“Detrás de la discapacidad, hay grandes capacidades”. Más allá del eslogan, la frase revela lo difícil que es para una persona con discapacidad, física, sensorial, intelectual u orgánica, encontrar un trabajo que le permita tener una vida lo más normal posible. Efectivamente, las estadísticas hablan por sí solas. Según el Instituto Nacional de Estadística, en términos generales, siete de cada diez personas con discapacidad están en el paro. Con todo lo que eso supone. Porque no tener trabajo significa no solo depender económicamente de alguien, sino también, y lo que es peor, asomarse al abismo de la exclusión social y la pobreza.
En parecida situación a las personas con discapacidad se encuentran muchos otros colectivos vulnerables –personas sin hogar, mujeres víctimas de violencia machista y de redes de trata, inmigrantes…– que también lo tienen francamente difícil para insertarse laboralmente, a pesar de las muchas ventajas que, en realidad, supone para las empresas la incorporacion de la diversidad.
Afortunadamente, las administraciones, o parte de ellas, son cada vez más conscientes del papel que deben jugar para promover la incoporación de estos colectivos al tejido empresarial. Y cada vez existen más vías y herramientas encaminadas a conseguirlo, como hicieron constar en el transcurso del Foro Emprego e Inclusión organizado por EL CORREO GALLEGO la conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, Elena Rivo; el presidente de la Asociación Empresarial Galega de Centros Especiais sen Ánimo de Lucro (CEGASAL), Herminio Martínez, y la presidenta de la Asociación de Empresas de Inserción de Galicia (AEIGA), Isabel Fraga.
La conselleira de Promoción do Emprego mostró el compromiso de la Administración autonómica con las herramientas que faciliten la incorporación de estos colectivos al mundo laboral y elogió el papel que desempeñan los centros especiales de empleo y las empresas de inserción, que, dijo, “van muy por delante” del conjunto de la sociedad en todo lo que tiene que ver con la economía solidaria, la transición verde y la sustentabilidad.
Efectivamente, y como recordó el presidente de CEGASAL, los primeros centros especiales de empleo empezaron a funcionar en Galicia hace unos treinta años. Hoy en día, CEGASAL agrupa a 32 de estos centros, que, en conjunto, aglutinan a más de 2.150 personas con discapacidad. Herminio Martínez quiso destacar la “enorme ilusión” con que cada una de estas personas viven su incorporación al mercado laboral. “Que puedan trabajar es la mejor manera de inclusión en la sociedad”, aseguró. A pesar de lo avanzado, cree que todavía existe mucho estigma sobre la discapacidad en sus diferentes formas: física, sensorial, orgánica o intelectual. Pero subraya que se buscan los empleos más adecuados. “No miramos lo que no se puede hacer, sino las capacidades de cada persona”, explicó. Y a la vista de los resultados, saben lo que hacen, pues CEGASAL consigue insertar laboralmente a unas 200 personas al año.
“No miramos lo que no se puede hacer, sino las capacidades que tiene cada persona con discapacidad”
Por lo que respecta a las empresas de inserción, orientadas a buscar empleo a colectivos en riesgo de exclusión, son mucho más recientes –la normativa data de 2007– y mucho menos numerosas. Solo hay trece en funcionamiento en toda Galicia. Isabel Fraga, presidenta de la asociación que las aglutina, cree que es porque a las entidades promotoras –Cáritas, Cruz Roja, Proyecto Hombre, Fundación Renacer, Asociación Amicos…– “les cuesta dar el salto que supone pasar de prestar asistencia a montar una empresa”, como ocurrió en su día con Arroupa, la empresa que Cáritas de Santiago creó en su día para vender la ropa que obtiene a través de donaciones y que cuenta con 30 personas en plantilla.
Estas empresas de inserción trabajan en contacto con los servicios sociales de los ayuntamientos, que son los que estudian la situación de cada persona en riesgo de exclusión y deciden si pueden entrar en un itinerario sociolaboral individualizado. Si es así, AEIGA entra en escena para conseguir que estos colectivos con muy bajo nivel de empleabilidad “accedan al mercado ordinario”.
Pese a las dificultades, Isabel Fraga es optimista. Actualmente, las empresas agrupadas en AEIGA dan empleo a 450 personas en riesgo de exclusión, mientras que anivel de inserción laboral están en el 60 o 70 por ciento de itinerarios finalizados. “Es importante tener una gran tolerancia a la frustración”, admite.
