Hace justo un año la Comisión Europea lanzó al ruedo de las plataformas de pisos turísticos, como Airbnb o Booking, una propuesta de reglamento para aumentar la transparencia y el suministro de información con el objetivo de luchar contra el fraude en el sector y mejorar la gestión turística. Doce meses después Consejo y Parlamento Europeo han cerrado esta pasada madrugada un acuerdo político entorno a una normativa que introduce nuevas obligaciones en la transmisión de datos y más control a las autoridades públicas.
El alquiler de apartamentos, casas o habitaciones durante breves periodos de tiempo se ha convertido en una forma habitual de alojamiento para turistas y viajeros y este tipo de servicios representan actualmente casi una cuarta parte del total de los alojamientos turísticos en la UE. Algunos Estados miembros han implantado sistemas de registro pero difieren en cuanto al alcance, los requisitos de presentación impuestos a los anfitriones o las plataformas en línea y el nivel de administración en el que se gestionan los registros (nacional, regional o local). De ahí el impulso a una normativa destinada a armonizar la situación.
“Con el acuerdo todo el mundo sale ganando. El nuevo reglamento crea un conjunto único y sencillo de normas de información destinadas a las plataformas y facilita los procedimientos de registro para los anfitriones”, ha destacado en nombre de la presidencia de turno de la UE, la secretaria de estado de turismo de España, Rosana Morillo, quien ha destacado que las nuevas reglas ayudarán a construir mejores políticas y controlar la actividad ilegal. “Hasta ahora las plataformas de alquiler habían rechazado compartir datos lo que hace difícil la aplicación de las reglas locales. Este texto pone fin a esta situación y devuelve el control a las ciudades”, ha destacado la negociadora de la Eurocámara, la ecologista holandesa Kim Sparrentak.
“La llegada de estas normas a toda Europa supone todo un punto de inflexión para Airbnb y nuestro sector”, ha reconocido Nathan Blecharczyk, cofundador y director de estrategia, Airbnb, en una carta enviada al gobierno español y otros representantes europeos en la que asegura que la regulación servirá “como ejemplo a nivel global” sobre cómo regular los alquileres de corta duración, a la vez que ofrece orientación a las plataformas y las autoridades en cuestiones como el intercambio de datos y la aplicación de unas normativas locales que sean útiles para todas las partes. Actualmente, cerca del 80% de los 200 destinos principales de los huéspedes de Airbnb tienen algún tipo de regulación aunque “al no existir una regulación de referencia a nivel europeo, a veces ha sido difícil saber cómo redactar una legislación local efectiva, acceder a datos, proteger la vivienda y cumplir con las regulaciones de la UE”, ha añadido.
Número de registro único
La nueva norma -los Veintisiete cerraron un acuerdo político en marzo pasado- establece un procedimiento de registro en línea gratuito (o con un coste proporcionado) para los propietarios de alquileres de corta duración. Al registrarse recibirán un número de registro único que utilizarán para alquilar su propiedad y que servirá de identificador ante las autoridades para que verifiquen la información. Las plataformas tendrán que garantizar que el número permite identificar a los propietarios y que la información que aportan es fiable y completa. Además, tendrán que hacer “esfuerzos razonables” para conducir chequeos aleatorios de información. Las autoridades responsables podrán suspender el número de registro y pedir a las plataformas que eliminen a los anfitriones que no cumplan las normas.
El pacto incluye la creación por parte de los Estados miembros de una ventanilla digital única para la recepción de datos de las plataformas (dirección, número de registro, dirección URL) sobre la actividad de los anfitriones de forma mensual. Las plataformas más pequeñas, no obstante, aquellas con menos de 4.250 anfitriones, podrán optar por un registro menos oneroso que les obligará a transmitir la información sobre la actividad cada tres meses. El reglamento se aplicará veinticuatro meses después de que Consejo y Parlamento Europeo aprueben formalmente la norma.
