El polémico expresidente de la Comarca Campo de Cariñena, José Luis Ansón, afronta una querella por una presunta denuncia falsa a una funcionaria de la institución tras archivarse en dos instancias la denuncia que pesaba sobre ella por un delito de usurpación del estado civil y de falsedad en documento público.
Una vez archivada la causa, la representación procesal de la funcionaria a la que denunció Ansón cree que hay indicios suficientes de la comisión de un delito de denuncia falsa por parte del expresidente. Se abre ahora un nuevo capítulo en la larga trayectoria de litigios protagonizada por José Luis Ansón, que fue expulsado del PSOE en la pasada legislatura tras varios cruces de acusaciones y denuncias que alcanzaron hasta al ministro Félix Bolaños.
Ansón acabó recalando en las listas del PP en las pasadas elecciones municipales del mes de mayo, pero no obtuvo ni siquiera acta de concejal en su pueblo, Tosos, del que había sido alcalde en las últimas cuatro legislaturas.
El letrado Luis Nivela Santonja, en representación de la querellante, señala en su escrito dirigido al Juzgado de Instrucción de Daroca que presenta una querella de conformidad con el artículo 277 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC) al considerar que José Luis Ansón formuló una denuncia «cuando sabía perfectamente que era falsa y que la querellante no le había usurpado la personalidad civil ni había falseado ningún documento público». Con un «dolo evidente», señala el letrado, Ansón «se inventa unas incriminaciones contra la querellante y pone en marcha ante la Administración de Justicia un procedimiento judicial surrealista y absurdo» que supuso emplear durante más de un año los recursos de la Administración para acabar demostrando que «no existía indicio delictivo alguno» contra la funcionaria denunciada.
Cabe recordar que Ansón acusó a esta trabajadora de apropiarse de su identidad para realizar pagos en nombre de la comarca. Sin embargo, en el juicio quedó demostrado que el mismo expresidente comarcal había sido quien había dado permiso y otorgado las claves para operar con la entidad bancaria en su nombre a la funcionaria a la que después acusó.
Con estos mimbres, la representación procesal de la querellante reclama para Ansón una pena de prisión de dos años y una multa de 24 meses a razón de una cuota de 15 euros diarios (es decir, una suma de unos 11.000 euros). Además, solicita la indemnización por responsabilidad civil de 3.995,658 euros (la cuantía que perdió la funcionaria al dejar de ejercer sus funciones como tesorera de la institución en el momento de la denuncia interpuesta por Ansón) y otros 1.952,54 euros por los gastos en la defensa jurídica por la «falsa denuncia» que quedó archivada sobre la supuesta suplantación de identidad.
Por último, la querellante reclama a Ansón 3.000 euros en concepto de daños morales por las consecuencias de una falsa denuncia que le llevaron a tener que coger la baja laboral por ansiedad y, después, a cambiar de trabajo. Además, le reclaman el pago de las costas de la querella presentada ayer mismo.
