La Mesa del Congreso, el máximo órgano de la Cámara Baja, dará luz verde este martes a la proposición de la Ley de Amnistía tras recibir el informe favorable de los letrados, que no ven elementos «evidentes y palmarios» de inconstitucionalidad y se muestran a favor de que empiece su tramitación así como su debate parlamentario.
La tramitación se prevé muy larga y tortuosa. La Mesa, que se reúne hoy a las 11:00 horas, analizará el escrito de recusación que el PP ha registrado contra el nuevo letrado mayor de las Cortes, Fernando Galindo, vinculado al PSOE con varios altos cargos en la anterior legislatura.
Los populares consideran que Galindo, elegido por Francina Armengol, debería abstenerse en el informe jurídico por haber formado parte del Ejecutivo dos días antes de asumir su cargo como secretario general del Congreso.
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Lo cierto es que Fernando Galindo, licenciado en Derecho y Economía y perteneciente al cuerpo de Letrados de las Cortes Generales desde hace 13 años, era subsecretario del Ministerio de Política Territorial antes de ser nombrado letrado mayor de las Cortes en sustitución de Carlos Gutiérrez Vicén, que llevaba ya casi 10 años al frente de este cargo.
Antes, Galindo fue nombrado por el PSOE director general de Cooperación Autonómica y Local en el Ministerio de Política Territorial. Dos años después, la ministra Isabel Rodríguez le ascendió en 2023 a subsecretario de Política Territorial.
Sin embargo, fuentes de la Mesa señalan a Efe que esta recusación del PP no tiene visos de prosperar no sólo por el fundamento del escrito, sino por un defecto de forma, ya que las recusaciones no las puede realizar un partido político sino la Mesa de la Cámara en su conjunto.
Estas mismas fuentes argumentan, además, que la proposición de la Ley de Amnistía ha sido elaborada por un grupo parlamentario, el PSOE, y no por el Gobierno con lo que no ven vulneración de la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público.
No supone un indulto general
Fue ayer, lunes, cuando los letrados del Congreso, dirigidos por Fernando Galindo, se mostraron a favor de tramitar esta proposición de ley bajo el argumento de que no supone un indulto general como sí lo era la iniciativa parlamentaria de ERC que fue rechazada por la Mesa del Congreso en 2021.
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«La posibilidad de inadmitir una iniciativa parlamentaria en la fase de calificación y admisión a trámite es en todo caso excepcional, ya que puede suponer un quebrantamiento de los derechos fundamentales previstos en el artículo 23 de la Constitución», argumenta el informe de 21 páginas que este martes verá la Mesa de Congreso.
Diferencias con la amnistía de ERC
El informe jurídico de los letrados también ve diferencias con la proposición de Ley de la Amnistía que fue rechazada por la Mesa del Congreso en 2021 por considerar entonces que era inconstitucional al encubrir un indulto general.
En este sentido, señala que aquella iniciativa no incluía una disposición que individualizara las causas abiertas identificándolas de una manera concreta y específica, como sí ocurre con la proposición de Ley actual.
Por tantos, los letrados no ven motivo para que la Ley de Amnistía no pueda ser debatida en el Congreso pero dejan en manos de la Mesa esta decisión. Y aunque no señalan explícitamente su recomendación para que sea calificada de forma favorable, sí recalcan que cumple con todos los requisitos y que la Mesa no debe ejercer una función de «control previo de constitucionalidad», porque podría suponer un «quebrantamiento de los derechos fundamentales» de la Constitución.
Querella de Vox
También este martes Vox presentará una querella por la presunta comisión de un delito de prevaricación contra los letrados del Congreso y los miembros de la Mesa de la Cámara Baja que voten a favor de tramitar una ley que ve «inconstitucional».
«Todos los que colaboren con el golpe tienen que saber que deberán asumir las consecuencias», ha advertido el líder de la extrema derecha, Santaigo Abascal, que cree que «es la hora de los españoles y las instituciones».
Entre otras iniciativas, Vox ha presentado ante el Tribunal Supremo una querella contra Pedro Sánchez, Carles Puigdemont, el PSOE y Junts por la supuesta comisión de los delitos de cohecho, encubrimiento de delitos, usurpación de funciones del Poder Judicial y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, en el marco de las negociaciones para la investidura del candidato socialista.
También han reclamado repetidamente al PP que paralice la tramitación de la medida de gracia en el Senado, haciendo valer su mayoría en la Cámara.
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