El Tribunal Supremo da la razón de forma parcial a Naturgy al autorizar el cierre temporal de cinco centrales de gas, pero descarta que deba recibir indemización alguna por el tiempo de más que han permanecido abiertas. La eléctrica había solicitado el cierre durante cuatro años de cinco plantas de ciclo combinado al Ministerio para la Transición Ecológica en 2017 alegando que el enorme coste de mantenerlas abiertas no compensaba los ingresos que obtenían. Las plantas en cuestión se sitúan en Palos de la Frontera (grupos 1 y 3), Cartagena (grupo 2 y 3) y Sagunto (grupo 3).
El departamento que dirige la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, no contestó a la solicitud de la energética y optó por el silencio administrativo hasta en dos ocasiones. Primero, tras la primera solicitud, el 25 de mayo de 2017, ante la Dirección General de Política Energética, y después, ante el secretario de Estado de Energía. El alto tribunal autoriza ahora el cierre al afirmar que el doble silencio administrativo debe entenderse como una estimación del recurso «si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase y notificase resolución expresa».
Pero el Supremo le da la razón a medias porque Naturgy también pedía una indemnización por «daños y perjuicios» por el tiempo que se han mantenido abiertas las centrales. En concreto, por el periodo entre la fecha en que la Administración debió responder a su solicitud de cierre, es decir, desde el 25 de mayo de 2018, y hasta el momento en que gane firmeza esta sentencia. Los magistrados desestiman este extremo al afirmar que la compañía no presentó pruebas.
«La parte recurrente no acompañó su demanda de documento alguno que justificase la procedencia de la indemnización que reclama, ni tampoco hizo ninguna referencia a ningún extremo relacionado con dicha pretensión, ni propuso medio de prueba alguno al respecto», dice el texto. Naturgy defendía en el recurso que el importe de la indemnización habría de fijarse en ejecución de sentencia, una vez que sea conocida la fecha en la que puede proceder al cierre de las centrales, pero el Supremo afirma que debía haberse hecho antes.
A estas cinco centrales hay que sumar otras cinco sobre las que Naturgy solicitó la clausura en 2018, que tampoco han recibido contestación por parte de la Administración, así como una sexta central que se pidió cerrar por otros motivos y sobre las que el Supremo debe pronunciarse próximamente.
Situación actual
Fuentes de Naturgy afirman que están valorando la sentencia y a partir de aquí decidirán qué hacer con estas centrales. La situación actual es muy distinta a la que se vivía en 2017, cuando todavía el carbón formaba parte del mix de generación eléctrica y los ciclos combinados tenían una tasa de utilización muy baja. En 2017, cuando Naturgy planteó el cierre de estas cinco plantas, la utilización de las centrales de gas fue del 16% y un año antes del 12%. El año pasado, la crisis energética disparó el uso de esta tecnología hasta convertirla en la primera fuente de generación del país, con una tasa de utilización del 34%.
Aunque lo del año pasado fue una excepción, las centrales de gas –hoy tercera fuente de generación– se han convertido en fundamentales para evitar un apagón ante el aluvión de energía renovable que se prevé instalar en el sistema eléctrico español en los próximos años. De hecho, la principal reclamación ahora de las compañías, más que el cierre, es la creación de un mercado de capacidad que las retribuya por estar disponibles para cuando sean necesarias para el sistema, algo que desde el Ministerio para la Transición Ecológica se comparte.
