El director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, ha ordenado este lunes abrir expediente por falta muy grave, que puede conllevar la expulsión, a tres miembros del instituto armado a causa de distintas manifestaciones vertidas en los últimos días en relación con el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez entre el PSOE y Junts y la ley de amnistía. Así lo ha adelantado en exclusiva elDiario.es.
Dos de esos agentes, un sargento primero y un guardia civil, son miembros de la dirección de Aprogc, la asociación que emitió el comunicado el pasado viernes en el que prometían “derramar” su sangre en defensa de la Constitución y para evitar el acuerdo de Gobierno que, según han denunciado, atenta contra la Carta Magna y el Estado de Derecho, según detalla el medio citado en líneas anteriores.
Por su parte, el tercero de los expedientados integra la dirección de Jucil, la asociación mayoritaria que acusó al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de cometer “una gran felonía” al defender el acuerdo con Junts ante el Comité Federal de su partido.
La decisión del director general de la Guardia Civil en este sentido se ampara en la Ley Orgánica del Régimen Disciplinario de 2007 en la que se recoge como falta muy grave “la violación de la neutralidad o independencia política o sindical en el desarrollo de la actuación profesional” y por la que los expedientes impulsados conllevan, de manera intrínseca, el proceso de una investigación interna. Una vez cerrados, se barajará la posibilidad de una sanción o de archivar las actuaciones. Si la decisión final de la investigación radica en sanción, tal y como recoge la ley, el afectado perderá “la condición de militar de carrera de Guardia Civil, perdiendo los derechos profesionales adquiridos excepto lo derechos pasivos que hubiese consolidado”. En menor medida, también se contempla la suspensión de empleo por tres meses y un día hasta, como máximo, seis años.
El escrito de Marcos fue remitido a la Dirección Adjunta Operativa y a la Asesoría Jurídica y llevaba copia para la Jefatura de Información, encargada de identificar a los responsables del comunicado, que se había difundido únicamente con la firma de Aprogc.
El polémico comunicado de Aprogc
Con este telón de fondo, cabe recordar que esta situación dinamitó con el comunicado que difundió Aprogc en contra del acuerdo PSOE y Junts: “Estamos dispuestos a derramar hasta la última gota de nuestra sangre en defensa de la soberanía de España y de su ordenamiento constitucional”, rezaba el texto.
En el escrito difundido, esta organización recuerda que la Guardia Civil tiene en su poder “los instrumentos para ejercer el monopolio de la fuerza”. A su vez, dicen entender que los jueces son los únicos garantes de la ley a los que supeditarán sus actuaciones, pues insisten en que “solo la Administración de Justicia tiene legitimidad constitucional y capacidad material para velar en este momento porque los principios superiores de nuestro ordenamiento jurídico recogidos en el artículo 9 de la Constitución no se conviertan en papel mojado».
«Observamos esperanzados el compromiso y tenacidad del Poder Judicial para mantener su independencia y esperamos que encuentre el camino para preservar el Estado de Derecho. En su labor encontrarán nuestro firme e indudable compromiso, en aras de garantizar la igualdad ante la ley y su aplicación, especialmente ante quienes sistemática y arbitrariamente demuestran vocación de situarse por encima de todos y la ley”, añadían, aplaudiendo al tiempo los comunicados lanzados por diferentes asociaciones judiciales y por el Consejo General del Poder Judicial ante tal cuestión.
«Observamos el pacto publicitado con profunda preocupación. Consideramos que pretende vaciar de contenido la misión constitucional que tenemos encomendada las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, especialmente la policía judicial. ¿De qué ha valido tanto sacrificio durante décadas en cumplimiento de nuestra misión constitucional si al final nuestros jefes políticos traicionan toda la sangre derramada y todo el esfuerzo realizado por los guardias civiles, por los policías y por los jueces y fiscales en los últimos 40 años? ¿Cómo vamos a creer en que deberemos y podremos hacer cumplir la ley ante este mensaje de impunidad y fomento de la desatención de las normas?», plantearon. Además, y para sentenciar el texto, esta asociación recuerda que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen mandatado en el artículo 104 de la Constitución su “misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades públicas y garantizar la seguridad ciudadana».
La decisión de este lunes de expedientar a tres guardia civiles por esta causa coincide en tiempo y forma con el registro en el Congreso de los Diputados de la ley de amnistía por parte del PSOE, lo que da pie a que comience el proceso de tramitación parlamentaria por la que se aprobará próximamente la norma a través de la vía de urgencia.
