El Tribunal de Cuentas comienza este viernes un juicio por las cuentas del procés que, si bien ya estaba en la agenda antes de la negociación entre el PSOE y Junts, su celebración justo ahora supone un primer pulso a la amnistía. Las defensas de los líderes independentistas han pedido su cancelación habida cuenta de que la ley camina ya por el trámite del Congreso, pero la consejera del Tribunal se ha negado tanto a eso como a que el expresident Carles Puigdemont comparezca por videoconferencia. En juego hay hasta cinco millones de euros de responsabilidad contable por las urnas del 1-0 que tendrán que dividirse entre 35 exaltos cargos del Govern –sólo si la sentencia llega a tiempo–.
La Fiscalía ha ido rebajando su petición a lo largo de los meses y llega al juicio, que en principio será en una única vista, con una que, aunque no alcanza los 9,5 millones que en principio calculó, no desdeñable: 3,1 millones de euros. Por su parte, sociedad Civil Catalana que ejerce de acusación popular reclama 5 millones de euros. El fiscal cree que la responsabilidad debe dividirse entre 35 encausados que ya han aportado una fianza de cara al juicio para evitar embargos.
Al ser un tribunal autónomo y distinto del Poder Judicial, la vista no tiene nada que ver a la que se vivió en el Tribunal Supremo. Los que se sientan en el banquillo no tienen por qué estar presentes, por ejemplo. Entre ellos, destacan los nombres de Puigdemont y del también expresident Artur Mas (que ya fue condenado a devolver a la Generalitat algo más de 4,9 millones de euros) por la organización de la anterior consulta, la del 9 de noviembre de 2014.
En este caso los hechos se circunscriben al 1 de octubre de 2017. En la lista figuran también exconsejeros condenados por el Supremo, como Raül Romeva y JordiTurull; exconsejeros huidos, como Toni Comín y Lluís Puig; exdelegados de la Generalitat en el extranjero, como los de Estados Unidos, Francia, Italia y Portugal; y delegados en el exterior que aún permanecen en el cargo, como Marie Katinka (Alemania) y Eric Hauck (países del sudeste de Europa). Así como nueve personas que están procesadas en Barcelona por los preparativos de las urnas como el exsecretario general de la Presidencia del Govern Joaquim Nim; el exsecretario de difusión de Presidencia Antoni Molons; el exsecretario general de Trabajo Josep Ginesta; y el exdirector del Diplocat Albert Royo.
La Fiscalía considera que como algunos de estos dirigentes han sido condenados por malversación en el Tribunal Supremo, esta acusación del Tribunal de Cuentas queda apuntalada. El caso penal no es eximente de este contable. El Ministerio Público incluyó también viajes realizados por el expresident y los econsellers al extranjero y las diversas actividades del Diplocat, tanto las destinadas a promocionar el proceso soberanista como otros gastos.
La amnistía
A pesar del intento del abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, de paralizar el juicio toda vez que la amnistía está cerca de aprobarse y todo quedara borrado, la consejera del Tribunal responsable del procedimiento, Elena Hernáez, lo desestimó de plano. No se puede suspender una vista por una ley que todavía no se sabe si se va a aprobar y en qué términos, vino a decir.
La defensa considera «preocupante» que se «quiera continuar con un juicio de responsabilidad contable conociéndose que está pendiente aún el procedimiento penal del cual podrán o no deducirse las correspondientes responsabilidades contables», aduciendo incluso que se trata de «un gasto indebido de recursos públicos».
Tampoco han estimado la petición de Puigdemont de comparecer por vídeoconferencia pues dicen que no han argumentado lo suficiente el porqué de esta solicitud. Cabe recordar que a fecha de hoy el líder de Junts no puede volver a España sin ser detenido puesto que pesa sobre él una orden de detención nacional tras su fuga del juicio del Tribunal supremo que condenó a otros líderes independentistas.
Si se aprobara la ley de amnistía antes de que saliera la sentencia de esta causa es posible, explican algunas fuentes jurídicas, que ésta tuviera que archivarse. Si, por el contrario, la sentencia ya se hubiera publicado, cualquier responsabilidad contable que se hubiera imputado quedaría derogada puesto que la ley prevé expresamente este supuesto.
