33 años en un psiquiátrico penitenciario por intentar matar a dos empleadas de un supermercado. Esta es la nueva sentencia que recae sobre las espaldas de Noelia de Mingo, la médico condenada en 2003 por el asesinato de tres personas. La acusada ingresará en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Alicante, dado que las partes han considerado la eximente completa por anomalía psíquica. Desde hace años, está diagnosticada de esquizofrenia paranoide. Como su caso, hay muchos más.
La administración penitenciaria española (a excepción de las partes con competencias transferidas) dispone de dos hospitales psiquiátricos, el citado de Alicante y otro más en Sevilla, dispuestos para el cumplimiento de penas de todo aquel que sea considerado en situación de inimputabilidad por enfermedad mental. Se trata de establecimientos sanitarios, aunque tienen medidas de contención y vigilancia similares a las de los centros penitenciarios ordinarios.
En concreto, el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Alicante, situado fuera del perímetro del complejo penitenciario de Alicante Fontcalent, consta de cuatro módulos residenciales en dos plantas, un módulo de agudos, un módulo de ingresos y una enfermería. Cada módulo residencial dispone además de su propio patio, instalaciones comunes y talleres.
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El perfil de los enfermos
El perfil de la persona con un trastorno psiquiátrico más frecuentemente encarcelada que el resto es el de un varón joven, psicótico, con comorbilidad adictiva, sin recursos económicos, con pobre seguimiento médico, poca adherencia al tratamiento y reincidente.
No obstante, el panorama es cambiante y cada vez es más frecuente ver distintos grupos. Juega en contraposición que los estudios epidemiológicos sobre la salud mental de las mujeres internas son escasos, algo muy a tener en cuenta porque la literatura científica destaca que «las necesidades específicas de hombres y mujeres son distintas y requieren de una atención diferencial que difícilmente es provista en el medio penitenciario».
En cualquier caso, aunque centros como este pueden parecer idóneos para casos como el de Noelia de Mingo, profesionales de la salud penitenciaria denuncian todas las grietas del sistema que los sostiene. «El panorama muy bueno no es«. Así lo hace ver a EL ESPAÑOL José Joaquín Antón, presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP).
Sólo hace falta echar un vistazo al número de psiquiatras de cada hospital para comprobar que cada queja es un fiel reflejo de la realidad. Según consta en el último informe general de la Secretaría de Instituciones Penitenciarias, el centro de Alicante dispone tan sólo de tres, mientras que en Sevilla hay cuatro. Y bajando.
El sindicato Comisiones Obreras denunciaba a finales de septiembre la crítica situación que se vive en Alicante, con una población de 242 internos. En un comunicado distribuido por Efe, advertían que durante los próximos meses habrá tres jubilaciones que dejarán al centro con «sólo dos psiquiatras y un facultativo de medicina general».
España, muy inferior a Europa
Con este panorama, la ratio de psiquiatras en Alicante quedaría en 0,8, mientras que en Sevilla sería de 2,6 por cada 100 usuarios. Como expone el Libro Blanco sobre la atención sanitaria a las personas con trastornos mentales graves en los centros penitenciarios de España, esta dotación es significativamente inferior a la de otros países europeos, como Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, cuyo ratio de especialistas por cada 100 personas se estima alrededor de cinco.
«Hay un déficit extraordinario de médicos en prisiones, no sólo de psiquiatras. La situación ya no es sólo crítica, es casi de muerte clínica. Es un castillo de naipes que se está derrumbando y aunque quedan algunos sitios con buen funcionamiento, la gran mayoría no tiene servicio», lamenta Antón.
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En esta línea, el Comité Europeo de Prevención de Torturas, tras su visita a los dos hospitales psiquiátricos penitenciarios en 2020, recomendó tomar medidas urgentes para incrementar el personal en ambos hospitales, en particular, la presencia de especialistas psiquiatras. «Lo peor de todo es que no hay ninguna intención de que esto cambie«, reflexiona sobre estas líneas el presidente de la SESP, que lleva 20 años dándose de bruces con los mismos obstáculos.
Una de las vías de mejora sería la equiparación de condiciones del cuerpo sanitario penitenciario con el del resto del sistema de salud. Por ejemplo, en el Libro Blanco antes citado, donde se recogen varios testimonios anónimos, se lee: «Cualquier psiquiatra fuera gana 1.000 euros más que dentro«. Antón se apena de la realidad: «¿Quién va a querer venir a trabajar a la cárcel y encima ganar menos?».
Perdiendo oportunidades
La organización de los centros es otro de los hándicaps. Ambos hospitales se vertebran alrededor de directivos no sanitarios, en el que los médicos psiquiatras sólo desempeñan un rol asistencial y pericial. «La ausencia de una estructura organizativa de naturaleza sanitaria supone un riesgo alto de interferencia de la administración penitenciaria en la autonomía y la independencia en la toma de decisiones de carácter clínico de los profesionales sanitarios para ejercer su juicio profesional en la atención y el tratamiento de sus pacientes», reclama la SESP.
Asimismo, la doble labor del médico psiquiatra, como asistente y perito, puede comprometer el seguimiento y la objetividad de los informes, así como deterioro de la relación médico y paciente. «A veces el paciente tiene muy poca ganas de decirte que está mal porque sabe que a los seis meses tú le vas a decir al juez si puede salir o no», reza otro de los testimonios del libro.
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«La dispersión geográfica es otro tema a tratar», reconduce Antón. Como se ha comentado, en nuestro país sólo existen dos centros de estas características, por lo que una mitad de España va a uno y la otra al otro. En el caso de las mujeres, sí o sí ingresan en Alicante. «Poniendo el ejemplo de Noelia de Mingo. Ella estará en Alicante y su entorno en Madrid y el entorno es una medida terapéutica muy importante para estos pacientes», desgrana el profesional.
La solución ideal que se planteó en un primer momento fue la creación de establecimientos psiquiátricos penitenciarios en forma de unidades psiquiátricas dentro de los centros penitenciarios ordinarios, cuya distribución territorial respetara su permanencia en el entorno familiar, fortaleciera su arraigo y favoreciera el tratamiento y la rehabilitación de estas personas. Sin embargo, esta medida está lejos de implementarse.
Eso no quita que el resto de prisiones del país cuenten con presos con trastorno mental grave. De hecho, la SESP calcula que aproximadamente el 80% de esta población está en una cárcel normal. La situación allí incluso es más acuciante, pues el sistema se basa en un interconsultor que visita el centro una vez a la semana —durante un tiempo medio de 3 horas— . «Estamos perdiendo la posibilidad de que la prisión sea un lugar de mejora, como debería ser», denuncia Antón. También tiene mucho que decir sobre la salud mental en las cárceles ordinarias, pero eso ya es otro tema.
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