El Partido Popular ha vuelto a fracasar en un nuevo intento por llevar la ley de amnistía a las instituciones europeas. Este miércoles, el pleno del Comité Europeo de las Regiones (CdR) ha desestimado una enmienda contra la ley de amnistía de los políticos independentistas del ‘procés’ catalán, una iniciativa impulsada por los presidentes autonómicos del PP y que reclamaba a la Unión Europea que vetara la concesión de medidas de gracia a los condenados por delitos de corrupción y malversación de fondos públicos.
En su lugar, y avalando así la propia ley de amnistía, lo que ha hecho el pleno del CdR ha sido aprobar otro escrito que dicta que la elaboración de amnistías e indultos es una competencia estatal, además de proponer dejar en manos de cada país de la UE «los mecanismos y las circunstancias que rijan la aplicación» de medidas de esta clase. Así, la propuesta del PP no sólo ha sido desoída, sino que se ha aprobado una medida que ratifica positivamente la aplicación de la amnistía y reconoce el derecho de las instituciones españolas a llevarla a cabo.
La enmienda aprobada por el Comité de las Regiones con 102 votos a favor, 75 en contra y una abstención, insta a los Estados a “definir con claridad” bajo qué premisas pretenden amnistiar o indultar a condenados por delitos de corrupción, sin incurrir en ningún aspecto sobre cómo deben proceder los estados a este respecto, poniendo la transparencia como única solicitud.
El presidente murciano, Fernando López Miras, ha sido el encargado de defender la fracasada enmienda en la tribuna de Bruselas. «El Gobierno de España quiebra el Estado de Derecho y la separación de poderes y elimina delitos a petición de los delincuentes; a la amenaza que esto supone para nuestra democracia se suma el trato desigual para regiones como la mía», ha argumentado, en unas palabras que no han convencido a la Cámara para sacarla adelante.
Segundo fracaso del PP en una semana
Esta es la segunda ocasión en tan solo una semana en la que el PP se da de bruces con Europa en esta cuestión. El pasado miércoles 22, los ‘populares’ ya elevaron a Estrasburgo la ley de amnistía para su debate, cuando la misma ni siquiera había sido tomada en consideración en la Cámara Baja española. Sin embargo, todo quedó en saco roto después de que el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, asegurase que «sigue siendo una cuestión de ámbito interno de España» y que «tiene que abordarse dentro del ámbito constitucional español».
El texto de la amnistía, que fue registrado en el Congreso por el PSOE tras ser acordado tanto con el socio de coalición (Sumar) como por los partidos independentistas catalanes, fue sometido a examen en la Cámara europea, en lo que fue un fracasado intento del PP para convencer al comisario de Justicia de «tomar cartas en el asunto para garantizar el estado de Derecho en España y asegurar la separación de poderes». El propio Reynders solicitó información sobre la ley de amnistía de manera previa al debate, pero tal y como él mismo expresó, dicha petición de información no venía motivada porque hubiese algo mal hecho, sino para tener una óptica más amplia del texto y su contexto.
Así, el objetivo de los ‘populares’ era triple: por un lado, denunciar ante Europa el acuerdo de amnistía pactado con un prófugo de la Justicia que corregía el texto de su propia expiación de los pecados. En segundo lugar, abogar a Reynders por la aplicación de una fiscalización europea de los próximos pasos parlamentarios de la ley en España, así como de su correlación judicial; y, finalmente, y no menos importante, la motivación de una ruptura en el seno de los socialistas europeos, llamando a una ruptura del voto del partido para que fuesen sus propios compañeros quienes le obligasen a improvisar una nueva línea de defensa.
Sin embargo, la intentona de los ‘populares’ de someter al Gobierno de España y a la ley de amnistía a la fiscalización europea fue completamente en vano, en tanto que la Cámara derivó la gestión del asunto a la propia política española. «El Estado de Derecho está en el centro de nuestra acción política. Nuestra unión solo podrá prosperar si todos permanecemos unidos en el fortalecimiento y el respeto de estos valores. En este sentido, señalar que apenas hay precedentes de organizar debates por casos como este. Otros países europeos han aprobado amnistías sin que llegasen a ser motivos de debate en esta cámara. Si el parlamento español decide aprobar esta ley, estará sometida al Tribunal Constitucional de España, en tanto que es una cuestión plenamente constitucional española», argumentó Reynders, matando de un plumazo las ilusiones de los ‘populares’.
«Estamos hablando de un texto correspondiente a la política interior española, bajo el marco legal de la misma. Debatir ese texto aquí no contribuye a mejorar las instituciones europeas, al contrario: que se traiga aquí deja ver tendencias verdaderamente preocupantes. Emplear para la batalla partidista un consenso amplio como es el estado de derecho en la Unión Europea puede acabar perjudicando estos valores. Creemos necesario dar a cada debate una dimensión adecuada«, zanjó el comisario, dando la cuestión por finiquitada y atestiguando el primer fracaso del PP a este respecto.
