Los partidos independentistas le señalaron por la «represión» de las manifestaciones violentas de octubre de 2019 en Cataluña, casi todos los socios del Gobierno le reprobaron por las muertes en la valla de Melilla y logró poner de acuerdo a las siete asociaciones de la Guardia Civil, que exigen de forma unánime su dimisión. Vox le apunta ahora como el máximo responsable las cargas de la Policía contra los manifestantes de Ferraz.
Y a pesar de todo ello, Fernando Grande-Marlaska lleva camino de convertirse en el ministro de Interior que lleva más años en el cargo. Después de que Pedro Sánchez le haya confirmado ahora al frente de esta cartera, dentro de tres meses batirá el récord de José Barrionuevo, quien dirigió Interior entre diciembre de 1982 y julio de 1988, y acabó en prisión como uno de los máximos responsables de los crímenes del GAL.
Marlaska ya lleva en el cargo, que asumió el 7 de junio de 2018, cinco años y cinco meses. Más de lo que permanecieron José Luis Corcuera (que estuvo cinco años y cuatro meses en el Gobierno de Felipe González), Alfredo Pérez Rubalcaba (cinco años y tres meses en el Ejecutivo de Zapatero) y Jorge Fernández Díaz (cuatro años y once meses con Rajoy).
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Grande-Marlaska fue también uno de los miembros del Gobierno cuyo teléfono móvil fue hackeado con el software Pegasus, tal como denunció en mayo de 2022 el titular de Presidencia, Félix Bolaños, en una insólita rueda de prensa desde la Moncloa. Todas las miradas se volvieron entonces hacia el régimen de Marruecos, el más controvertido socio exterior del Gobierno.
El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha calificado este viernes de «vergonzoso» y «lamentable» que tanto Marlaska como Margarita Robles sigan al frente de sus respectivos ministerios. Aunque tras romper con Sumar, los cinco diputados de Podemos se han convertido ya en outsiders y exigen que el PSOE negocie directamente con ellos cada iniciativa que pretenda llevar a las Cortes.
La indignación contra Marlaska estalló el pasado mes de febrero, cuando casi todos los socios del Gobierno (salvo el PNV y Bildu, que decidieron abstenerse) reprobaron la gestión del ministro en la tragedia de la valla de Melilla, en la que murieron al menos 23 inmigrantes cuando intentaban entrar en España. En aquella ocasión, la Guardia Civil que protegía la valla recibió instrucciones de retirarse y la Gendarmería de Marruecos se encargó de reprimir el asalto a la frontera, con trágicas consecuencias.
Tras el idilio que supuso el apoyo a las reivindicaciones de Marruecos sobre el Sáhara (también cuestionada por casi todos los socios parlamentarios de Sánchez), la inmigración se ha vuelto a convertir ahora en una patata caliente del Gobierno: 46.862 inmigrantes irregulares han entrado en España desde el pasado mes de enero, lo que supone un incremento del 62% respecto al mismo período del año anterior.
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Esto ha provocado una auténtica situación de emergencia en Canarias, que ha recibido 32.436 inmigrantes en lo que va de año, un 118% más que el año pasado.
Pero si hay un colectivo al que Marlaska ha logrado soliviantar es el de la Guardia Civil, un cuerpo que ha tenido cuatro directores de un marcado perfil político en cinco años. Los cambios han sido especialmente convulsos en el último año.
María Gámez dimitió como directora de la Guardia Civil el pasado mes de marzo, después de que su marido fuera imputado en una pieza del caso ERE. Luego Mercedes González se convirtió en la directora más breve del Instituto armado: dimitió apenas dos meses después de su nombramiento, para incorporarse a las listas del PSOE en las elecciones del 23-J. Le sucedió en el cargo Leonardo Marcos, sin apenas experiencia en materia de seguridad (antes había sido director general de Protección Civil y Emergencias).
En un acto sin apenas precedentes, las siete asociaciones representativas de la Guardia Civil firmaron el pasado mes de octubre un comunicado conjunto en el que denunciaban los «continuos desplantes y menosprecios» del ministro Marlaska, al que acusaron de querer «desmantelar» el cuerpo.
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Uno de los agravios que resultaron más dolorosos para el Instituto armado fue la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos, que atesoraba una larga experiencia en la lucha contra ETA y luego jugó un papel clave en la investigación judicial del procés.
Marlaska destituyó a Pérez de los Cobos «por falta de confianza» como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en mayo de 2020, por negarse a proporcionarle información sobre una causa judicial que estaba bajo secreto de sumario. Luego impidió su ascenso a general de forma arbitraria. La Justicia acabó dando la razón al coronel de la Guardia Civil.
Grande-Marlaska también ha sido el encargado de ejecutar algunos de los pactos más polémicos de Pedro Sánchez con sus socios independentistas. A lo largo de toda la última legislatura consumó el traslado de la totalidad de los presos de ETA a cárceles del País Vasco y Navarra, en lo que las asociaciones de víctimas del terrorismo han denominado los viernes negros: cinco presos cada fin de semana, incluyendo los más sanguinarios.
Todo ello, denuncian las víctimas, sin que los terroristas hayan aceptado colaborar con la Justicia para esclarecer los atentados cuyos autores aún se desconocen.
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El ministro de Interior también ha retirado de País Vasco, Navarra y Cataluña los grupos de rescate de montaña y desactivación de explosivos. Desde el pasado mes de julio, el Instituto armado tampoco se encarga ya de la gestión de Tráfico en Navarra.
Mientras los Mossos d’Esquadra despliegan sus nuevas unidades de vigilancia del mar en Cataluña (sin tener las competencias, según denuncian desde la Guardia Civil), Interior ha entregado a la Ertzaintza la custodia y seguridad de los puertos de Guipúzcoa, así como el control de la frontera marítima.
El caso Tito Berni de corrupción encendió la última chispa de indignación en la Guardia Civil. La investigación judicial dejó al descubierto una trama de amaño en los contratos de reforma de las casas cuartel, que desde Canarias se extendió al resto de España.
Pese a todas estas polémicas, que han convertido a Marlaska en el auténtico pararrayos del Gobierno, el magistrado en excedencia y antiguo vocal del CGPJ ha visto ahora renovada la confianza del presidente Pedro Sánchez. Algunos temen aún más el día que regrese a su plaza de magistrado en la Audiencia Nacional.
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