Los diputados de PSOE y Sumar Més han presentado este mediodía ante el Tribunal Constitucional el recurso contra el decreto ley que elimina el requisito del catalán en la sanidad de Baleares, promovido por la Obra Cultural Balear (OCB) hace apenas un mes. La entidad ya anunció, el mismo día en que se aprobó, que había iniciado conversaciones con los dos grupos parlamentarios, a través del PSIB y de Més per Mallorca, para hacer posible que al menos 50 diputados firmaran y presentaran el recurso elaborado por los servicios jurídicos de la entidad.
El portavoz de la entidad Antoni Llabrés ha asegurado que utilizarán «todos los instrumentos» que tengan a su alcance para «hacer frente a las agresiones contra la lengua propia de Baleares» y ha denunciado que el decreto impulsado por el Govern «vulverna el principio de igualdad y el de no discriminación por razón de lengua«, que está incluido en el Estatut de Autonomia.
La OCB considera que la decisión de Marga Prohens «atenta contra el régimen de cooficialidad lingüística vigente» en las islas y lamenta que el decreto «vulnere» la prohibición de arbitrariedad de los poderes públicos en relación con el mandato de protección de todas las lenguas españolas del artículo 3.3 de la Constitución, así como el principio jurisprudencial de no regresión en materia de derechos lingüísticos: «La eliminación de las garantías para el ejercicio del derecho de opción lingüística, proclamado en el artículo 14.3 del Estatut, constituye un retroceso del estatus jurídico de la lengua catalana que no es razonable ni proporcionado, y contrario a los mandatos de normalización».
Asimismo, Llabrés asegura que el Govern hizo un «uso fraudulento» del decreto ley al eliminar el requisito del catalán en la sanidad porque, según explica, no había extraordinaria y urgente necesidad: «No se contiene una definición explícita y razonada de la situación, como exige la jurisprudencia constitucional, que pueda legitimar la actuación del Govern; ni se da tampoco lo que el Tribunal Constitucional denomina ‘conexión de sentido’ entre la situación declarada como extraordinaria y urgente y las medidas concretas que en el Decreto Ley se adoptan por considerarlas necesarias para paliarla».
En este sentido, el portavoz de la OCB ha denunciado que los ciudadanos de las islas «verán mutilado» su derecho a comunicarse con la administración sanitaria en su lengua de preferencia en caso de que esta sea el catalán, «lo que supone una vulneración del derecho de opción lingüística recogido en el art. 14.3 del Estatut».
Negueruela: «No se justifica de ninguna manera»
Por su parte el portavoz del PSIB en el Parlament balear, Iago Negueruela, ha destacado que «hoy hacemos camino de manera conjunta en la defensa de los intereses y de los derechos lingüísticos» y ha reivindicado que, a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie, consideran que existen «errores de forma» como el uso «injustificado» de un decreto ley por la vía de urgencia para eliminar el catalán como requisito, «un hecho que no se justifica de ninguna de las maneras, teniendo en cuenta que el requisito ha existido prácticamente siempre”.
No obstante, asegura que los ciudadanos «ven atacados una vez más» los derechos lingüísticos sin que la consellera de Salud haya presentado «ni un solo informe ni un solo dato» que justifique su decisión:»Las únicas voces autorizadas que se han pronunciado son los colegios profesionales y ha sido para decir que el requisito del catalán no ha supuesto ningún problema».
Apesteguia: «Mantener la coherencia en defensa del catalán»
Por otra parte, mientras el portavoz y líder de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha defendido que estén en el Govern o en la oposición «hay que mantener la coherencia en defensa del catalán en la sanidad pública», el diputado de Sumar Més Vicenç Vidal ha destacado que «respondiendo al llamamiento transversal que hizo la Obra Cultural Balear» han ayudado a articular «un bloque amplio de diputados comprometidos con el plurilingüismo y la defensa del catalán» como idioma propio de Baleares «en contra del decreto aberrante de PP y Vox». Vidal también añade que se trata de «una agresión frontal» al principio de igualdad y a la cooficialidad recogida en el Estatut de autonomía de las Baleares.
