Hubo un tiempo en el que los presupuestos de las Administraciones públicas se hinchaban a base de inflar las partidas de ingresos estimados por la venta de suelo. Una práctica que hace años desapareció de las cuentas y que ahora conlleva que la cifra que se incluye suele llevar nombre y apellidos al estar vinculada a operaciones concretas. En el proyecto de ley presentado esta semana, la cifra asciende para 2024 hasta los 27 millones de euros, una cuantía tras la que está el pago que la multinacional Montepino hará al Gobierno aragonés por los suelos de la Universidad Laboral.
Esta venta de terrenos significará finalmente el «reembolso de 25 millones de euros», tal y como confirmaron este viernes a este diario fuentes oficiales del Departamento de Hacienda, que representa más del 92% de la cifra consignada en los ingresos de la comunidad para el año que viene por el concepto de enajenaciones de parcelas. Los otros dos millones que completan los 27 que aparecen en las cuentas elaboradas por el área que dirige Roberto Bermúdez de Castro, responden a «otras operaciones» de menor tamaño que también comportarán pagos a las arcas autonómicas.
No obstante, desde la DGA advirtieron de que estos 27 millones que aparecen en los presupuestos pretenden ser una estimación «realista», ya que hay otras operaciones pendientes de cerrar y otros pagos de ventas ya confirmadas que aún no esta claro si computarán en el ejercicio actual o en 2024. Por ejemplo el pago comprometido ya por Microsoft para la adquisición de suelo público para la implantación de sus centros de datos en el entorno de Zaragoza.
Si esta semana se acordaba el pago de los 24,5 millones que se van a ingresar por la enajenación de terrenos en el Parque Tecnpológico del Reciclado (PTR), aún está pendiente por confirmar uno de los tres emplazamientos escogidos por la multinacional, concretamente el que se localizaría en el entorno de La Puebla de Alfindén, que también podría acabar reportando un desembolso millonario dependiendo de si se ubica en suelo público o privado finalmente. Si este acuerdo se cierra en 2024 como se pretende, los ingresos por venta de suelo que aparecen en el presupuesto inicial se duplicaría, y todavía hay otras operaciones de compraventa que el Gobierno autonómico está negociando y que podrían fructificar en el próximo ejercicio.
Los ingresos por estas enajenaciones son un síntoma del buen momento que atraviesan los terrenos públicos aragoneses con respecto al interés que suscitan en el mercado y de la llegada de grandes empresas dispuestas a hacerse con centenares de miles de metros cuadrados en una sola operación, una vía de entrada de ingresos que a las arcas de la DGA le han venido muy bien en los últimos años y que, al parecer, tendrá continuidad en 2024.
Con respecto a la inversión de Montepino en los suelos de la Universidad Laboral, que sigue en proceso de demolición para facilitar la implantación de hasta tres operadores de distribución en 2025, quedaba por afinar la cifra de lo que finalmente pagaría la multinacional a la DGA por hacerse con esos terrenos y cuándo se haría el pago. Ahora, con el presupuesto ya presentado, es evidente que el desembolso se espera para el año próximo y, de hecho, podría materializarse en los primeros meses del 2024.
Mientras, la evolución de los últimos años en cuanto a la previsión de ingresos por venta de suelo, hacía 8 años que la estimación no se acercaba a la de este año en el presupuesto de la DGA. Para este 2023, por ejemplo, se previeron 5 millones, un 80% menos que la prevista ahora para el 2024. En 2022 y 2021 incluso se presupuestaron cero euros, aunque la afección de la pandemia del covid también obligaba a ser más precavidos. Para 2020 se incluyeron 4,59 millones y habría que remontarse a las cuentas de 2015 para encontrar una cifra parecida a la del año que viene en Aragón. Antes, la cifra inicial casi era idéntica año tras año, 12 millones, hace una década.
Ahora la previsión está más condicionada, por otra parte, a unas compraventas que se cimentaron en la legislatura pasada, con el PSOE en el Gobierno, con operaciones que dan sus frutos para las arcas de la DGA y que demuestran que la alfombra roja para grandes inversores no se traduce en suelo gratis.
