El primer ministro dimisionario de Portugal, António Costa, asumió las funciones de la cartera de Infraestructuras en vez de buscar un sustituto a João Galamba, que dimitió como ministro el pasado lunes y es sospechoso en el caso judicial que hizo caer al socialista.

La Presidencia lusa informó este miércoles en una nota que Costa asumirá de forma transitoria las funciones y que mantendrá en el cargo al actual secretario de Estado de Infraestructuras, Frederico Francisco. Costa se mantendrá en funciones hasta que haya un nuevo primer ministro, después de las elecciones anticipadas convocadas para el 10 de marzo.

La legislación portuguesa permite al jefe del Gobierno asumir las funciones de una cartera de forma transitoria tras la salida de un ministro. La decisión fue anunciada un día después de que Costa y el presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, mantuviesen una reunión que había sido convocada la semana anterior con el objetivo de analizar el futuro de Galamba.

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Galamba es uno de los nueve arguidos (sospechoso formal, una figura previa a la acusación) en el caso de irregularidades en proyectos relacionados con el litio, el hidrógeno y un centro de datos que llevó a la dimisión del propio Costa.

La investigación de la Fiscalía se centra en las concesiones de explotación de litio en las minas de Romano y Barroso (norte), un proyecto para la construcción de un centro de datos, desarrollado por la empresa Start Campus, y otro de una central de producción de energía con hidrógeno, ambos en Sines.

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Cinco personas fueron detenidas, pero el lunes el juez decretó su libertad y consideró que no había indicios de delitos de corrupción y prevaricación en el caso como apunta la Fiscalía, aunque mantuvo los de tráfico de influencias. La Fiscalía, que pedía medidas de coacción más duras, confirmó a Efe que recurrirá esta decisión del juez.

Todavía no se sabe bien cuál es el alcance de la supuesta implicación de Costa, aunque la Fiscalía indicó que varios sospechosos han hablado de su supuesta implicación en el caso por «desbloquear procedimientos» y hay una investigación autónoma abierta en el Tribunal Supremo.

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