«La inmersión completa en un idioma extranjero puede llegar a reconfigurar tu cerebro, afecta a nuestra forma de verlo todo». La presidenta del Govern y traductora de profesión, Marga Prohens, comparte con la protagonista de la catedral cinematográfica La llegada la necesidad de descifrar y decodificar los mensajes que unos recién llegados están intentando transmitir con el objetivo de saber para qué han venido.

La presidenta lleva varios meses tratando de entender no solo la lengua sino también el habla de Vox, que es contradictoria e ignífuga. Si por el Consolat fuera, el Govern se mantendría lo más alejado posible de los debates sobre la lengua, pero la líder del PP se ha visto obligada a realizar malabarismos y acrobacias con el tema lingüístico durante los primeros cuatro meses como presidenta para contentar y apaciguar a sus socios ya que el catalán es la única divergencia y, por ende, la educación de peso entre ambos partidos.

Mientras España debate sobre el quebranto de la unidad de la nación por una amnistía y unos acuerdos que irradian material radioactivo a todo el país desde Madrid, en Balears el Govern trata de cerrar sus primeros Presupuestos después de situarse al borde del precipicio por el desmarque de Vox. Los ultramontanos seguirán utilizando toda su influencia y poder político durante los próximos tres años para arrinconar el catalán en todos los ámbitos y, por tanto, cambiar los consensos de las últimas décadas. Esta semana, con todos los focos puestos en el centro de poder centrípeto, la ultraderecha presentaba en el Parlament una moción para exigir al Govern que elimine el requisito del catalán incluso se desliza la posibilidad de que no se incluya como mérito en toda la función pública, uno de los puntos incluidos en el Acuerdo para el Gobierno rubricado por PP y Vox. Si bien es cierto que una moción es más un posicionamiento político que una exigencia legal, los ultramontanos plantean esta votación como una nueva batalla con sus socios tras la capitulación con la libre elección de lengua en los colegios.

En los primeros 100 días de mandato, el PP consiguió desactivar a Vox porque todas las medidas aprobadas, desde la supresión del Impuesto de Sucesiones hasta el decreto de vivienda, incluyendo la eliminación del requisito del catalán en la sanidad, llevaban el distintivo único de los populares. Sus socios se limitaron a apoyar todas y cada una de las decisiones, así como a lidiar con la irrelevancia política al haber sido los únicos de toda España que renunciaron a formar parte del Govern. Por ello el catalán se ha convertido en su gran caballo de batalla, con un posicionamiento muy similar al pronunciado por Pablo Casado en Palma ante Prohens: «En Balears no habláis catalán, sino mallorquín, ibicenco, menorquín, formenterés».

Si uno lee con detenimiento el acuerdo entre PP y Vox, entenderá que la práctica totalidad de las medidas podrían ser ejecutadas por el PP en solitario. Todas menos las referentes al catalán y la educación, entre las que se incluyen el pin parental o la Oficina de Libertad Lingüística.

En el tablero político se ha introducido un nuevo elemento: IB3. Después de votar a favor del nuevo director y reclamar que sea independiente, Vox ya ha puesto sobre la mesa sus exigencias: exigir que se les deje de calificar como extrema derecha, «evitar catalanismos y potenciar la lengua de las islas» y descartar vetos a profesionales por ideología o discriminación de lengua la realidad es que ya hay tertulianos que hablan siempre en castellano sin ningún tipo de problema ni reproche por parte de la cadena. La radiotelevisión pública, pensada y diseñada como vehículo de normalización y difusión de la lengua propia de Baleares, podría hablar la lengua de Vox en los próximos meses.