Tras su detención, Serra fue apartado como profesor de la UIB e inmediatamente el juzgado de instrucción número 3 de Palma abrió una investigación contra él por estos delitos. La Fiscalía pide ahora tres años de prisión, y Serra tendrá que sentarse en el banquillo.
Pese a conocer estos antecedentes, nada más llegar al Govern el vicepresidente colocó a su amigo, sin trabajo conocido desde hacía diez meses. Fue el dos de agosto pasado en un acto presidido por el propio Costa. Un mes más tarde, el uno de septiembre, se dio cuenta del nombramiento ante el resto de consellers y de la presidenta Marga Prohens, a quien ahora el PP se afana para evitar que le salpique políticamente el escándalo, que le ha estallado en pleno 25N.
Este diario trató de conocer de primera mano por qué el vicepresidente y conseller de Economía y Hacienda, Antoni Costa, decidió incluir a Juan Antonio Serra Ferrer en su equipo cuando se había hecho pública su detención un año atrás por agresión sexual a un mujer y atentado contra la autoridad.
Costa declinó ayer hacer ninguna declaración respecto a lo ocurrido. Desde su departamento se remitió a que será posible este lunes interpelar al vicepresidente sobre otros asuntos, cuando comparezca antes los medios en la sede de la Conselleria antes de la presentación de los Presupuestos 2024 a la Federación de Entidades Locales de les Illes Balears (FELIB).
Antoni Costa ha sido hasta ahora el principal activo del gabinete de Marga Prohens, consolidándose a lo largo de los años ejerciendo la oposición del PP en el Parlament al Ejecutivo de izquierdas presidido por Francina Armengol, mientras Prohens ocupaba un escaño en el Congreso de los Diputados en Madrid. Costa se encuentra abatido desde que ha trascendido este caso.
La credibilidad del vicepresidente está ahora en cuestión entre algunos miembros de su partido. Una fuente que recalca mantener el anonimato señala que hay malestar por su actuación, añadida al estupor generalizado por tratarse de un político con una pátina de solvencia.
La principal preocupación de los populares y del Govern pasa ahora por tratar de minimizar el daño a la imagen corporativa, y especialmente de la presidenta Prohens, abriendo un cortafuegos para evitar que se la responsabilice políticamente de haber protegido desde su gabinete a un imputado por agresión sexual a una mujer. Lo sucedido compromete las políticas del Ejecutivo en ese sentido, admiten las fuentes señaladas.
