Era de esperar y hoy se ha confirmado. Este martes, el Centro Europeo de Derechos Digitales (noyb, por sus siglas en inglés) ha presentado una demanda contra Meta por haber activado un plan de suscripción que obliga a los usuarios europeos de Facebook e Instagram que no quieran ser rastreados con fines publicitarios a pagar una cuota mensual de 13 euros o más de 250 euros al año.
La denuncia interpuesta por esta organización austríaca sin ánimo de lucro asegura que se trata de una estrategia del gigante tecnológico estadounidense para «burlar las leyes de privacidad» de la Unión Europea (UE). En enero, la Junta Europea de Protección de Datos multó a Meta con 390 millones de euros y le ordenó obtener el consentimiento de los usuarios para lucrarse con sus datos personales. En julio, el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó que el trato que la compañía hacía de esos datos para mandar publicidad personalizada era ilegal.
La compañía encabezada por Mark Zuckerberg optó entonces por introducir una opción de cobro, que desde principios de noviembre fuerza a los usuarios a elegir. Quién quiera usar una versión de Facebook o Instagram sin anuncios basados en su comportamiento deberá pagar 12,99 euros al mes, mientras que, a partir de marzo del 2024, cada cuenta adicional vinculada costará otros 8 euros.
Consentimiento forzado
La legislación de la UE solo considera que el consentimiento de los usuarios es válido si se da «libremente». Noyb denuncia que, al condicionar esa elección sobre la privacidad a un coste económico, Meta «ha implantado exactamente lo contrario de una elección genuinamente libre». «¿Cuántas personas seguirían ejerciendo su derecho al voto si tuvieran que pagar 250 euros por hacerlo?», se pregunta el abogado Max Schrems, impulsor de la demanda, en un comunicado. «Hubo tiempos en que los derechos fundamentales estaban reservados a los ricos. Parece que Meta quiere hacernos retroceder más de cien años».
Las informaciones recopiladas por parte de esta organización en defensa de los derechos digitales apuntan a que sólo entre el 3% y el 10% de los usuarios quieren ceder sus datos personales, pero que, cuando se les enfrenta a una tasa, más del 99% opta por no pagar. «Todas las investigaciones científicas disponibles sugieren que los sistemas ‘Pay or Okay’ son la antítesis del libre consentimiento y afectan fundamentalmente al libre albedrío de los usuarios», lamentan.
Por último, la denuncia presentada este martes ante la Autoridad Austríaca de Protección de Datos también apunta que la cuota de suscripción propuesta por Meta es «desproporcionada» y puede generar un efectó dominó en internet que termine por perjudicar a los ciudadanos. «Si Meta se sale con la suya, sus competidores no tardarán en seguirle los pasos», advierten. «Teniendo en cuenta que un teléfono medio tiene 35 aplicaciones instaladas, mantener la privacidad podría costar pronto unos 8.815 euros al año».
Schrems ya ha advertido que esta es la primera, pero no la última demanda que interpondrán contra el gigante de las redes sociales.
