Consternación en el Tribunal Supremo (TS) ante la proposición de ley de amnistía presentada por el PSOE en el Congreso de los Diputados este lunes. Consideran que se trata de una «barbaridad» que «supone acabar con la Justicia», la cual ha sido el foco de trabajo de esta sede judicial durante los últimos seis años.
Fuentes del alto tribunal consultadas por Europa Press subrayan que, bajo la legalidad vigente, la labor de jueces y magistrados consistía en perseguir los delitos vinculados al ‘procés’. Esta tarea se inició tras el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, y la ley de amnistía propuesta ahora se percibe como un acto que implica «desechar» dicho trabajo.
Cabe recordar que el Tribunal Supremo juzgó y condenó en 2019 a 12 líderes independentistas por el 1-O, entre ellos el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras, y que en esa misma sede judicial aún hay causas abiertas contra el ex presidente catalán Carles Puigdemont y sus ex consejeros fugados.
Las citadas fuentes denuncian además que, en contra de lo que defiende el propio texto, se trata de «un traje a medida» para los líderes del ‘procés’ y sus colaboradores.
La proposición de ley para amnistiar al independentismo catalán presentada a última hora de este lunes en solitario por el PSOE abarca más de una década del ‘procés’: desde el 1 enero de 2012 -pasando por la consulta del 9 de noviembre de 2014, el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y los disturbios tras la sentencia del ‘procés’ en 2019- hasta este lunes 13 de noviembre.
El texto -que consta de 16 artículos, divididos en tres títulos, dos disposiciones adicionales y una disposición final- propone amnistiar la «responsabilidad penal, administrativa o contable» de los actos ejecutados en el marco de las consultas celebradas en Cataluña.
Los socialistas plantean exonerar «los actos cometidos con la intención de reivindicar, promover o procurar la secesión o independencia de Cataluña, así como los que hubieran contribuido a la consecución de tales propósitos». Para ello, incluye delitos tales como los de usurpación de funciones públicas, malversación, prevaricación, desobediencia y desórdenes públicos.
Según detalla la proposición, la amnistía abarca no solo la organización y celebración de la consulta y el referéndum, sino también otros «posibles ilícitos que guardan una profunda conexión con los mismos», en referencia a los actos preparatorios, las diferentes acciones de protesta para permitir su celebración o mostrar oposición al procesamiento o condena de sus responsables.
El texto incluye a su vez los «actos de desobediencia, cualquiera que sea su naturaleza, desórdenes públicos, atentado contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos o resistencia que hubieran sido ejecutados con el propósito de permitir la celebración de las consultas populares» o con el propósito de mostrar apoyo a los objetivos y fines del ‘procés’. Y, asimismo, propone amnistiar «las acciones realizadas en el curso de actuaciones policiales dirigidas a dificultar o impedir la realización» de dichas consultas.
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