La agencia de calificación crediticia Moody’s ha advertido de que la implementación de los acuerdos políticos para lograr la investidura como presidente del Gobierno de Pedro Sánchez resultan negativos para el perfil crediticio de España «debido al mayor riesgo político«, aunque son positivos para las comunidades autónomas, sobre todo Cataluña, principalmente gracias a la cancelación parcial de la deuda.
Moody’s subraya que las implicaciones crediticias finales dependerán de cómo se implementen los acuerdos y de la capacidad para llevar a cabo su agenda política más amplia por parte de la coalición de Gobierno, que la agencia espera que sea estable, a pesar de que la estrechez de su mayoría la expone a un cambio en el sentimiento político si alguno de los partidos retira su apoyo, aunque confía en que «todos los partidos de la coalición apoyen el próximo presupuesto de España para 2024».
«Para el (emisor) soberano, los acuerdos plantean riesgo político«, apuntan los analistas de Moody’s, señalando las tensiones registradas y la profundización de la fragmentación política dentro de la sociedad española.
Asimismo, si bien consideran que la cancelación de la deuda no tendría ningún efecto sobre los indicadores de deuda soberana, apuntan que plantearía «problemas de riesgo moral», lo que podría desincentivar la formulación de políticas fiscales prudentes a nivel regional, presionando las finanzas del emisor soberano.
A este respecto, la agencia plantea que un nuevo marco fiscal que otorgue a Cataluña y otras regiones más autonomía en materia de ingresos y gastos podría mitigar este riesgo, dependiendo de su diseño.
Positivo para las comunidades
En cuanto al efecto sobre los gobiernos regionales y locales, Moody’s espera que los acuerdos beneficien la calidad crediticia de la Generalitat de Cataluña y potencialmente de otras regiones españolas al aliviar su carga de deuda y disminuir sus gastos por intereses.
En este sentido, señala que el nuevo marco permitiría a Cataluña recaudar el 100% de los impuestos pagados dentro de su territorio, aumentando su autonomía financiera, mientras que se contempla condonar 15.000 millones de euros de la deuda de la Generalitat catalana, que fue contraída a través del mecanismo de liquidez del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), alrededor del 20% de la deuda de la Generalitat concedida por el Gobierno central a través del instrumento.
La cancelación parcial de la deuda podría extenderse a otras regiones, con el objetivo de compensarlas por el exceso de deuda relacionado con el ciclo económico negativo, mientras que en el caso de regiones con deuda limitada o nula contraída con el Gobierno central, incluidos el País Vasco, Navarra y Madrid, los fondos ayudarían a reducir sus niveles generales de deuda.
«Según nuestros cálculos y considerando un enfoque similar para otras regiones, una condonación del 20% de la deuda regional contraída a través de los mecanismos de liquidez del Gobierno central, combinada con transferencias adicionales a las regiones que no han utilizado estos mecanismos, totalizaría alrededor de 45.000 millones de euros, o aproximadamente 3,3% del PIB nacional», estima la agencia.
Como resultado de dicha condonación, Moody’s calcula que la carga de la deuda de las regiones calificadas bajaría del 180% de los ingresos operativos en 2022 a un promedio del 154% y estima que lograrían ahorros de intereses anuales de aproximadamente 407 millones de euros en promedio, reduciendo sus gastos operativos y mejorando su desempeño operativo en el futuro.
«La Generalitat de Cataluña sería la más beneficiada porque es la región más endeudada de España«, sostiene Moody’s, apuntando que las medidas propuestas reducirían su carga de deuda a aproximadamente el 203% de los ingresos operativos desde el 245% a finales de 2022, lo que seguiría siendo alto en comparación con otros gobiernos regionales y locales europeos.
