Cuando la ley entre en vigor, cerrará o borrará las causas judiciales abiertas a independentistas cátales desde el 1 de enero de 2012 hasta la actualidad. También afectará a los policías que participaron en las cargas del día del referéndum, entre ellos los 45 agentes que fueron procesados el pasado mes de enero en el Juzgado de Instrucción Número 7 de Barcelona por las cargas del 1-O en la ciudad condal.
En Espejo Público hemos hablado con Eduardo Luna, abogado de policías encausados por el 1 de octubre. Algunos de sus clientes estaban destinados temporalmente en Cataluña, realizando funciones de seguridad y custodia durante las protestas del año 2019 por la sentencia del proceso soberanista. El abogado afirma que se han enterado de la causa y citado para declarar en menos de una semana: «No hemos podido tener acceso a las actuaciones. En la comparecencia nos indicaron cuales eran los delitos base en los que podrían haber incurrido. Con ese escenario lo único que nos queda es decir que no podemos declarar porque hasta que no veamos la causa». Luna añade que «hasta que no entendamos porque han tardado cuatro años en procesar, no vamos a declarar.»
«Esto no es casualidad»
Al letrado no le parece demasiado casual esta citación: «esto no es casualidad, parece que se pretende que haya dos bandos amnistiables. De repente se ha activado una causa en la que los hechos son del año 2019. Una instrucción que no es compleja y se podría haber ventilado en los tiempos normales, en 1 o 2 años.»
Eduardo Luna cree que con esta decisión se está intentando engañar a la gente haciéndoles creer que hay dos bandos que se tienen que amnistiar. «Los delincuentes por un lado y los policías, que bajo ese prisma de los delincuentes actuaron mal, por otro lado. Me parece surrealista.» Y cree que se está persiguiendo a los que salieron en defensa de la legalidad. «Se persigue a los que estaban haciendo su trabajo y estamos intentando poner como delincuentes a los que salieron a cumplir ordenes y a hacer lo que tenían que hacer.»
