El profesor Antoni Llabrés responde desde su triple vertiente de titular de Derecho Penal de la Universitat de les Illes Balears, redactor del dictamen de Sumar para la Ley de Amnistía y miembro de la junta directiva de la Obra Cultural Balear encargado de contrarrestar el embate castellanizador de PP/Vox.
¿Qué parte de la Ley de Amnistía lleva su firma?
Es difícil atribuir paternidades en un trabajo colectivo con cinco coordinadores, pero me he centrado en el perímetro de delitos amnistiables, dentro de un procés político que fue judicializado.
¿Y cuál es el perímetro que ha aplicado?
Proponemos una amnistía bidireccional, para políticos y policías, que incluye todos los delitos contra la Constitución incluido el terrorismo. Contemplamos dos paquetes en el ámbito comprendido entre 2013 y 2023. De un lado, la participación en los dos referéndum de 2014 y 2017. De otro, las protestas relacionadas con los derechos de reunión y manifestación. En cuanto a la represión policial, solo se exceptúan las torturas o los atentados contra la integridad moral.
¿Valtònyc se ha quedado fuera del perímetro?
No entra. Se queda fuera porque los hechos que se juzgarán en Sevilla no tienen que ver con el procés. La amnistía se ciñe a delitos de intención política y encaminados a la autodeterminación.
Tendrá usted opinión como penalista sobre la condena a Valtònyc.
La sentencia de 2018 se basa principalmente en una interpretación incorrecta del enaltecimiento del terrorismo. Este concepto se debería despenalizar, al igual que las injurias contra el Rey, la religión o el Estado, porque contradicen la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Solo son delito cuando suponen una incitación directa o inmediata a cometer un acto, esa «semilla que puede germinar».
¿Por qué es legal la amnistía? Dispone de doce líneas.
En primer lugar, no cabe duda de que es posible in abstracto. En segundo, esta amnistía concreta no debe infringir el principio de igualdad, lo cual se logra con su propósito de rectificación y superación de un conflicto político. En tercer lugar, la oportunidad política escapa a lo jurídico, pero es una amnistía de juguete frente a las que vemos ahora mismo en los países de nuestro entorno.
¿Tiene algún argumento sólido de amnistías europeas?
La amnistía es una figura utilizada en toda Europa. Portugal amnistió parcialmente a los menores de treinta años con condenas de hasta ocho años con motivo de la visita del Papa, Italia adoptó la medida para combatir la saturación de las cárceles, el Reino Unido adopta ahora mismo un perdón en Irlanda del Norte que paraliza la investigación de más de un millar de muertes violentas.
Algún argumento sólido habrá en contra de la amnistía.
Hay una confusión terrorífica, pero el principal argumento en contra dejará de ser la falta de encaje constitucional, para cuestionarla por una posible infracción del principio de igualdad.
Puigdemont necesita la amnistía tanto como Sánchez.
Son necesidades diferentes. Sánchez pretende continuar como presidente del Gobierno, mientras que Puigdemont aspira a retornar a su vida civil, aunque quizás también tenga intenciones de mantenerse en política.
Puigdemont terrorista es una sobreactuación.
Que enlaza con una tendencia de sectores de la judicatura a lo largo de los últimos seis años, en conexión con el procés. El lawfare se está empleando a fondo.
El catedrático García Rivas, que lo incorporó a usted a la redacción de la ley, habla de Partido Judicial.
Es una expresión que me gusta mucho, con miembros del aparato judicial que adoptan una estructura fuera del sistema de partidos políticos, pero con los resortes y objetivos partidistas.
Redactar la ley de amnistía es el comienzo de una hermosa carrera política.
En ningún caso. Fue un encargo estrictamente profesional del negociador Jaume Asens a García Rivas. Este catedrático convocó a profesores de Derecho Penal de distintas autonomías.
La amnistía hubiera sido más digerible con el compromiso de los independentistas de no volverlo a hacer.
Jurídicamente es un asunto prescindible. En una amnistía, el Estado renuncia a su potestad punitiva ante unos hechos concretos. Surge del poder legislativo, frente al indulto que es potestad del ejecutivo.
¿Cómo atacarán los jueces su ley de amnistía?
El escenario seguro es que paralizaran el procedimiento en cuestión y elevarán una cuestión al Tribunal Constitucional. Hay partidos que ya han anunciado futuros recursos como el PP, a diferencia de Vox que no puede hacerlo por carecer del número suficiente de diputados. También actuarán las comunidades instigadas por el partido que las gobierna.
