El Ministerio de Defensa guarda silencio ante la firma por medio centenar de militares en situación de retiro de un manifiesto en el que exigen a las Fuerzas Armadas que depongan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y convoquen unas elecciones generales. El contenido del documento golpista, adelantado por el digital Infolibre, no ha sido hecho público; lo aventan sin difundirlo miembros de ese grupo, la mayoría oficiales de alta graduación, consiguiendo provocar impacto mediático en torno suyo.
Según las versiones que han trascendido, los firmantes protestan contra la proposición de ley de amnistía, proyecto legislativo que solo seguiría «el interés personal para ser investido presidente del Gobierno del actual». La amnistía, en opinión de estos militares «deja inerme al Estado de Derecho al anular sentencias y procesos en vigor».
Según Infolibre, en el manifiesto aluden al artículo 8.1 de la Constitución, recordando que es misión de los ejércitos la defensa del orden constitucional. En el papel, los autores creen que ese ordenamiento está «en grave peligro por la falta de independencia judicial» y «la desigualdad de los españoles ante la ley». Estiman además un pelgor de «posible ruptura de la unidad de la nación española».
Contra el indulto
Basan esa apreciación los firmantes no solo en la ley de amnistía, también en que el Gobierno de Sánchez ha hecho un «uso inadecuado de la figura del indulto» para los líderes independentistas catalanes condenados por el procés, que llaman «el golpe de Estado de ostubre de 2017». Los firmantes denuncian también «la supresión de la sedición del Código Penal».
En este manifiesto conjeturan sin prueba alguna con que Sánchez ha aceptado «la celebración de un referéndum de autodeterminación» catalán y también un reconocmiento de Cataluña como minoría nacional, con efectos internacionales.
Según dicen los firmantes en esa versión que filtran sin publicar, han redactado el manifiesto para «prevenir» a la sociedad española y «que tome conciencia de la gravedad de la situación actual». Su visión de la situación en España les lleva a secundar la teoría del golpe de Estado sostenida por Vox y figuras del Partido Popular como Isabel Díaz Ayuso: el país sufre un «acoso al Estado de Derecho» pues, dicen, «el poder Ejecutivo copa la mayoría de los órganos judiciales».
En referencia al Tribunal Constitucional, los firmantes le despojan de legitimidad atacando a su presidente, Cándido Conde Pumpido, al que señalan como impulsor de la «integracion de una organización terrorista como partido político».
La máxima graduación entre los firmantes es la del general de División en el retiro Yago Ramón Fernández de Bobadilla Bufalá, quien en 2002, siendo ministro de Defensa Federido Trillo, fue nombrado director de Infraesructura del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire.
En la versión que estos militares han dejado trascender no se menciona al rey de España.
