El presidente en funciones de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Alfonso Guevara, ha abierto un expediente gubernativo en el que acuerda requerir al juez Manuel García-Castellón el escrito de recusación presentado por uno de los investigados en la causa de Tsunami Democràtic, Oleguer Serra, que el instructor inadmitió por providencia el pasado 15 de noviembre.
La de Serra fue la segunda recusación que se interpuso contra el magistrado en esta causa. Tanto su incidente como el interpuesto un día antes por Oriol Soler fueron rechazadas de plano por el magistrado en una providencia, pese a que las circunstancias de ambas son distintas. Este último estaba imputado con anterioridad, lo que podía permitir su rechazo de plano por entenderla extemporánea. Serra lo fue el lunes pasado en el auto en el que el magistrado dirigía la investigación contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont e imputaba a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, junto a otras 10 personas.
El presidente de la Sala de lo Penal da curso así al escrito presentado por la defensa de Serra, en el que informaba de la inadmisión de su recusación a través de una providencia. Guevara declara que “siendo la Sala de lo Penal la competente para resolver los incidentes de abstención y recusación de los magistrados-jueces centrales de instrucción de la Audiencia Nacional (artículo 224.1.5 de la ley orgánica del poder judicial) ofíciese al titular del Juzgado Central de Instrucción 6 a fin de que remita copia del escrito” denunciado por la defensa.
Las dos recusaciones, la de Oriol Soler y la de Oleguer Serra, se basaban en las manifestaciones que realizó el magistrado en relación con la amnistía del ‘procés’, que no dudó en calificarla de inconstitucional. En una conferencia el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 afirmó que en «la Constitución tampoco está prohibida la esclavitud y sin embargo no es posible».
Sobre los líderes del procés añadió: «¿Estos señores han dicho si en cuanto puedan van a volver a repetirlo? Por lo tanto, ¿será esta amnistía la primera de muchas otras después?» Unas palabras que, según la defensa de Soler y de Serra, ejercida por el abogado Benet Salellas, apuntaban a que el magistrado tiene un «interés directo o indirecto en la causa» que investiga por un delito de terrorismo.
