Los sindicatos de la Policía Nacional han reaccionado a la proposición de ley para amnistiar al independentismo catalán señalando que supone un «insulto» para las Fuerzas de Seguridad del Estado, ya que perdona a todos los políticos y manifestantes violentos del referéndum del 1-O y la sentencia del ‘procés’, mientras que excluye a «gran parte» de los agentes si están investigados por delitos de torturas, tratos inhumanos o degradantes.
Las organizaciones mayoritarias de la Policía -como también de la Guardia Civil- llevan semanas mostrando su rechazo a la norma y que se les «equipare» con los líderes del ‘procés’. Este lunes han reiterado su queja por el «ataque flagrante al Estado de Derecho«, añadiendo que temen que la «impunidad» conlleve más crispación y «enfrentamiento entre españoles».
Los datos que barajan fuentes del colectivo policial apuntan a que serían al menos 73 los agentes que se podrían acoger a la amnistía pactada entre el PSOE y los partidos independentistas para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.
En concreto, afectaría al menos a 27 policías y un guardia civil que un juez envió a juicio por delitos de lesiones en Girona, descartando delitos de torturas y contra la integridad moral, que son los que se mantienen en la ley como excluidos para poder ser amnistiados «siempre que superen un umbral mínimo de gravedad». Hay también otros 45 agentes de la Policía procesados por las cargas en Barcelona, aún pendientes de si van a juicio por delitos de lesiones o torturas.
«Ataque flagrante» al Estado de derecho
Según Jupol, la futura ley de amnistía -de acuerdo al borrador del acuerdo- mantiene las dudas sobre el alcance de los funcionarios policiales ya que «deja fuera a la gran mayoría de agentes imputados por el 1-O y los disturbios en Cataluña de 2019«.
El objeto de la crítica se centra en que la norma pactada con el partido de Carles Puigdemont en un principio incluye las acciones realizadas en el curso de actuaciones policiales para frenar la independencia en Cataluña, pero luego excluye los casos que afecten a agentes implicados en «actos dolosos» como la pérdida o la inutilidad de un órgano, miembro o sentido, así como delitos de torturas o de tratos inhumanos.
«Esta ley es un ataque flagrante al Estado de Derecho, a la separación de poderes y a la Constitución, y una falta de respeto a los miles de policías que arriesgaron su vida», denuncia Jupol.
El sindicato compara esto con los acusados de delitos de terrorismo para advertir de la «trampa» que supone «poder excluir a los policías investigados de la amnistía e incluir en esta a todos los miembros de grupos independentistas». «Se beneficia a los impulsores del intento de golpe de Estado y a los manifestantes violentos que sembraron el caos en 2017 y en 2019 en las calles de Cataluña», añaden.
«Es una ley que dejará imputados a policías y perdonará los presuntos delitos de los CDR, de Tsunami Democràtic y del propio Puigdemont, que deberían ser procesados por terrorismo, tal y como ya ha expresado la Justicia», continúa JUPOL, que denuncia el «menosprecio absoluto a los 10.000 policías» trasladados a Cataluña para frenar el 1-O.
Buscarán la libre absolución
El SUP ha criticado que la proposición de ley «deja fuera a gran parte de los agentes encausados«. «Pero decimos alto y claro que trabajaremos sin descanso con nuestros servicios jurídicos para lograr la libre absolución de todos ellos, porque son héroes y como tal van a ser recordados por la historia», advierte el sindicato, que añade: «Quienes han limpiado las manos de los delincuentes, llenas de sangre de los policías, serán recordados como traidores«.
El sindicato expresa su «rechazo más enérgico posible» porque parte de la base de que los policías merecen ser amnistiados por un delito que niegan haber cometido. La ley, según ellos, «genera inseguridad, incertidumbre y desprotección al conjunto de la ciudadanía».
El SUP recuerda que asociaciones de víctimas también califican lo sucedido en Cataluña tras el 1-O como «terrorismo urbano» y que, «al igual que hacían los integrantes de ETA», muchos de los agentes se enfrentan a denuncias por torturas.
En su comunicado, el SUP menciona también que en el pasado los policías desplazados a Cataluña fueron «etiquetados como piolines» por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que muchos de estos agentes fueron «recibidos a pedradas por una minoría radical pero suficiente como para que varios de ellos hayan pasado a la situación administrativa de jubilación debido a las lesiones sufridas».
Por este motivo, desde el SUP han pedido a los ciudadanos que se desplacen a la Jefatura Superior de Policía de Cataluña en Vía Layetana a entregar nuevamente ramos de flores. «No olviden que somos los grandes garantes del Estado de Derecho y de la defensa de las libertades, entre otras del derecho de manifestación», apuntan.
Ejecicio de cinismo
En otro comunicado, la CEP ha reiterado que cualquier amnistía es una «herramienta legal», pero que «erosiona gravemente» el trabajo de las Fuerzas de Seguridad porque «traslada la equivocada idea de que la comisión de un delito puede salir gratis y puede quedar impune».
«Mezclar a servidores públicos ejemplares con quienes buscaron imponer por la vía de los hechos o por la fuerza una iniciativa abiertamente enfrentada a la Constitución Española constituye un insulto y un ejercicio de cinismo difícilmente superable, que merece nuestro rechazo más enérgico», ha señalado la CEP.
«Nos alegramos de que todos los policías investigados en juzgados de Cataluña puedan poner fin a este injusto calvario. Ahora bien, la forma elegida es la peor; la compañía, la más indeseable; y el momento, el más inapropiado», continúa CEP, que lamenta no haberse encontrado «una solución absolutamente alejada de quienes se saltaron la ley y rompieron la convivencia». En su opinión, Puigdemont y los otros líderes independentistas actuaron como «delincuentes».
En este sentido, la CEP también ha reclamado, una vez más, que las protestas ciudadanas contra la amnistía como las que se desarrollan en la sede del PSOE en Ferraz se canalicen con «pleno respeto a la ley», es decir, de forma pacífica y «rechazando y condenando cualquier algarada».
«Impunidad» y «crispación»
El texto de la proposición de ley también ha sido rechazado por UFP al considerar que «crea un escenario de impunidad para dejar sin castigo miles de delitos y sin responsabilidad a cientos de delincuentes que nada tienen que ver con las consultas aludidas», en referencia a las del 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017.
«Con esta ley se va a conseguir precisamente el efecto contrario al supuestamente deseado: impunidad, crispación en nuestras calles, enfrentamiento entre españoles y un clima que no nos va a llevar necesariamente a la consecución de ese interés superior que es la convivencia democrática», advierte el sindicato.
UFP también lamenta que en el texto de la ley de amnistía no se haga referencia a la labor de servidores públicos como los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), los conocidos como ‘antidisturbios’, muchos de ellos «heridos, ultrajados o expulsados de los hoteles solo por defender el orden constitucional con la supervisión del Gobierno y de los jueces». «Lo tendremos en cuenta de ahora en adelante», concluye su comunicado.
