La expansión que ha experimentado el mercado laboral alicantino durante el último año tiene un marcado acento extranjero. O, mejor dicho, una multitud de acentos, acorde a una población cada vez más diversa y que está permitiendo a sectores como la hostelería, la construcción o los servicios sociales mantener su crecimiento, en un contexto de envejecimiento y profundos cambios sociales, que limitan la disponibilidad de mano de obra local.
Los últimos datos de la Encuesta de Población Activa no dejan lugar a la duda. De los 57.500 nuevos ocupados la provincia ganó entre el tercer trimestre del año pasado y el mismo periodo de 2023, hasta 44.900 eran residentes de otros países. En otra palabras, que los extranjeros representan hasta el 78% de los nuevos empleados en la zona.
Una cifra muy elevada pero que sorprende menos si se tiene en cuenta que los extranjeros aportaron hasta el 85% del aumento de la población activa registrada en este periodo, es decir, de la gente en disposición de trabajar y que busca un empleo activamente.
De esta forma, el pasado verano trabajaron en la provincia 132.200 ciudadanos de otros países, frente a 738.100 españoles, con lo que su peso en la ocupación alcanzó el 15,2%. La llegada de estos nuevos profesionales fue crucial para atenuar el impacto del envejecimiento de la población local, que provoca que cada vez haya más trabadores mayores de 45 años y en edades cada vez más próximas a la jubilación, y menos en la franja comprendida entre los 25 y los 44 años.
En concreto, sin la aportación de los extranjeros, el volumen de ocupados entre los 25 y los 34 años habría descendido en más de 20.000 personas en el último año, y el de aquellos entre los 35 y los 44, en unas 18.000, de acuerdo con la EPA.
Una realidad que conocen bien en el sector de la construcción. «Si no fuera por los extranjeros, apenas habría jóvenes en las obras«, admite Javier Gisbert, presidente de la patronal FOPA, una organización que lleva años denunciando las dificultades del sector para encontrar mano de obra. «Desde que estalló la crisis inmobiliaria y se fue mucha gente al paro, la construcción no ha sido capaz de atraer a las nuevas generaciones, a pesar de que las condiciones han mejorado mucho», señala el portavoz de los empresarios.
Así, las medidas de prevención han rebajado considerablemente la dureza del trabajo y los sueldos van desde los 22.000 euros aproximadamente que puede cobrar un peón -1,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional- hasta los más de 30.000 euros que puede recibir un oficial, según asegura Gisbert. Sin embargo, nada ha dado resultado para aumentar el interés de los trabajadores locales por esta actividad.
Convenio
Desde FOPA consideran que es clave reciclar a los parados y, por ejemplo, reducir el tiempo necesario para lograr la acreditación de los trabajadores desde los dos años que ahora son necesarios para obtener un ciclo medio de FP, a cursos que combinen seis meses teóricos y otros seis de formación in situ. Sin embargo, a corto plazo la única salida que ven es la llegada de más extranjeros.
De hecho, FOPA acaba de firmar un convenio con una empresa especializada para empezar a contratar trabajadores sudamericanos en origen y paliar esa situación.
En total, en el último año el número de ocupados extranjeros en las obras alicantinas ha pasado de 20.200 a 24.800, aunque no es, ni mucho menos, la única actividad donde esto ocurre. De hecho, el incremento es generalizado. Así, la agricultura emplea a 5.500 ciudadanos de otros países, frente a los 2.400 de hace un año; en la industria se ha duplicado la cifra, con 11.900 ocupados en el tercer trimestre de 2023, frente a los 5.100 del mismo periodo del año pasado; y en los servicios el salto ha sido más que considerable: de 59.500 a 90.000.
«Para nosotros ha sido fundamental la incorporación de los trabajadores extranjeros en los últimos años. Es lo que nos ha permitido seguir funcionando», asegura la presidenta de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Alicante (Apeha), María del Mar Valera, que valora especialmente la disposición de estos profesionales foráneos y lamenta que entre las nuevas generaciones no se contemple el sector como una alternativa para desarrollar una carrera profesional.
Al igual que su homólogo en la construcción, defiende que los salarios que ofrecen son competitivos y que los propietarios de los establecimientos cada vez tratan de ofrecer también mejores condiciones en cuanto a horarios o libranzas.
Junto con los anteriores, los ciudadanos de otros países ya supone una parte fundamental de la mano de obra de actividades como el comercio o los cuidados sociosanitarios, entre otros muchos.
Más expuestos a abusos y con techos de cristal
El secretario de Empleo de CC OO en l’Alacantí-les Marines, José María Ruiz Olmos, destaca la importante contribución que realizan los trabajadores inmigrantes a la economía y lamenta que siga siendo un colectivo más expuesto a la precariedad y a los posibles abusos. «En muchos casos, por la necesidad de mantener los permisos o por su situación económica, tienen más difícil plantar cara y decir que no a los empresarios que quieren aprovecharse», denuncia el responsable sindical. En este sentido, los datos de la EPA reflejan que, aunque ha crecido mucho la cifra de extranjeros indefinidos –de 40.200 a 74.300-, también lo ha hecho la de aquellos que están con contratos temporales, que pasan de 16.800 a 33.400, una figura que entre la población española se ha reducido. Además, Ruiz Olmos también apunta la existencia de «techos de cristal» que, al igual que ocurre con las mujeres, suponen un freno entre los profesionales llegados de otros países a la hora de ascender y ocupar cargos de mayor responsabilidad.
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