Contratación reservada
Una de las vías más efectivas para impulsar el empleo inclusivo es, como apuntaba la conselleira Elena Rivo, la de la contratación reservada, que supone que en los propios pliegos de los contratos de la Administración se reserva un porcentaje para empresas de inclusión. “Galicia fue pionera. Siempre superó la tasa fijada a nivel estatal y ahora mismo estamos en el 6%”, aseveró la conselleira, que incidió en que existe una comisión de seguimiento que vela porque realmente se cumpla esta disposición. “Es una forma real de potenciar la economía social y la inclusión de las personas en riesgo”, afirmó Herminio Martínez, que pide a la Administración gallega que siga optando por esta fórmula.
También la presidenta de la Asociación de Empresas de Inserción cree que la contratación reservada es una herramienta fundamental, sobre todo porque la Administración sabe en qué ámbitos son especialmente fuertes las empresas de inserción laboral y los centros especiales de empleo –jardinería, transporte o limpieza–.
Eso sí. Isabel Fraga se muestra muy crítica con las entidades locales que no cumplen con lo que establece la Ley de contratos públicos. “Hay ayuntamientos que son sensibles en este asunto, pero otros no lo son en absoluto”, sostiene.
“Muchos ayuntamientos incumplen su obligación de reservar una parte de sus contratos para empresas de inserción”
A modo de ejemplo, relata que en Cáritas existen en toda España 47 empresas de inserción que trabajan en el textil. “Son 47 de las 300 empresas que hay en España, es decir, es un número significativo”, puntualiza. Por ello, cuenta, la Ley de residuos obliga a que el 50% de toda la recogida de textil que se hace en los ayuntamientos sea objeto de contratación reservada. Sin embargo, desde su entrada en vigor, en septiembre del año pasado, han tenido que presentar en torno a treinta recursos “porque los municipios incumplen reiteradamente sus obligaciones. Ganamos los recursos, pero no sabemos si es desconocimiento o falta de voluntad”, señala Fraga.
Además de apostar por la contratación reservada, Galicia ha suprimido las limitaciones del régimen de minimis, de manera que obtener un contrato no impide conseguir otro tipo de subvenciones. “De esta manera podemos ayudar todo lo que queramos a los centros especiales de empleo y a las empresas de inserción. No hay límite”, explicitó Rivo.
De cara al futuro, uno de los retos que se apuntan es el de visibilizar mejor cómo trabajan estas empresas y entidades. “Trabajamos mucho a nivel interno, pero fallamos en la comunicación”, reconoce Rivo. Además, coinciden, es necesario trasladar el mensaje de que, en realidad, este tipo de entidades aportan más de lo que reciben. “Son las grandes desconocidas”, cree la conselleira, porque “parece que son totalmente subvencionadas y, sin embargo, el 80% generan sus propios ingresos”. “Hace falta divulgación y formación”, añade Herminio Martínez.
“Llegar a la sociedad en general nos cuesta muchísimo”, admite Isabel Fraga, partidaria de trabajar para visibilizar “nuestra monetización del valor social”. “Nuestras empresas están subvencionadas, pero el retorno que damos a la sociedad y a la propia Administración es muy alto”. Como ejemplo, explica que en Arroupa, empresa que dirige, por cada euro que se recibe, se devuelven 5 a la sociedad y 9 a la Administración. “Pasamos de políticas pasivas de empleo, con personas que residen en viviendas pagadas por Cáritas y que cobran una Risga a cambiar vidas de personas que empiezan a cotizar en una empresa”, dice.
Para Herminio Martínez, otro de los retos es visibilizar la diferencia que existe entre los centros especiales de empleo con y sin ánimo de lucro. “Es importante incidir en que nosotros reinvertimos los beneficios en el propio centro”, puntualiza.
Tanto Martínez como Fraga son conscientes de que las entidades en las que trabajan seguirán siendo necesarias. “En España hay más de 13 millones de personas en riesgo de exclusión social. Nadie está libre de verse en una situación así. Lo hemos visto con la crisis, la pandemia y la guerra. Solo por eso continuaremos existiendo”, zanja Isabel Fraga.
