Los eurodiputados han podido oír esta semana de primera mano a Keltouma Amagrout. Ella es mediadora, trabaja en Huelva Acoge, y sabe de primerísima mano qué pasa con los asentamientos chabolistas donde vive buena parte de la mano de obra inmigrante que trabaja en los invernaderos de los frutos rojos. De sus vivencias quiso destacar la charla con un inmigrante, al que un incendio en las chabolas donde vivía le arrebató todo. “Cuando volvió de trabajar, no tenía nada”, contó la mediadora este miércoles en el Parlamento europeo en Bruselas. Ella trató de darle ánimo, instándole a dejar la chabola y tratar de buscar un alojamiento en el pueblo más cercano. Él “muy frustrado”, “de Ghana o de Guinea”, le abrió muchos los ojos y le dio una explicación que a Keltouma no se le olvida: “Nosotros somos como un tractor. Nos quieren ver en el campo pero no en el pueblo. No ves pasar a un tractor por el pueblo, ni ahí aparcado, a nosotros no nos quieren allí”.
De la mano del eurodiputado de IU Manuel Pineda, la organización Andalucía Acoge han traslado esta semana al comisario europeo de Empleo los resultados del informe “Asentamientos 2022. Consecuencias de la discriminación en los asentamientos de Huelva y la comarca de Níjar (Almería)”. Ese estudio arroja datos reveladores sobre la situación de discriminación que viven estos trabajadores, muchos alojados en infraviviendas, sin empadronar, sin acceso a la luz o agua, y sin que se cumpla la legislación laboral, aún estando en situación regular, con papeles y contrato. “Viven peor que el ganado”, lamentó el eurodiputado malagueño.
Por debajo del convenio
Ángel Madero, coordinador del informe de Andalucía Acoge, puso el acento en la realidad extremadamente difícil que viven miles de trabajadores del campo “para que la fruta y las verduras lleguen a las casas de Europa”. Alrededor del 30%, según la muestra analizada, está en situación administrativa regular y a todas estas personas se les niega igualmente el acceso a servicios tan básicos. El 80% de las personas que participaron en este estudio admiten no tener acceso a agua corriente y potable y un 85% no tienen acceso a electricidad. El 60% de las personas consultadas tiene dificultad para obtener una cita médica.
Entre los datos más significativos de esta investigación figura que más del 95% de las personas manifiestan no tener vacaciones y en muchos casos (67% en Huelva y 22% en Níjar) ni siquiera descanso dentro de la jornada laboral. Jornadas que pueden llegar a ser de 7 días a la semana y de 10 horas al día, y que aun así no les aseguran cobrar lo que establece el convenio: un 94%, en Huelva, y un 88%,en Níjar, cobran por debajo del jornal.
Multas en ayudas UE
Las soluciones señaladas por la ONG Andalucía Acoge pasan por redoblar la inspección laboral y sobre la mesa estuvo también la importancia de cumplir la exigencia de que las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) se vinculen al cumplimiento de los derechos humanos y laborales. El importe total de las ayudas directas de la PAC para España en la campaña 2023 asciende a 4.875 millones de euros.
La Política Agraria Común (PAC) vinculará en España el cobro de las ayudas al cumplimiento de las reglas laborales desde 2024. La PAC que ha entrado en vigor este año incluye la “condicionalidad social” de las subvenciones, estarán vinculadas al cumplimiento de una lista de normas laborales; de lo contrario, se penalizará con recortes de las subvenciones del 3 % al 100 % en España ya el próximo año. Esta condición social será obligatoria en 2025 en toda la Unión Europea (UE).
El Gobierno andaluz aprobó, el pasado octubre, el adelanto de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) de 2023, que ya cobran los agricultores y ganaderos andaluces. En total, 202.124 productores recibirán este anticipo de las subvenciones europeas, algo más de 785 millones de euros, cantidad que se corresponde con el 70% de las ayudas que la Unión Europea concede adelantar, tal y como pidió Andalucía, a los profesionales del campo andaluz en el presente ejercicio. A Huelva le corresponden 24,9 millones de euros, a repartir entre 5.847 perceptores de la PAC. Almería tendrá a su disposición 13,3 millones de euros para 5.054 productores agrarios.
Las organizaciones agrarias lamentan que se esté “criminalizando” la imagen del agricultor, porque, dicen, ya existen convenios y herramientas que garantizan las buenas prácticas. Pero los datos aportados por Andalucía Acoge a la UE señalarían que no se cumplen como deberían.
Mujeres invisibles
Desde Huelva Acoge, Emma González, que también participó en la delegación desplazada a Bruselas, pidió que se intensifiquen las inspecciones laborales en el campo y que se forme a los inspectores para detectar también casos de abusos sexuales y de trata de mujeres. “Hay un total de 39 núcleos chabolistas dispersos en toda la provincia de Huelva, la mayoría a partir de siete kilómetros de un núcleo urbano. Esto hace todavía más invisible a la mujer y la convierte en una víctima aún más vulnerable en casos de agresiones o violencia de género”, señaló. “Pasan mucho miedo”, explicó.
No es la primera vez que la situación de los asentamientos ilegales de Andalucía llega a la capital comunitaria. En marzo de este año, IU registró en la Comisión de Peticiones de la Eurocámara una iniciativa para que las instituciones europeas “tomasen medidas urgentes”.
En la provincia onubense se calcula que malviven más de 3.000 personas en unos 40 asentamientos. En Almería se contabilizan 69 asentamientos que acogen a entre 5.000 y 7.000 personas. El Parlamento Europeo ha anunciado esta semana que investigará las condiciones de vida de estos trabajadores agrícolas, a raíz de una queja presentada por Izquierda Unida, Almería Acoge y la Asociación Multicultural de Mazagón. El 75 % de los residentes en asentamientos son hombres de unos 32 años fundamentalmente subsaharianos y marroquíes, con más de tres años de residencia en España y, más de la mitad, en situación irregular.
