Álvaro García, recién renovado en su puesto de fiscal general del Estado por el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, debe volver a someterse al plácet de idoneidad por parte del Consejo General del Poder Judicial. El órgano de gobierno de los jueces, que sigue sin renovarse y está a punto de doblar el mandato de cinco años de sus vocales, volverá previsiblemente a dividirse sobre esta cuestión.
En la primera ocasión, en julio de 2022, siete vocales del sector conservador votaron en contra de otorgar el aval de idoneidad a García frente a una mayoría de doce que cumplieron con el trámite de darle el beneplácito por cumplir con los requisitos legales. Se trata de una cuestión que en principio es de mero trámite y habitualmente venía a ser pacífica, pero fuentes del órgano consultadas por este diario auguran que en esta ocasión es probable que la nueva votación, dada la situación actual, ahonde en las diferencias que ya existían.
De hecho, a su posición en contra estos vocales sumaron un duro voto particular por lo que los discrepantes consideraban «falta de apariencia de imparcialidad» en la figura del que hasta entonces había sido mano derecha de su predecesora, la polémica Dolores Delgado. Entre otros argumentos, esgrimían su participación en actos que han creado «una apariencia de vinculación con el Poder Ejecutivo que no contribuye a la percepción de la independencia e imparcialidad de la institución que ha de dirigir», por su presencia en un debate organizado por el PSOE de Galicia en 2019.
Por el momento, incluso la convocatoria del Pleno para tratar esta cuestión está siendo motivo de bronca en el Consejo. Tras producirse la inclusión del asunto del plácet al fiscal general en el Pleno de este jueves, que es el ordinario que se celebra una vez al mes, el vocal y magistrado del Tribunal Supremo Wenceslao Olea ha presentado una queja alegando que la reunión debería haber sido convocada con al menos tres días de antelación.
Otros miembros del Consejo consideran que no tiene por qué ser así, pues el reglamento permite incluir en el orden del día ya previsto otros asuntos con carácter de urgencia. Señalan que el presidente puede introducirlos de la misma forma que puede convocar un pleno extraordinario en un plazo menor a los tres días alegados por Olea.
Bronca con la convocatoria
En principio, ya se había incorporado formalmente este asunto al orden del día, «después de que el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes haya comunicado que en la reunión del Consejo de Ministros celebrada» este martes se aprobara «un acuerdo por el que se recaba del CGPJ la audiencia preceptiva sobre la propuesta de nombramiento», según apunta en un comunicado a la prensa.
Recuerda asimismo el Consejo que, «de acuerdo con lo previsto en el artículo 29.2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, el mandato del fiscal general del Estado puede ser renovado en el caso de que el titular hubiera ostentado el cargo durante un periodo inferior a dos años» y que, en el caso de García Ortiz, lleva poco más de un año.
Pese a la división, el primer Pleno que analizó el nombramiento dio el visto bueno a García, pues cumple con los requisitos establecidos en la ley de ser un jurista de reconocido prestigio y sumar al menos 15 años de ejercicio efectivo en la carrera Fiscal. “A la vista de la documentación recibida, cabe concluir que se cumplen en el candidato referido los requisitos exigidos por la legislación invocada”, señaló concretamente el acuerdo.
La ministra portavoz, Pilar Alegría, anunció este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que García Ortiz seguiría en el cargo hasta 2027, asegurando que tiene la «confianza» del Gobierno, al tiempo que destacó su «impecable» trayectoria, pese a la fuerte contestación interna y el reciente fallo del Tribunal Supremo que le atribuye una «desviación de poder» por el ascenso de su antecesora en el cargo, Dolores Delgado, a la máxima categoria fiscal, al nombrarla fiscal de Sala Togada. Actualmente Delgado es la fiscal de Sala de Memoria Democrática.
