La preocupación en las filas socialistas, sobre todo en los territorios y cuadros autonómicos, crece a medida que se enquistan las protestas contra la amnistía. El acuerdo político con Junts y el registro de la ley de amnistía necesita de más pedagogía, tanto hacia dentro como hacia afuera. Una demanda de diferentes federaciones que Ferraz no ha tenido demasiado cuenta. Al menos hasta ahora, pues fuentes de la dirección justifican que el momento de la total “transparencia” y las explicaciones no podía producirse de forma preventiva. Una vez cerrado el texto de la amnistía y registrado en el Congreso, consideran que ha llegado el momento y anuncian una omnipresencia de ministros y portavoces en medios de comunicación para dar cuenta de sus argumentos. Combatir con ello las dudas internas y dirigirse también a la parte del electorado que no votó al PSOE ni a sus socios el 23-J, pero a quienes también debe intentar representar el próximo Ejecutivo.
La presión ambiental no se limita solo a la calle, sino también al poder judicial y a las asociaciones de jueces tanto progresistas como conservadoras que han arremetido contra el concepto de ‘lawfare’ incluido en el acuerdo. Finalmente, el texto de la ley de amnistía no lo ha incluido ni en la exposición de motivos ni en el articulado. Al mismo tiempo que aumenta esta presión y la contestación social sube de intensidad, con las manifestaciones de este domingo convocadas por el PP como punto de inflexión, voces con legitimación por parte de la actual dirección de Ferraz encienden las alarmas.
Este último es el caso de Josep Borrel, Alto Representante de la UE para Política Exterior y de Seguridad. “Me provocan alguna preocupación o bastantes preocupaciones lógicas”, reconocía desde Bruselas en referencia a los acuerdos con los independentistas para asegurar que se expresaría con mayor concreción más adelante. Eso sí, dejaba claro el mensaje de alerta que quería transmitir: “Todos los que me conocen en España y saben mi trayectoria personal y política previa pueden imaginar lo que pienso”. Unas declaraciones que trasladan las críticas en público, a modo de toque de atención, rebasando el bloque interno crítico con este proceso de negociación que se ha limitado a la vieja guardia, encabezada por Felipe González, y a los barones socialistas Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha) y Javier Lambán (Aragón), aunque este segundo con menor intensidad y contención.
Desde Ferraz avanzan que ahora llega el momento de las explicaciones. Tanto de la amnistía como de la “necesidad” de formar gobierno y poner en marcha la legislatura. Tras la discreción de las negociaciones, explican, “total transparencia y pedagogía en los acuerdos e iniciativas que llevemos a cabo”.
Sobre las protestas que se están reproduciendo en sus sedes, los socialistas entienden que, lejos de tener un efecto disuasorio en sus decisiones, los están cohesionando. “Es normal que se cohesione al partido cuando sufres amenazas y te pintan dianas en las sedes por toda España, y encima el que va a ser jefe de la oposición no condena esas actitudes”, concluyen.
Cohesión frente a la «amenaza»
Este mismo fin de semana, la mayoría de barones socialistas salieron en tromba con pronunciamientos similares defendiendo a su secretario general candidato a la investidura, además de pedir respeto para las siglas de su partido. Unos posicionamientos que coinciden con un editorial de urgencia lanzado desde el órgano de expresión del partido -El Socialista-, bajo el título de ‘No serán estos quienes nos dobleguen’. Su conclusión: “Por muchas piedras que nos lancen, pintadas en nuestras Casas del Pueblo, amenazas de todo tipo en las redes sociales, insultos… no van a lograr provocarnos. Solo van a lograr que nuestras convicciones sean todavía más fuertes y que el país conozca la alternativa al gobierno progresista que proponemos desde el PSOE”.
Las dudas, sin embargo, se instalan en algunos cuadros sobre los costes y beneficios de los acuerdos con los independentistas en los términos en que se han fijado. En Ferraz, con todo, se insiste en el argumentario de que la ley de amnistía acabará teniendo efectos beneficiosos a lo largo plazo para la “convivencia” en Cataluña y la normalización institucional seis años después de las “heridas” provocadas por el 1-O.
De los indultos a la amnistía
El ministro de la presidencia en funciones y encargado de liderar las negociaciones con los independentistas, Félix Bolaños, fue el encargado de hacer esta “pedagogía” tras el registro de la ley de amnistía ayer en el Congreso. Por un lado, insistiendo en la constitucionalidad de la norma. Por otro, en sus supuestos beneficios a medio plazo para resolver definitivamente “el conflicto político”. Como pasó con los indultos a los encarcelados por el ‘procés’, vaticina que pese a las reticencias “se reconocerá por una gran mayoría de la sociedad que [la amnistía es útil para que nuestro país sea un país mejor”.
Los socialistas tratarán de asociar la amnistía con la “convivencia” y la “normalización”, pero orillando esta cuestión para priorizar su agenda social. “Vamos a hablar de convivencia, pero también de becas, de ampliar salario y pensiones. Este será el motivo de la legislatura”, avanzaba Bolaños.
En esta línea, el discurso de investidura de Pedro Sánchez con el que arrancará el próximo miércoles, se referirá a la amnistía, pero la iniciativa tendrá mucho menos peso que la educación, la sanidad y las políticas laborales, entre otras. Medidas sociales, para superar el marco de la amnistía, que hagan más digerible el trago de un pacto con los independentistas no exento de riesgos y poco entusiasmo en las filas socialistas. No en vano, como se encarga de recordar en presidente de Castilla-La Mancha, hasta el 23-J la línea oficial de su partido situaba la amnistía fuera de la Constitución y una línea roja, junto al referéndum de autodeterminación.
