En el mismo día, el PP ha logrado que la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado se pronuncie contra la amnistía y la condonación de la deuda a Catalunya. Y no solo eso, ha preparado el terreno para que este rechazo se repita en el pleno de la Cámara Alta en unas semanas. Más de un mes después de que los presidentes autonómicos del PP y el de Catalunya, Pere Aragonès, desfilaran por el Senado para debatir sobre la medida de gracia, los conservadores han vuelto a usar su mayoría absoluta para convocar esa misma comisión -aunque con consejeros, en lugar de presidentes- y denunciar la proposición de ley de amnistía por ser «manifiestamente ilegal» e «inaceptable» y cargar contra la condonación de la deuda a la par que piden una revisión del sistema de financiación autonómica.
Ante ocho vicepresidentes y consejeros autonómicos del PP y tan solo uno del PSOE -el enviado por el castellanomanchego Emiliano García Page-, los conservadores han usado, una vez más, su mayoría absoluta para impulsar, aprobar y remitir al pleno para un nuevo debate, programado para el 12 de diciembre, dos mociones contra los acuerdos cerrados por Pedro Sánchez con ERC y Junts.
La financiación autonómica
Durante más de dos horas, la Comisión General de Comunidades Autónomas ha debatido sobre la condonación de deuda a Catalunya. «Con este acuerdo bilateral el modelo de estado es torpedeado, se revienta por las cuatro costuras«, ha sentenciado la senadora popular María Salom. Y a ella le han seguido todos los representantes autonómicos de su partido. El Consejero de Presidencia de Andalucía, Antonio Sanz, ha cargado contra la medida porque «se premia a quienes peor han gestionado», pese a que su comunidad es la tercera más endeudada, por detrás de Catalunya y Valencia, que no ha mandado a ningún representante.
El consejero de Presidencia de Extremadura, Abel Bautista, ha contextualizado, incluso, lo que suponen los 15.000 millones de euros que se condonarán a Catalunya, la construcción de cuatro trenes de alta velocidad Madrid-Badajoz o 2 veces los presupuestos generales de su comunidad.
Todos los dirigentes del PP han reclamado una reforma del sistema de financiación autonómica, caducado desde 2014, y han criticado la negociación «bilateral» del PSOE con ERC. Una crítica que, aunque de manera velada, también ha hecho el consejero de Hacienda de Extremadura, el socialista Juan Alfonso Ruiz Molina. La moción aprobada con la mayoría del PP insta al Gobierno a iniciar esa reforma «en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera». El portavoz del PSOE, Juan Espadas, ha criticado que el PP solo se preocupe por la financiación autonómica cuando gobiernan los socialistas y el senador de ERC Josep Maria Reniu ha defendido un «modelo de financiación más justo» para Catalunya.
La medida de gracia
Tras este debate, el PP ha defendido una iniciativa que, a lo largo de cinco páginas, expresa su «extrema preocupación» por los pactos de Sánchez con ERC y Junts. Sobre todo, por la amnistía, que consideran «manifiestamente ilegal» y que «atenta directamente contra los principios fundamentales de la Constitución». «Es imposible que la concordia se vea reforzada cuando los beneficiarios de la amnistía (…) no han mostrado el menor signo de arrepentimiento por sus actos e incluso se siguen jactando de ellos».
Ni los senadores ni los dirigentes autonómicos del PP se han salido del guión de los últimos dos meses. Los conservadores ya han aprobado dos mociones en el pleno contra la medida de gracia y convocaron a mediados de octubre esa cita de la Comisión General de Comunidades Autónomas a la que acudió Aragonés. Ahora, con la aprobación de esta iniciativa va ligado un nuevo debate de la misma en una sesión plenaria el próximo 12 de diciembre.
Acuerdo en el Congreso
Pese al choque abierto que se produce diariamente entre el PP y el PSOE en las sesiones plenarias del Senado y del Congreso, ambas formaciones sí han logrado pactar en el Congreso el reparto de las presidencias de las comisiones legislativas, aunque no han querido desvelar más detalles. A la par que en el Senado se debatía sobre la deuda, en la Cámara Baja han aprobado la reforma del reglamento para adaptar el número de comisiones al número de ministros, como marca la ley.
