Un día después de firmar el pacto con Junts, el más difícil de todos los destinados a investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, el PSOE ha justificado uno de los aspectos más polémicos del documento: el mediador internacional, que se encargará de “acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos entre ambas formaciones a los que se llegue”. Los socialistas habían rechazado hasta ahora una figura de este tipo, y todavía más de fuera de España, pero al final han terminado cediendo. “Ni Junts se fía de nosotros, ni nostros de ellos”, ha dicho este viernes en la Cadena Ser el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.
“Hemos pactado un acompañante entre los dos partidos. Una persona que pueda desencallar temas, que pueda verificar el nivel de cumplimiento de los pactos. Muchas veces los partidos recurren a figuras internacionales y no pasa nada”, ha continuado Bolaños, uno de los colaboradores más estrechos de Sánchez y artífice, junto a Santos Cerdán y María Jesús Montero, de los pactos que ha suscrito el PSOE para garantizar la reelección del presidente en funciones. El último, que se firmará este viernes en el Congreso, con el PNV. Pero los socialistas también intentan sumar a Coalición Canaria, de forma que lograrían en total 179 votos a favor, tres por encima de la mayoría absoluta, para investir a Sánchez el jueves de la semana que viene en el Congreso de los Diputados.
La amnistía
El titular de Presidencia ha justificado la amnistía tanto como peaje para que la legislatura arranque y se pueda avanzar en políticas sociales (ha citado las pensiones, las becas, el salario mínimo y los permisos de paternidad) como por los propios efectos de la medida. “¿De verdad alguien cree que en Catalunya irían mejor las cosas si se condena a directores de colegios por abrir los centros durante el referéndum de 2017?”, se ha preguntado, defendiendo al mismo tiempo otro de los aspectos controvertidos del pacto con Junts: las menciones al ‘lawfare’ o guerra sucia judicial.
El documento firmado con los posconvergentes señala que las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán próximamente en el Congreso (sobre el espionaje al independentismo catalán en el ‘caso Pegasus’ y sobre las llamadas “cloacas del Estado”) “se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto ‘lawfare”. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y todas las asociaciones de jueces y fiscales mostraron el jueves su rechazo a esta parte del pacto, al entender que imponía la supervisión parlamentaria al trabajo de los tribunales.
Bolaños lo ha negado. Al mismo tiempo, ha asegurado que ha habido conductas por parte del PP que podrían enmarcarse como judicialización de la política. Entre otras, ha citado frases como “controlaremos la sala segunda (del Supremo) desde detrás” de Ignacio Cosidó, portavoz del PP en el Senado en 2018, y “esto la Fiscalía te lo afina”, de Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior con Mariano Rajoy.
“Queremos que estas conductas se clarifiquen”, ha dicho el ministro. A su juicio, la principal virtud del pacto con Junts, más allá de que permitirá la permanencia de Sánchez en la Moncloa, es el cambio de actitud que implica por parte de la formación de Carles Puigdemont. “Un partido que estaba fuera de las instituciones ahora está dentro. Esta es la clave del acuerdo. Hace tres meses no teníamos ninguna interlocución. Ahora, después de muchas horas de conversaciones, seguimos siendo partidos muy distintos. El propio texto relata varios puntos en los que no nos hemos puesto de acuerdo. Y es normal que así sea”, ha concluido el ministro.