Rivo: el empleo es la mejor contribución a la política social
En Galicia hay más de 3.000 empresas que hacen economía social, también llamada economía social y solidaria. Son cooperativas, cofradías de pescadores, mancomunidades de montes vecinales, organizaciones agrarias, fundaciones, asociaciones y entidades, centros y empresas que promueven la inserción de colectivos que lo tienen especialmente difícil.
En total, este ecosistema representa más del 7% del Producto Interior Bruto (PIB) gallego, lo que supone un impacto de unos 850 millones de euros al año. Así lo confirmaba la conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, Elena Rivo, en la apertura del Foro Emprego e Inclusión, organizado por EL CORREO GALLEGO.
Rivo quiso incidir en el compromiso del Gobierno gallego con empresas y entidades que “demuestran que hay otra manera de hacer las cosas” y son ejemplo de que la eficiencia empresarial y la responsabilidad social “son compatibles”.
“La economía social sitúa a las personas en el centro y demuestra que hay otra manera de hacer las cosas”
Lo cierto es que los datos avalan el dinamismo de la economía social. El año pasado nacieron en Galicia 124 nuevas cooperativas, promovidas por 542 personas. Además, se crearon 24 nuevas sociedades laborales que implicaron a 59 personas y 7 nuevos centros especiales de empleo. En conjunto, al cierre de 2022 se contabilizaban en Galicia 1.690 cooperativas, 124 centros especiales de empleo, 1.414 sociedades laborales y 13 empresas de inserción.
Todas ellas, recordaba la conselleira, buscan “situar a las personas en el centro” y facilitar la cohesión social. En este sentido, Rivo aseguró que la Xunta confía en la eficacia de este ecosistema económico y apuesta por él para fomentar un empleo “inclusivo, igualitario y solidario”, porque “el empleo abre las puertas del bienestar” y es “la mejor contribución a la política social”.
Más de 43 millones
En su intervención, Rivo avanzó que la economía social será uno de los ejes estratégicos de actuación de la Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade. Así, el departamento autonómico destinará a este ecosistema de empresas y entidades que revierten sus beneficios en la propia organización un presupuesto que en 2024 aumentará un 3% respecto a 2023. Esto supondrá un millón y medio de euros más, hasta superar los 43,6 millones de euros.
Uno de los retos, reconoció la conselleira, es visibilizar la economía social. Para ello, la Xunta cuenta con la Rede Eusumo, que lleva once años formando y asesorando a las entidades de la economía social y del cooperativismo. Una red que cuenta con 95 entidades socias y que permitió tutorizar el año pasado 120 proyectos con 232 personas, de las que el 60% eran mujeres.
La conselleira avanzó, además, que seguirán impulsando programas que permitan consolidar este tipo de iniciativas de economía social, como Aprol (para fomentar la incorporación de trabajadores a cooperativas y sociedades laborales), ES-Factory (aceleradoras de emprendimiento), ES-Transforma (para recuperar negocios sin relevo generacional) y Bono Consolida (que busca la transformación digital y la mejora de la eficiencia energética de estas entidades).
Rivo sostuvo que su departamento seguirá trabajando para promover el empleo inclusivo, que considera ”fundamental en una Galicia para todas y todos”. Para ello, recordó, existen ayudas a la creación y al mantenimiento de puestos de trabajo en las empresas de inserción y los centros especiales de empleo. También se apuesta por la formación dual para las personas con discapacidad intelectual y con problemas de salud mental.
Nueva ley de cooperativas
La conselleira recordó que cada vez existen en Galicia más cooperativas, que necesitan una legislación autonómica adaptada a los nuevos tiempos. Por ello, y como avanzó esta semana el presidente gallego, Alfonso Rueda, la Xunta trabaja en la modificación de la ley por la que se rigen las cooperativas para, entre otras cosas, agilizar la burocracia.
Un sector en el que, como destacó Rivo, tienen un enorme peso las mujeres, que representan el 48% de total de socios promotores. La conselleira también hizo hincapié en el protagonismo que tiene Galicia en el cooperativismo estatal, pues 21 cooperativas gallegas se sitúan en estos momentos entre las 600 más relevantes de España.
Polos de emprendimiento
La red de polos de emprendimiento que se está extendiendo por Galicia, con diez centros activos en estos momentos, es otra de las herramientas de las que, recordó Rivo, puede echar mano la economía social para, por ejemplo, asesorar la puesta en marcha de nuevas cooperativas. La previsión es que a final de año sean ya quince los polos en funcionamiento.
