La ley de amnistía que han acordado PSOE y Junts tras varias semanas de negociación admite casos de ‘lawfare’ para los implicados en el ‘procés’. En concreto, el texto de acuerdo firmado entre ambas formaciones, y que abarca la próxima legislatura donde Pedro Sánchez volverá a ser presidente, dice lo siguiente: “Se constituirán comisiones de investigación que tendrá en cuenta para la aplicación de la ley en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto ‘lawfare‘ o judicialización de la política”.
Y añade: “Con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas». Junto a la amnistía con ‘lawfare’, otros puntos clave del acuerdo entre PSOE y Junts hacen referencia a pactos sobre el referéndum y financiación, y verificador internacional.
Llegados a este punto, surgen una serie de preguntas: ¿Qué es el ‘lawfare’? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿A qué casos del ‘procés’ podría aplicarse?
¿Cuándo surgió el ‘lawfare’?
Antes de concretar cuál fue el momento en el que nació el término, conviene definir qué es el ‘lawfare’. Según explicó Carles Puigdemont en redes sociales, se trata del “uso estratégico de las leyes para perjudicar a disidentes o rivales políticos”.
Se trata de un término que surgió de las palabras ‘law’ (ley) y ‘warfare’ (guerra) a finales de la década de los 50 del pasado siglo XX. Y se desarrolló para describir un fenómeno donde el derecho se emplea como instrumento de guerra. Dicho de otra manera, se usó para acusar al sistema judicial de ser manipulado para fines políticos (atacar, limitar o inhabilitar a un oponente político).
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Una de las zonas donde más se ha puesto de manifiesto este término ha sido en Latinoamérica. Por ejemplo, en Brasil. Allí, al ahora presidente, Lula da Silva, en su momento fue condenado a 12 años de prisión por corrupción. Por tanto, fue inhabilitado para la reelección presidencial, lo que propició el triunfo de Jair Bolsonaro.
Cuando alcanzó el poder, Bolsonaro nombró ministro al juez que había condenado a Lula da Silva. Sin embargo, la sentencia fue posteriormente anulada y da Silva ganó las elecciones. Otros países donde la aplicación de la justicia ha levantado sospechas de estar politizada han sido Venezuela, Argentina, Ecuador y Guatemala.
¿Cómo se desarrolla?
El ‘lawfare’, como ya se ha dicho, consiste en el empleo de procesos legales para destituir cargos públicos. O, dicho de otra forma, de usar el sistema judicial de un determinado país con fines partidistas.
Otros términos con los que se suele identificar son los de ‘judicialización de la política’ o ‘persecución judicial’. Y eso se puede traducir en la que justicia se emplee como arma política, y el incumplimiento de la separación de poderes, a la par que se pone en duda la independencia judicial de un Estado de derecho.
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¿Cómo puede llevarse a cabo? Una de las formas más habituales es la de abrir causas sin pruebas suficientes o justificadas. De esta manera, lo que se pretende es influir en la opinión pública y deslegitimar o inhabilitar cargos públicos. Sin olvidar que otra pretensión es la de bloquear los intentos de los acusados de recurrir sus acusaciones.
La razón que ha llevado a Junts a hacerse fuerte en este punto, e incluirlo finalmente en el acuerdo con el PSOE, es que esta técnica se ha usado con los políticos independentistas. No sólo con los que estuvieron en primera línea política, también con aquellos que estuvieron en las ‘trincheras’, los conocidos como ‘fontaneros’ del ‘procés’.
¿Quiénes serían los afectados?
El acuerdo PSOE-Junts, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, afirma que «la ley de amnistía debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones y procesos judiciales vinculados a estos eventos»
Entre las personas afectadas por ‘lawfare’, según Junts, estarían los afectados por el caso ‘Volhov’. Aquí lo que se investiga es el presunto desvío de fondos públicos para actividades vinculadas al proceso independentista.
Uno de ellos sería Josep Lluís Alay, considerado mano derecha de Puigdemont, y jefe de su oficina. Cierto que el juez de instrucción archivó la trama rusa que le afectaba, pero todavía tiene pendiente un juicio que se celebrará en febrero de 2024. En concreto, se le acusa de malversación, por asistir al referéndum en Nueva Caledonia en representación del exjefe del Govern. Un viaje que costó 4.580 euros. Se piden para él tres años de cárcel y 17 de inhabilitación.
Otro sería el exconseller Miquel Buch condenado por la Audiencia Nacional a cuatro años y medio de cárcel y 20 de inhabilitación por proporcionar un escolta a Carles Puigdemont en Bélgica. Situación similar recae en el agente de los Mossos d’Escuadra, Lluís Escolà.
Sin olvidar a Gonzalo Boye y Laura Borrás. El abogado de Puigdemont está siendo investigado por presunto blanqueo de capitales (nada que ver con el ‘procés’), mientras que la expresidenta del Parlament fue condenada a 4,5 años de prisión, y a 13 de inhabilitación, por fraccionar contratos para favorecer a un amigo cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas, dependiente de la Conselleria de Cultura.
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