«Hechos comprobables«. Esta ha sido la premisa que el independentismo catalán ha aplicado en sus negociaciones con Pedro Sánchez. Por ejemplo, para investirle presidente del Gobierno este jueves debía haber antes una ley de amnistía registrada en el Congreso. Y esa dinámica parece haber llegado para quedarse. «No se la juegue«, es el mensaje que le enviaron estos días ERC y Junts. Para seguir dando cumplimiento a los acuerdos y, sobre todo, mantener en buen estado las relaciones -imprescindibles para gobernar- con los partidos catalanes, PSOE y Sumar ya preparan el terreno para la tramitación de la ley de amnistía que, a buen seguro, vendrá acompañada de más de un choque con el PP.
Superada la investidura, el Congreso empezará a funcionar a pleno rendimiento. La primera cita importante será este martes, cuando la Mesa de la Cámara se reúna. Previsiblemente, establecerán ya un calendario de plenos, pero más importante será la calificación de la ley de amnistía. Este órgano -de mayoría progresista- deberá decidir si la iniciativa es admisible o no a trámite. Lo único que se suele tener en cuenta es su constitucionalidad.
En 2021, ERC, Junts, PDECat y la CUP registraron una ley de amnistía. Un informe no vinculante de los letrados del Congreso establecía que la norma entraba «en una contradicción palmaria y evidente» con la Constitución. El PSOE, junto a PP y Vox, se aferraron a esto y vetaron su tramitación. Esto mismo había pasado ya antes con iniciativas relativas al control de las finanzas de Juan Carlos I por parte del Congreso.
La nueva argumentación
Los antecedentes son importantes para entender qué ocurrirá esta semana. El martes, el PSOE y Sumar darán el visto bueno a la proposición de ley orgánica de amnistía. Habrá que ver en qué sentido se pronuncian en esta ocasión los juristas de la Cámara. El letrado mayor, Fernando Galindo, fue elegido hace unas semanas por la presidenta del Congreso, Francina Armengol.
No obstante, socialistas y magentas ya se han guardado las espaldas. «Hay que priorizar el derecho de los parlamentarios a poder discutirla», sentenció este martes el secretario primero de la Mesa y diputado por Sumar, Gerardo Pisarello, sobre una proposición de ley presentada por Vox para ilegalizar partidos. Ambas formaciones consideran que es inconstitucional, pero creen que no se debe hurtar el debate a la Cámara. Aquí el argumento con el que podrán defender la aceptación de la ley de amnistía.
¿Y después?
Con el visto bueno de la Mesa, que también declarará su tramitación por la vía de urgencia, la amnistía deberá debatirse en pleno para su aceptación a trámite y después ser enviada a comisión. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ya ha confirmado que ERC presentará enmiendas al texto que registró en solitario el PSOE. Es en este punto donde el PP teme que el texto «presentable» actual acabe endureciéndose. Al margen de lo que acabe ocurriendo, la norma deberá votarse otra vez en el pleno antes de remitirla al Senado. Este proceso podría culminarse en un mes.
El PP ya se ha preparado para cuando llegue este momento. El martes pasado, a escasas 24 horas de la investidura de Sánchez, los populares aprobaron la reforma del reglamento del Senado con el único fin de poder dilatar lo máximo posible la tramitación de la norma. Con esa modificación, los conservadores apurarán los dos meses que la Cámara Alta dispone para pronunciarse sobre una proposición de ley. Además, el PP ha conformado un grupo de trabajo compuesto por senadores y parte de su equipo técnico para estar vigilantes durante todo el procedimiento. Con estos plazos, la ley de amnistía no quedaría aprobada hasta finales de marzo.
