La falta de un protocolo estatal o de un pliego de condiciones técnicas para destruir los cayucos que llegan a Canarias expone al Puerto de Las Palmas a pagar una multa de hasta 300.000 euros si no retira las embarcaciones acumuladas en el recinto portuario de Arinaga, según recoge un expediente abierto por la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (Acpmn).
Este organismo público, que depende de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, ha denunciado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP) por apilar desde 2021 estas barcas de madera en una explanada, sin destruirlas o darles el tratamiento que precisan este tipo de residuos.
La Agencia Canaria, que se encarga de proteger el territorio insular desde el plano medioambiental, ha dado un mes a la Autoridad Portuaria para que retire las embarcaciones y devuelva la parcela a su estado anterior, con la advertencia de que puede incurrir en una infracción grave con multas de hasta 300.000 euros.
Sin protocolo a la vista
En Arinaga se hacinan más de 130 cayucos, la mayoría remolcados desde Arguineguín por Capitanía Marítima, tras las sucesivas oleadas de migrantes que llegan al sur de Gran Canaria en busca del futuro que les niega África.
La denuncia realizada por el Gobierno de Canarias a través de su Agencia de Protección es paradójica porque el Puerto de Las Palmas carece de competencia para destruir esas embarcaciones o llevarlas al vertedero. Según las fuentes consultadas, esa competencia la tiene el Gobierno de España, quien, a través de su Delegación en Canarias, debe aprobar el mencionado protocolo para ocuparse de los cayucos.
Un problema enquistado
Estas barcas de madera, que se usan para la pesca artesanal en países como Senegal o Mauritania, suelen medir entre 20 y 30 metros de eslora. De ahí que el procedimiento para trasladar estas grandes canoas y gestionar su retirada de los puertos no sea sencillo, unos trámites que se complican aún más cuando la Guardia Civil o la Policía Nacional abre diligencias de investigación o el juez de instrucción ve algún indicio de delito asociado a esas travesías.
Hasta el momento existe una especie de acuerdo tácito entre Capitanía Marítima, la Autoridad Portuaria y la Delegación del Gobierno en Canarias para remolcar los cayucos hasta Arinaga, donde el Puerto hace el ‘favor’ al Estado de almacenarlos hasta su destrucción y posterior traslado al vertedero.
El Puerto de Las Palmas, incluso, se había comprometido en el anterior mandato a redactar un pliego de condiciones técnicas para deshacerse también de estas embarcaciones, pero finalmente no ha sido posible porque es la Delegación la que tiene el título habilitante para ejecutar esa potestad.
Consejo de Administración
El asunto llegará este jueves al Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, donde se informará a los vocales del expediente abierto por la Agencia de Canaria de Protección y, sobre todo, se adoptará una postura para tratar de eludir la multa del Gobierno de Canarias, entre otros motivos por que es la administración estatal, a través de la Delegación del Gobierno en Canarias, la que tiene asignada la competencia sobre las embarcaciones, no el Puerto de Las Palmas.
El Ministerio de Inmigración, en ese sentido, ha adjudicado por el trámite de urgencia a la empresa Tragsa la gestión integral de los cayucos que han llegado estos meses a la isla de El Hierro.
El hacinamiento de las barcas amenazaba con bloquear la operatividad del puerto de La Restinga, razón por la que el Ayuntamiento de ese municipio exigió una solución inmediata a la Delegación del Gobierno. Por eso el Ministerio de Inmigración recurrió a principios de este mes a la vía de urgencia para otorgar a Tragsa la retirada y tratamiento de las embarcaciones.
Adjudicación extraordinaria
Esa adjudicación extraordinaria y excepcional del servicio evidencia que el Estado es el responsable de los cayucos y, sobre todo, que aún no existe un protocolo aprobado por la administración central para gestionar esas barcas.
Un problema que se repite de forma cíclica, como ocurrió en 2020, cuando más de 25 cayucos se amontonaron en Arguineguín y el Ayuntamiento de Mogán tuvo que recurrir a un tractor para destruir las barquillas. Desde entonces comenzaron a remolcarse las embarcaciones al puerto de Arinaga y la Delegación del Gobierno se comprometió a realizar un protocolo que sigue sin hacerse.
