Sumar se querella contra los vocales que forzaron un pleno del CGPJ para pronunciarse contra la amnistía

La formación liderada por Yolanda Díaz considera que la «actuación de los vocales querellados» fue «ilegal, arbitraria e irresponsable, al trasladar a la ciudadanía un mensaje apocalíptico

El Grupo Parlamentario de Sumar se querellará este viernes ante el Tribunal Supremo por un delito de prevaricación administrativa contra el presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, y los ocho vocales nombrados en su día a propuesta del PP que votaron una declaración institucional del órgano de gobierno de los jueces contraria a la ley de amnistía, cuya tramitación parlamentaria acaba de comenzar.

En su querella, a la que ha tenido acceso El Periódico de Cataluña, del Grupo Prensa Ibérica, se destaca que su iniciativa contra una «disposición legal que ni siquiera existía en el momento de su adopción (…) descalifica e imputa conductas gravísimas al (entonces) presidente del Gobierno en funciones, que podrían ser calificadas como desconsideración entre instituciones, contradiciendo lo que el CGPJ exige en sus resoluciones previas respecto del Poder Judicial, e incluye afirmaciones de extrema gravedad ajenas a su naturaleza jurídica y que convierten el acuerdo en una actuación de crítica política partidista, desbordando de forma deliberada la naturaleza del órgano y del acto administrativo del acuerdo».

Tras destacar que el propio acuerdo admite su falta de competencia y que el vocal nombrado a propuesta del PSOE Álvaro Cuesta decidió por ello no participar en la sesión, aunque no le secundara ningún otro vocal de una sensibilidad u otra, la querella reproduce las frase que entiende más graves de la declaración aprobada, entre las que figuran las que atribuyen a Pedro Sánchez un interés personal en la amnistía para conseguir los votos de Junts per Catalunya.

En su opinión, «el acuerdo institucional adoptado (…) se arroga la labor de interpretación de la Constitución, que sólo corresponde al Tribunal Constitucional» y «pretende influir en la opinión pública, en la actividad judicial y en el desarrollo de un proceso político legítimo que debe conducir, en su caso, a la investidura del nuevo presidente del Gobierno», lo que vulnera la separación de poderes, que «los querellados afirman defender».

Ilegal y arbitraria

De ahí que la formación liderada por Yolanda Díaz considere que la «actuación de los vocales querellados» fue «ilegal, arbitraria y -dicho sea con el debido respeto- irresponsable, al trasladar a la ciudadanía un mensaje apocalíptico que sólo puede contribuir a una mayor crispación social, máxime cuando se dota de carácter institucional».

En su opinión, ello es constitutivo de un delito de prevaricación administrativa, recogido en el artículo 404 del Código Penal y castigado con penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público entre 9 y 15 años, porque entre sus funciones no aparece «valorar acuerdos políticos o futuribles normas fuera de los informes que se regulan competencialmente».

La querella se dirige contra Vicente Guilarte y los vocales que apoyaron la declaración institucional: Wenceslao Olea, Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Francisco Gerardo Martínez Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías Castaño, Nuria Díaz y María Ángeles Carmona. Todos menos los dos primeros forzaron la celebración del pleno, porque el reglamento del Consejo prevé su convocatoria cuando lo solicitan un mínimo de cinco vocales, requisito que se cumplía sobradamente en este caso.

«Los vocales promotores y firmantes del acuerdo han actuado con una sorprendente falta de rigor jurídico al pronunciarse acerca de una ley inexistente cuyo contenido desconocían; han interferido de forma palmaria y totalmente proscrita por la ley y jurisprudencia citadas en el proceso político base de la configuración de gobierno; se han posicionado claramente a favor de la postura defendida por un partido político; han condicionado e influido en la opinión jurídica y en la pública, trasladando una interpretación de una ley inexistente cuyo contenido y forma ignoraban, que ni siquiera les corresponde realizar y contribuyendo a la polarización, acrecentado el conflicto social por las graves e injustificables descalificaciones que dirigen al presidente del Gobierno en funciones», argumenta la querella para sostener la «palmaria arbitrariedad de la resolución adoptada«.