La titular del Juzgado de Instrucción Nº 3 de Murcia, que investiga el caso Atalayas, ha rechazado abrir una pieza separada para investigar al Consistorio capitalino, como pedían varios familiares de los fallecidos en el incendio del 1 de octubre. Estos parientes llegaron a hablar de «un delito de prevaricación administrativa por omisión», ya que las discotecas que ardieron tenían que haber estado cerradas, pero la jueza considera que se trata de irregularidades de carácter administrativo, no penal. La magistrada sigue investigando para esclarecer responsabilidades en trece homicidios por imprudencia grave, indica el TSJ en una nota de prensa.
«Nos hallamos ante un suceso complejo que no obedece indiciariamente a una sola causa, sino a diversas«, tiene claro la instructora, que recuerda que la Policía Judicial apunta a que el incendio se inició en Teatre “por el uso indebido de una máquina de fuego frío o chispas”, como ya adelantó la Opinión.
Sin plan coordinado de evacuación
El fuego «se propagó por el techo a la discoteca colindante, la Fonda Milagros, sin que hubiera indiciariamente un plan coordinado de emergencia y evacuación», lo que provocó que se retrasase la evacuación y muriesen trece clientes de Fonda. Cabe recordar que Francisco Adán, el abogado que defiende los intereses de los propietarios de Fonda, tiene claro que, si desde Teatre hubiesen tocado a la puerta del local colindante, se habrían salvado todas las personas, pues habría dado tiempo a desalojar los establecimientos.
La jueza también pone el acento en «el posible incumplimiento de determinadas medias de seguridad recogidas en el plan de emergencia por parte de los responsables de ambos locales, entre las que se citan, siempre de forma indiciaria: defectos en el cuadro eléctrico, ausencia de extractores de humo, inexistencia de sistemas de alarma o sirenas de emergencia, suficientes salidas de emergencia libres…»
De momento, la Policía Nacional tiene a cinco personas investigadas: tres responsables de Teatre, el dueño y gerente de Fonda y el trabajador que llevó la máquina de fuego frío. el gerente de Teatre, Juan Rojo Inglés; su dueño, Marcos Martínez, y la hermana de éste y encargada del local, Eva Martínez, declaraban este jueves en calidad de investigados, tal y como adelantó La Opinión. Los cinco imputados están libres con cargos.
En cuanto a los funcionarios del Ayuntamiento de Murcia, la jueza subraya que «no existen esas mínimas sospechas que justifique la apertura de la pieza separada interesada por presunto delito de prevaricación administrativa, habiendo hasta la fecha más que conjeturas de que la no ejecución de la orden de cese contribuyó al resultado mortal”.
El Ayuntamiento de Murcia ha aportado al Grupo de Homicidios y este al juzgado extensa documentación referida a la situación urbanística y administrativa de las discotecas, “que pende ser analizada, en especial pericialmente, a los efectos de determinar si concurren sospechas fundadas de que las posibles deficiencias e irregularidades administrativas y urbanísticas tuvieron que ver con el resultado mortal”, subraya la instructora.
«La situación administrativa de la discoteca Teatre y Fonda Milagros, sea o no ajustada a la normativa, no puede relacionarse sin más con el resultado mortal producido, sino solo remotamente por cuanto lógicamente si los edificios no hubieran estado abiertos y en uso, no se hubiera producido el evento We are remember donde se produce el resto de los incidentes”.
No hay indicios de manipulación
Respecto a la petición de la acusación particular de la entrada y registro en las dependencias municipales para recabar toda la documentación relativa al expediente administrativo, la resolución responde que no es necesaria por cuanto existen “vías eficaces menos gravosas para la comprobación del delito”, en este caso, “requerir a la Administración, no habiendo indicios de manipulación o alteración conforme se iban uniendo en las actuaciones policiales”.
Así, se explica que el Ayuntamiento de Murcia, “tan pronto fue requerido por Policía Judicial, fue facilitando desde el primer momento todos los expedientes administrativos habidos para con la discoteca Teatre y demás, aportando a policía documentos físicos y digitales, que consta agrupados en el último atestado obrante en autos”.
Por último, en cuanto a la posibilidad de fijar una pensión provisional a los perjudicados por los fallecimientos, la juez subraya que la norma exige para ello que la responsabilidad civil del posible causante de los daños estuviera cubierta por un seguro obligatorio y que en las actuaciones “no consta” que el seguro “tuviera el carácter de obligatorio”.
