanzar un máximo histórico, lo que hace cada vez más imposible alcanzar los compromisos de París de no superar el incremento de la temperatura global en 1,5º-2º. Y por si esto fuera poco, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha publicado recientemente que el volumen global de subsidios a los combustibles fósiles alcanzó la cifra récord de 7 billones de dólares en 2022, 2 billones más que en 2020.
Darle la vuelta a este escenario pasaría en un primer lugar por evitar que los intereses de la industria de combustibles fósiles tengan espacio en las negociaciones sobre el clima, de igual forma que a la industria tabacalera no se le permite participar en el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. A la limitación del lobby se añade el incremento de la financiación climática y empezando por respetar los 100.000 millones que se comprometieron para el 2020. Sin dinero será imposible que las políticas de adaptación y mitigación tan necesarias e indispensablemente se pongan en marcha. De momento más de 400 millones se han comprometido con el Fondo de Pérdidas y Daños para los países menos avanzados, una de las grandes demandas y anunciado el mismo día de la inauguración de la COP28 que gestionará el Banco Mundial. Sin duda es un comienzo no obstante las estimaciones sobre lo que necesitaría este fondo están por encima de los 100.000 millones según los países en desarrollo. Un estudio realizado por las 20 economías más vulnerables arrojaba la cifra de más de 500.000 millones de pérdidas entre 2000 y 2019 como consecuencia del cambio de temperatura y los patrones de las precipitaciones.
Veremos cuales son los resultados de esta cumbre, y aunque con escepticismo, no dejamos de pronunciarnos con la esperanza de que el compromiso con el interés general y el planeta, y la voluntad de la ética rijan las decisiones de muchos políticos. Porque por esas decisiones los recordará la historia.
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Irene Bernal Ph.D. es Advocacy and Research Manager en Salud por Derecho.
