La Comisión Europea no aprecia colisión alguna de la proposición de ley de amnistía registrada por el PSOE este lunes en el Congreso de los Diputados con los principios y normas comunitarios, al quedar salvados los intereses financieros de la Unión Europea y excluirse los casos de lawfare, con lo que entiende que se trata de un asunto doméstico cuya evaluación correspondrá a las autoridades nacionales competentes.
Las principales preocupaciones del Ejecutivo comunitario respecto a la futura ley de amnistía eran su impacto en los intereses financieros de la Unión Europea y en el Estado de Derecho, concretamente en el principio de separación de poderes por la posibilidad de que abarcara casos de lawfare o guerra judicial. Pero según han informado fuentes comunitarias a la agencia Europa Press, esto no se produce, por eso no ven motivo para actuar en la ley.
Al ver el texto registrado este lunes por el PSOE en el Congreso de los Diputados han comprobado cómo sus preocupaciones se podían disipar, aunque matizan que el texto está siendo analizado en profundidad por los servicios jurídicos antes de ofrecer una opinión formal.
Concretamente, en el artículo 2 del texto presentado por el PSOE se detallan los supuestos que se excluyen de la futura amnistía, incluyendo entre ellos “los delitos que afectaran a los intereses financieros de la Unión Europea”. Y, respecto al lawfare, aunque no se menciona expresamente, se ciñen los actos amnistiados a los “vinculados directa o indirectamente al denominado proceso independentista”, señalando delitos de usurpación de funciones públicas, malversación, desobediencia, desórdenes públicos o prevaricación, dejando fuera otros como el blanqueo de capitales, organización criminal o asociación ilícita, falsedad documental o contra la Hacienda Pública.
Si se hubiera dado el caso en el que se hiciera referencia al lawfare, la Comisión Europea sí hubiera optado por actuar, tal como han afirmado las mismas fuentes, pero al recogerse únicamente en un acuerdo entre partidos políticos, queda fuera del alcance de Bruselas. Porque, en este respecto, señalan que el Ejecutivo comunitario no puede convertirse en un “actor político” en los Estados miembro.
Así, consideran que esta ley de amnistía es un asunto de ámbito nacional cuyo control le corresponde a las autoridades competentes nacionales, empezando por el Parlamento y terminando por el Tribunal Constitucional, que tendrá la última palabra sobre su legalidad.
Sobre las críticas de las derechas asegurando que es una cesión de Pedro Sánchez al independentismo catalán para conseguir sus votos en la investidura, las fuentes puntualizan que los motivos no tienen relevancia para la Comisión Europea porque son los órganos nacionales quienes deben evaluarlas.
En este sentido, descartan cualquier tipo de paralelismo con el caso de Rumanía, cuando Bruselas avisó de que actuaría si se aprobaba la ley de amnistía propuesta por el gobernante del Partido Social Demócrata para perdonar a Liviu Dragnea, que había sido condenado a tres años y medio de cárcel por abuso de poder. En este caso aseguran que se trataba de una ley diseñada para beneficiar directamente al líder del partido gobernante, una situación que no se da hoy en el caso de España.
