La Comunitat Valenciana vuelve a jugarse su estabilidad financiera en esta legislatura. No es nuevo. Sucede desde 2014, cuando caducó el sistema de financiación de las autonomías, que perjudica a las arcas valencianas. Lo nuevo es la combinación que se dará ahora, con un Gobierno conservador en la autonomía y uno progresista en Moncloa con alianzas con el independentismo. Gobernar a la contra siempre facilita elevar el tono reivindicativo y amplificar los mensajes de agravio. De entrada, no se plantea fácil el entendimiento. El dilema para lo que viene de Carlos Mazón, el político ‘popular’ que se estrenó el pasado verano en el Palau de la Generalitat, se traza por esas líneas: la posibilidad (y urgencia) de acuerdos con el Gobierno que palíen problemas arrastrados desde hace demasiado tiempo y la oportunidad de la agitación y el desgaste del nuevo Ejecutivo, de signo ideológico contrario al valenciano, con muchas opciones con ello de obtener beneficios electorales, tanto para sí mismo como para los gobernantes de la calle Génova.
Para la autonomía peor tratada por el sistema de financiación, lo importante es mejorar su fuente de recursos para sostener los servicios públicos, pero también, y casi al mismo nivel, aligerar la losa de una deuda que lastra cada año los presupuestos de la Generalitat (casi 8.000 millones en 2024 para pagar créditos e intereses). Los acuerdos con Esquerra Republicana de Catalunya hablan de condonación de deuda y el PSOE ha prometido extender esas mejoras al resto de autonomías, pero falta concreción, comprobar si se avanza hacia un modelo más igualitario con los territorios o más asimétrico. Será una de las claves para entender el tiempo que viene.
Para la autonomía peor financiada, y gobernada por un presidente del PP en virtud de un acuerdo con Vox, la legislatura también pasa por las decisiones sobre infraestructuras clave como el corredor mediterráneo, el puerto de València y los aeropuertos de Alicante y Valencia, vitales para un mayor o menor desarrollo. Se puede dar por hecho, eso sí, que el trasvase del Tajo al Segura continuará como foco de conflicto.
Para la Comunitat Valenciana, casi todo lo que venga en los próximos meses cabe en la dicotomía entre dinero e ideología.