¿Los jueces recurrirán sin excepción?
La ley ha de estar aprobada por el Parlamento antes de ser impugnada. Si un solo juez no presenta el recurso, entonces sus encausados quedarán amnistiados. ¿Qué sucedería en caso de una hipotética inconstitucionalidad futura? Es una paradoja sin una respuesta clara.
¿Por qué no hay ningún profesor de la UIB en el manifiesto proamnistía que usted firma con otros ilustres juristas?
Solo se han publicado los cien primeros nombres, los más destacados. Sin dar nombres, en la UIB hay profesores sensibles y comprometidos con esta y otras causas justas.
La Obra Cultural carece hoy de músculo para montar una macromanifestación como en el TIL.
No estamos en ese escenario, y hasta que lleguemos, tenemos tiempo de ir al gimnasio y desarrollar el músculo adecuado. Es evidente que ni la sociedad mallorquina ni los claustros de profesores son los mismos que hace diez años, pero habrá que ver hasta dónde llega la embestida del Govern.
El catalán no retrocederá ni avanzará en Balears.
El catalán retrocederá si desde los poderes públicos no se adoptan medidas. Estas decisiones a favor de la igualdad de las lenguas no son opcionales, están determinadas por la ley. Y en esta legislatura no hemos escuchado ninguna propuesta de promoción del catalán a cargo de Prohens.
Vox ha renunciado a la libre elección de lengua.
El plan del conseller Vera queda lejos de la propuesta inicial de Vox, que pretendía líneas puras en castellano durante todo el ciclo educativo. Sin embargo, en la Obra Cultural nos oponemos a cualquier cambio, de la envergadura que sea. Un consenso de 25 años no ha sido suficiente para permitir el dominio conjunto de las dos lenguas, entre otras cosas porque hay una tasa oculta de incumplimientos, con dejación en la supervisión y vigilancia.
El PP eliminará el catalán como requisito en la función pública, no se atreverá a dar un paso más.
Sus anuncios se apoyan en el Acuerdo Conjunto de Gobierno, por lo que el PP está ejecutando la política lingüística de Vox pese a que su programa solo contemplaba la eliminación del requisito en Sanidad y la elección de lengua en el primer ciclo. De este modo, son meros agentes de su socio y engañan a los votantes populares.
¿Puede haber libre elección de lengua sin segregación?
No, aunque ellos lo vestirán con eufemismos como el desdoblamiento o el agrupamiento flexible descritos en la LOMLOE. En cuanto separas a los alumnos por la lengua, infringes el «Principio de no segregación por razones lingüísticas», que figura en la Ley de Normalización y en la de Educación.
A cada problema, todas las miradas se vuelven hacia el Derecho Penal.
La célebre huida hacia el Derecho Penal como panacea. Los profesores estaríamos encantados de reducir el temario de la asignatura, donde se incluyen muchas conductas que no deberían figurar. Los políticos introducen medidas penales porque son gratuitas.
A menudo se trata de delitos relativos a la libertad de expresión.
Hay insultos desagradables que no constituyen un delito, para decir cosas agradables no hace falta libertad de expresión.
Tampoco le gustará la ley del solo sí es sí.
No me gusta la ley del solo sí es sí, ni tampoco la reforma que se llevó a cabo en el Congreso. El pecado original es que se quiso hacer tabula rasa. Si pones los abusos sexuales y las agresiones sexuales en un mismo cajón, estás empleando un marco penológico idéntico para conductas de gravedad muy diversa. Aquí está el problema. Se basaron en las deficiencias de la primera sentencia de la Manada que no etiquetó lo sucedido como violación, olvidando que había sido corregida por el Supremo.
¿Hay algún profesor de la facultad de Derecho que dé las clases en catalán?
Somos más de una veintena, en torno al 25 por ciento de la facultad. Cuando yo estudié, en toda la carrera solo tuve un profesor sobre veinticinco que daba las clases en catalán, Bartomeu Colom.
PP/Vox deben temblar al toparse con un penalista en la Obra Cultural.
Espero que no cometan infracciones penales, pero el Govern PP/Vox no era inevitable. La Obra Cultural inspiró la propuesta de ocho abstenciones incondicionales de la oposición de izquierdas en la investidura de Marga Prohens, por el bien del país y para que la presidenta iniciara la legislatura tras ganar holgadamente las elecciones. Se hubiera propiciado un cordón democrático, y el PP se habría ahorrado los problemas que afronta ahora.
