Dos años de prisión y 33.882,24 euros de indemnización a la víctima es el acuerdo al que han llegado la acusación y el abogado defensor por el caso de estafa a la propietaria de una explotación de caracoles en Zamora. 30.000 euros fue la cantidad que perdió esta empresaria al ser estafada en el año 2018 por un supuesto comercializador que se hizo pasar por un afamado intermediario con prestigio nacional e internacional, según se apuntó en en el auto judicial tras la investigación del caso.
Este supuesto comercializador se ganó la confianza de la zamorana para quedarse con “varios pedidos de más de mil kilos de caracoles”, equivalentes a “varias producciones que se le servía por palés”. Para conseguirlo, simuló ser un ex empresario muy conocido, el primer distribuidor de caracoles de España con diversos contactos para comercializar el producto, entre ellos, de industriales que están en el Canal Horeca (Hosteles, Restaurantes y Catering).
Hechos
El perjuicio de la estafa para la propietaria de la explotación en la provincia de Zamora fue especialmente lesivo para su empresa, ya que estaba comenzando a despegar en el sector helicícola cuando sucedieron los hechos. Un producto considerado agrario, sin que existan instrumentos específicos de apoyo y regulado como explotación ganadera, al que se aplican las normativas de sanidad animal.
El supuesto estafador fue el que inició los contactos a través de correo electrónico con la emprendedora con la excusa de asesorarla con la comercialización animándole a entrar en la Asociación de Productores de Caracoles para poder distribuir el producto. Realizados los trámites y entregada la producción, el condenado fue poniéndole disculpas por la tardanza en obtener beneficios. Tras perder varias producciones sin ver ninguna ganancia, la propietaria de la granja de caracoles denunció al supuesto comercializador.
Acuerdo
El abogado de la víctima exigía 8 años de prisión por el delito de estafa agravada relacionada con un “alimento de primera necesidad” y “simular que era comerciante”, al considerar que hubo “un abuso de confianza” al hacerse pasar por un profesional en ese campo. Además, la acusación particular solicita que la condena incluya una multa de 7.200 euros y una indemnización equivalente a los 30.000 euros que perdió la empresaria.
Finamente, la acusación particular y la Fiscalía Provincial han llegado este lunes a un acuerdo por el que se condena al imputado, con antecedentes penales por estafa, a una pena de dos años de prisión y 33.882,24 euros de indemnización a la víctima. La condena se limita solo a una estafa, retirándose el resto de delitos.
El acusado, que ha intervenido en el juicio de manera telemática, ha aceptado la pena del Tribunal provincial.
