El plan de choque de la Junta de Andalucía para aliviar las listas de espera que colapsan la sanidad tendrá que esperar. El Tribunal económico administrativo de la propia Junta echa el freno al acuerdo marco con el que Moreno Bonilla derivaba pruebas diagnósticas a la sanidad privada por un valor de 201 millones de euros, anunciado en octubre.
Ahora, según desvela la Ser, el Tribunal detecta “defectos legales insubsanables”, lo que invalida el pliego de cláusulas administrativas que adjudicaban las pruebas a clínicas privadas no solo de Andalucía, también de las provincias limítrofes. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) desiste por lo tanto de un modelo que vienen siendo señalado de fraudulento, sobre todo por los cientos de millones adjudicados por la Junta a través del paraguas de los contratos de emergencia COVID.
Las declaraciones a EFE, la Consejería de Salud y Consumo detalla que esta resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales supondrá un retraso de “20 días» en la tramitación del plan de choque. Ahora, cabe un recurso especial en materia de contratación en los próximos 15 días, la Junta prevé incorporar las modificaciones a los contratos que ya tienen en marcha.
Desde la oposición vienen denunciando esta “práctica habitual” de la Junta de Andalucía para con la sanidad privada. El secretario general del PSOE–A, Juan Espadas, recalca que la derivación de 700 millones de las arcas públicas a la sanidad privada no está “sirviendo para nada”. Espadas compara el montante de 700 millones con el que se destinaba para el mismo cometido en 2018, que era solo de 18 millones de euros.
“Exigimos al señor moreno Bonilla, que nos explique cómo piensa reducir ahora las listas de espera”, dice Espadas, instando al presidente andaluz a que invierta todo el presupuesto que se desvía a la privada a invertirlo “íntegramente a la salida pública”.
Cientos de millones que no sanan la lista de espera
Los datos publicados por el Ministerio de Sanidad hace 10 días desnudaron la evidencia que el SAS no hacía pública. Andalucía llevaba meses sin publicar datos oficiales de listas de espera en la comunidad más poblada de España. Ahora, se confirman que en el último lustro las listas de espera crecieron en Andalucía un 223%, a pesar de la lluvia de millones con la que se riega a la sanidad privada.
Hay 20 mil personas más en Andalucía en una lista de espera de intervenciones quirúrgicas en el último año, que dejan una media de 139 días la espera, siendo Andalucía la 3ª comunidad. De ese colectivo que ha de armarse de paciencia, un 25% esperan más de seis meses y la cantidad de personas que llevan esperando más de un año a su operación se han triplicado. También hay que esperar para ver a un especialista 123 días de media, siendo la espera más larga de España, en el último año hay un 35% más de andaluces aguardando la llamada.
La consejera de Salud y Consumo, Carolina García, apuntó el 23 de noviembre que “el sistema sanitario andaluz funciona en 2023 como nunca y con números récord”, señalando a la herencia recibida del periodo socialista, hace ahora un lustro. García contrataca, calificando a los socialistas como aquellos que “escondían las listas de espera en los cajones” y presumiendo de transparencia. No obstante, la información sobre listas de espera solo ha llegado a los andaluces a través de estudios de sindicatos y estadísticas del Ministerio de Sanidad.
Desde el grupo socialista responden a la consejera recordando que Andalucía no lideraba como ahora las listas de espera para operaciones quirúrgicas ni consultas externas, enfatizando que uno de cada cuatro españoles que espera a ser operado es andaluz, viviendo la sanidad andaluza “el peor momento de su historia”.
El freno al decreto que permitía derivar 201 millones a la privada no es una noticia que tranquilice en el sector sanitario, ya que se readaptará el contrato. Pero “nos preocupa más la cuestión de fondo, que se concierta con la privada por una cantidad millonaria mientras, día a día, se están anulando quirófanos incluso en horario de mañana y consultas de tarde en la pública”, nos dice el presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), Rafael Ojeda.
“Una vez más el SAS ha cometido una chapuza administrativa”, reaccionan también desde CCOO, que ven “una oportunidad” en este decreto del Tribunal para que el SAS modifique sus políticas de privatización, “toda externalización conlleva una disminución de los recursos públicos para solucionar el gran problema de las listas de espera”, dice el secretario general de la Federación de Sanidad, José Pelayo Galindo.
También desde el principal sindicato de enfermería, SATSE, se expresaron en la misma línea ya en octubre, cuando se dio a conocer el paquete de 201 millones de euros del SAS para pruebas diagnósticas, que se sumaba a los anteriores 533 millones de euros para procedimientos quirúrgicos. SATSE recordó que los mismos procedimientos se habían usado ya en la primera legislatura de Moreno Bonilla en la Junta, sin embargo, las listas de espera no han dejado de crecer “exponencialmente».
SATSE señaló las incongruencias existentes en la externalización, ejemplificando el lote de tres millones de euros para privadas en servicios de fisioterapia, cuando en la pública apenas hay servicio de este tipo y no se tira de la Bolsa de Empleo del SAS, donde hay “miles de fisioterapeutas en paro”.
