Doce menores migrantes aseguran haber sufrido malos tratos por parte de los educadores del centro en el que están acogidos. En su escrito ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas, los chicos denunciaron agresiones, forcejeos, amenazas y tocamientos por parte de los trabajadores de Fundación Respuesta Social Siglo XXI, entidad que gestiona el centro. Los hechos, alegan en su declaración conjunta, comenzaron a principios de noviembre, cuando se sumaron a la plantilla educadores de otra casa de acogida administrada por la misma entidad y en la que se «ejercen medidas correctivas» contra los niños y adolescentes.
Según el relato presentado, el jueves por la mañana uno de los chicos recibió «golpes fuertes» por parte del director del centro mientras lo sujetaba otro empleado. «Varios menores escucharon los gritos y el llanto y rompieron la puerta» para acceder a la habitación. Los chicos implicados en el incidente -que están bajo la tutela del Gobierno de Canarias-, alegan que los educadores les amenazaron el viernes con «llevarlos a la cárcel» si contaban algo y les advirtieron: «como digan algo os vais a enterar».
Ese mismo día, 23 menores se escaparon del centro. Uno de ellos, según su exposición en la denuncia, «estuvo a punto de ser atrapado durante la fuga» y le rompieron la sudadera blanca a la altura del cuello, «por el agarrón de los profesionales», que también le ocasionaron rasguños.
Los chicos fueron caminando el viernes por la tarde desde Tafira hasta la comisaría de la Policía Nacional de San Cristóbal para poner una denuncia, pero señalan que «no les creyeron» y no les quisieron recoger la declaración. En la denuncia consta que durante el trayecto de tres horas hasta la comisaría recibieron una llamada del responsable del centro en la que les volvió a amenazar. Al no poder dejar constancia de su situación ante los agentes, regresaron a pie al centro, donde once menores decidieron reingresar para evitar pasar la noche en la calle. El resto –los doce denunciantes– llevan ya dos noches fuera de la casa de acogida. Los responsables de la guardia de los menores migrantes no acompañados presentaron ante la Policía una denuncia para alertar de la fuga, tal y como les obliga la ley.
«Tocamientos sexuales»
Los menores que permanecen en el interior del centro, apunta el escrito presentado ante el juez, están en contacto con los fugados y les relatan que están «bloqueando las puertas para que no salgan y les están quitando los móviles». Además, los denunciantes sostienen que tienen «heridas y necesidades médicas no atendidas».
Además de las agresiones físicas y las amenazas verbales, uno de los adolescentes denuncia que a principios de noviembre se produjeron «posibles tocamientos y gestos sexuales en el despacho del director». Por esto, señalan, se sienten «asustados, desprotegidos y en peligro» y solicitan que se adopten medidas de protección y alejamiento, así como el traslado a otro centro donde no se sientan «en peligro».
Junto a la denuncia han presentado pruebas como el vídeo de una agresión física por parte de un educador a un menor; la imagen de la cara ensangrentada de un chico, junto a la denuncia policial de este hecho; y fotos en las que se pueden ver heridas producidas por las agresiones relatadas.
Agresiones y malversación
La directora general de Protección a la Infancia y las Familias de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, afirma que ha pedido a sus técnicos un informe sobre lo ocurrido para dar parte a Fiscalía y, «si es necesario, proceder al cierre cautelar del centro». Rodríguez sostiene que el informe se hará de forma urgente y que en base a él se tomará una decisión. La gestión de este recurso de acogida fue asignada a la Fundación Respuesta Social Siglo XXI por el anterior Ejecutivo autonómico al comienzo de la crisis migratoria en 2021 y, actualmente, tiene capacidad para albergar a 71 menores migrantes.
Esta no es la primera vez que la Fundación Respuesta Social Siglo XXI se ve envuelta en una situación similar. A mediados de 2021, trabajadores del centro Porto Bello, en Mogán, denunciaron repetidas agresiones sexuales, el ejercicio de la prostitución dentro y fuera de las instalaciones, y abusos y altercados entre los internos. Todo ello, aseguran esos empleados, sin que la empresa responsable de la gestión de ese centro actuara para frenar esas presuntas irregularidades.
Además, la Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias penales para investigar la gestión de la Fundación Respuesta Social Siglo XXI y, en particular, el comportamiento de cuatro de sus directivos, pues ha detectado indicios de varios delitos, como falsedad en documento mercantil, administración desleal y malversación de fondos. El dinero público que administraban sirvió, presuntamente, para pagar tratamientos de belleza, viagra, así como gastos en restaurantes y tiendas.
