El Consell no quiere entrar a hablar de la quita de la deuda ni de la transferencia de competencias de Cercanías a las comunidades -como planteó ayer el nuevo ministro de Transportes, Óscar Puente- hasta que no haya avances en la reforma del sistema de financiación autonómica. Pedro Sánchez desveló esta semana algunos de los parámetros que tendrá en cuenta en una posible condonación de la deuda histórica a los valencianos, entre ellos el poblacional, y que podría traducirse en una quita de 10.000 millones de euros a los valencianos. Por su parte, el recién nombrado Ministro de Transportes, Óscar Puente, abrió la puerta a transferir las competencias de Cercanías a las autonomías que así lo soliciten además de a Cataluña, pues es uno de los puntos que se incluye en los pactos de investidura del PSOE con Esquerra Republicana. Puente apuntó ayer que «está dispuesto a dialogar» con todas las comunidades autónomas que puedan estar interesadas en la cesión del servicio.
Respecto a esto, el Consell es prudente. Consideran la gestión de Cercanías algo que necesita de un empaque técnico importante en cuanto a presupuestos y sobre todo respecto a la situación del personal del servicio. El gobierno valenciano cree que la gestión autonómica de las Cercanías un asunto que puede ser contraproducente si no se ponen sobre la mesa todas las condiciones económicas y de personal que permitan a la Generalitat asumir esta competencia con garantías de mejora del servicio.
Por eso, señalan que primero de todo se tendrían que estudiar todas las condiciones que hicieran posible una gestión más eficiente y un mejor servicio de movilidad, que es, en última instancia, tal como señalan desde la Generalitat, lo que interesa al ejecutivo autonómico.
Primero, financiación
Fuentes de la Conselleria de Infraestructuras que dirige Salomé Pradas explican a este diario que mientras no haya un sistema de financiación autonómica correcto no van a pedir las competencias de Cercanías. «No podemos asumir nuevas competencias sin un buen sistema de financiación», decían,en la línea del argumentario del gobierno valenciano.
Sobre este tema también se pronunció Compromís desde el grupo parlamentario plurinacional Sumar del que forman parte y en la tónica de lo que llevan pidiendo desde hace meses: acercar la gestión al territorio para mejorar el servicio de ferrocarril en el territorio valenciano.
En este sentido, el diputado de Compromís-Sumar Alberto Ibáñez pidió precisamente al Consell que solicitara la competencia tras las palabras del ministro Puente: «La gestión de proximidad siempre es mejor, una transferencia acompañada por la financiación y personal adecuado, pero también con el compromiso firme de la Generalitat de no privatizar ningún servicio y por parte de la Administración General del Estado de ejecutar como se ha comprometido en el acuerdo de investidura de la mejora de las infraestructuras ferroviarias», señaló Ibáñez sobre este asunto.
La exigencia previa para explorar ese posible traspaso de competencias en Cercanías es la misma que aduce el Consell para negociar una quita de la deuda: la reforma del sistema de financiación. El Ejecutivo valenciano ha mantenido un discurso poco concreto desde que se conoció el pacto entre PSOE y ERC para condonar un 20 % del pasivo catalán, evitando reclamar la parte valenciana como sí han hecho otros gobiernos autonómicos del PP como el del andaluz Juanma Moreno Bonilla. «Reforma, reforma y reforma», señalaban este jueves en Hacienda tras las palabras de Sánchez, que no quisieron valorar por su falta de concreción.
El president Carlos Mazón y la consellera de Hacienda, Ruth Merino, repiten que «lo primero» es modificar el mecanismo de reparto. Merino llegó incluso a tildar de «parche» la posible condonación. Eso sí, si finalmente hay quitas «desde luego la Comunitat Valenciana, que es la realmente infrafinanciada, y no Cataluña, exigirá, al menos, el mismo trato o mejor», dijo recientemente la también portavoz.
La izquierda apoya la quita
En la izquierda, la propuesta de aplicar la población ajustada para calcular las quitas deslizada por el presidente del Gobierno ha caído mejor. Desde el PSPV, el exconseller de Hacienda y actual síndic adjunto en Corts, Arcadi España, asegura que la condonación de casi 10.000 millones de pasivo supone un «alivio» para las arcas autonómicas y «la primera vez» que el tema está sobre la mesa.
España carga contra la indefinición del Consell e insta a Mazón a reclamar esa quita. «¿Lo hará o se plegará a la extrema derecha y a la señora Ayuso, que no quieren solucionar parte del problema con esta medida?», se pregunta.
La diputada de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó, también apoya esta «primera» quita si bien pide dar «más pasos» para solucionar toda la deuda histórica». La coalición ha pedido la condonación de 42.000 millones.
