Las agresiones a los policías nacionales y los guardias civiles se han disparado en Aragón desde el estallido de la pandemia y así lo reflejan los datos recabados por el Ministerio de Interior: en 2020 se incoaron 347 denuncias por este tipo de ilícitos y, hasta agosto de este año, ya se sumaban 315. Fuentes jurídicas constatan este «incremento» de las agresiones y tanto es así que un penalista zaragozano llega a celebrar 200 juicios al año por este tipo de procedimientos solo en el ámbito que se circunscribe a Zaragoza capital.
Es el caso del abogado Marco Antonio Navarro, representante jurídico de la asociación Jucil (Guardia Civil) y el sindicato Jupol (Policía Nacional), quien señala a este diario que «se está perdiendo el respeto a la figura de autoridad», especialmente, «desde el estado de alarma». Todo ello ha desembocado en un «aumento de los atentados y de las faltas de respecto» como consecuencia de la «banalización de la violencia» que incluso alcanza a los funcionarios cuando se encuentran a fuera de servicio. «Reconocen a policías de paisano cuando están en la esfera privada», admite Navarro.
Así sucedió el pasado mes de abril cuando un grupo de jóvenes de origen magrebí rodeó a un policía nacional fuera de servicio tras recriminarle este último el robo de móviles en el entorno del Mercado Central de Zaragoza. Uno de ellos reconoció al agente que luego resultó herido –«¡tú eres policía!, ¡tú eres policía!», le dijo– para luego arremeter contra él por la espalda y golpearle la cabeza en reiteradas ocasiones.
El episodio más reciente de estas características se remonta a las Fiestas del Pilar, cuando una actuación de la Brigada de Seguridad Ciudadana estuvo a punto de acabar en tragedia. Los agentes fueron comisionados a un domicilio ubicado en la calle Italia porque una mujer denunciaba que su pareja le había propinado un puñetazo en el ojo. Al llegar, H. G. C. (Colombia, 1999) intentó clavarles unas tijeras en el cuello y en la cara. Tanto es así que ahora se le imputa un delito de homicidio en grado de tentativa porque los actuantes refirieron que les atacaron claras intenciones homicidas.
Ante esta situación, algunos sindicatos como la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) solicitan «el endurecimiento de las penas» y una mayor dotación de medios profesionales –chalecos antibalas individuales o pistolas táser– para que los agentes puedan hacer frente a unas agresiones que «siguen aumentando». «Existen varios motivos por los que estas cifras son tan elevadas, pero los más comunes son la fata de respeto a los agentes de la autoridad, plantillas mermadas, sensación impunidad y desprecio a las normas por parte de la población», suscriben.
A nivel nacional, estos episodios han aumentado un 8,14% con respecto a 2022 hasta alcanzar 16.651. Se trata de una cifra que podría superarse este año porque solo en sus ocho primeros meses ya se han contabilizado 11.302.
