La fusión de la política con la economía suele tener un buen maridaje, aunque en ocasiones es recomendable no mezclarlas y cocinarlas por separado. Ayer el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, lanzó una seria advertencia al considerar que la inestabilidad provocada por los pactos de Pedro Sánchez con el independentismo catalán, que derivó en la aprobación de una ley de amnistía, puede poner en riesgo la llegada de fondos europeos a España al tratarse de un «ataque» a la democracia. El jefe del Ejecutivo aragonés realizó estas declaraciones durante la celebración de una conferencia del Partido Popular Europeo (PPE) celebrada en Barcelona. Anteriormente ya se refirió a este asunto el vicesecretario de Institucional del Partido Popular (PP), Esteban González Pons, cuando equiparó a España con Polonia o Hungría por la amenaza que, según él, sufría el Estado de Derecho. Ayer mismo, la diputada del PP en las Cortes de Aragón, Carmen Herrarte, aseguró que a Sánchez «le apoyan los violadores, los golpistas, ETA y Hamás», al tiempo que indicó que «la principal amenaza para la economía de Aragón es el Gobierno de España».
El aumento de la tensión política es algo a lo que la sociedad española y aragonesa se ha acostumbrado en los últimos años, si bien no se debería normalizar este escenario, menos todavía cuando están en juego millones de euros que pueden apuntalar la economía regional y cimentar la llegada de proyectos de inversión de los que dependen el futuro de la comunidad. La batalla política no solo es sana sino también necesaria, sobre todo a la hora de fiscalizar la actuación de los gobiernos, aunque llevarla al extremo no solo no resulta recomendable sino que es peligroso.
Los fondos europeos se han convertido, a día de hoy, en una de las grandes palancas de la economía española y aragonesa para afrontar la etapa posterior a la pandemia. En los últimos dos años, la comunidad ha recibido alrededor de 1.600 millones procedentes de fondos europeos para la recuperación, de los que casi la mitad están gestionados por la DGA de los Next Generation y otros 266 de los React-EU. Además, el Ejecutivo central ha repartido, a través de distintos ministerios, unos 500 millones a iniciativas ligadas a centros de investigación, proyectos empresariales y universidades.
Aragón tiene por delante proyectos estratégicos vinculados con el Pirineo, la automoción, la energía y la agroalimentación, entre otros, vinculados con los fondos europeos. El alarmismo y el frentismo político entre partidos no ayudarán a que recalen en la comunidad.
