El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha respondido a la carta de protesta del Gobierno palestino por la participación de empresas españolas en la construcción de la red de tranvías que desarrolla Israel en los territorios palestinos ocupados de Jerusalén Este. Confirma el «fuerte apoyo a la causa palestina» y se asegura que discrepa de los proyectos que llevan a cabo multinacionales españolas como CAF o COMSA, pero afirma que no hay «elementos legales» para impedirlos.
«Excelencia Khaled Osaily, ministro de Economía Nacional Palestina. En respuesta a su carta de julio de 2023, querría aprovechar esta oportunidad para confirmarle nuestro apoyo rotundo a la causa palestina», comienza la misiva del tiular de industria, Héctor Gómez, a la que ha tenido acceso este diario. «Todos los Estados miembros de la UE consideramos que las colonias israelíes son ilegales bajo la legislación internacional y un obstáculo para la paz y la solución de dos estados en el conflicto entre Palestina e Israel», continúa.
En este sentido, Industria asegura que llama «con frecuencia» la atención «a ciudadanos y negocios» sobre «los riesgos asociados con las actividades económicas y financieras en los asentamientos» de Israel en Cisjordania y Jerusalén Este. En particular, les recuerda que las «transacciones financieras, inversiones, compras y contrataciones» que beneficien a las colonias israelíes «pueden verse envueltas en riesgos económicos y legales» porque «están construidas sobre territorio ocupado» que no es «parte legítima del territorio Israelí», según la carta. Los contratos públicos para construir el tranvía en Jerusalén caerían dentro de esta categoría. «De hecho, se les ha avisado de que pueden estar violando la ley internacional humanitaria«.
La multinacional ferroviaria vasca CAF y la catalana COMSA, junto a empresas más pequeñas como las madrileñas GMV o TYPSA, desarrollan las nuevas líneas de tranvía en Jerusalén, con paradas en colonias construidas en territorio ocupado que pertenece legalmente a Palestina. Son proyectos de más de 3.200 millones de euros, compartidos con socios israelíes, que incluyen tanto el trazado de la línea como la construcción de los trenes y el mantenimiento durante las próximas décadas de ese medio de transporte. Organizaciones como Amnistía Internacional se oponen porque consolidan la ocupación. Recuerdan que otras multinacionales decidieron no acudir al concurso porque incluían en el trazado colonias israelíes.
El conflicto entre Israel y Palestina vive su peor momento en medio siglo. Un ataque de Hamás contra Israel causó al menos 1.400 muertos y unos 240 secuestrados. La represalia israelí contra Gaza ha provocado al menos 11.000 fallecidos, entre ellos más de 4.000 niños y niñas.
Quejas anten Industria
El Comité de Solidaridad con la Causa Árabe planteó una queja ante el Ministerio de Industria contra CAF, que ganó el primer concurso en 2019, y GMV, a través del llamado Punto Nacional de Contacto (PNC). Se abrió un proceso no judicial para examinar si esos proyectos estaban de acuerdo a las normas que impone la OCDE de respeto de la legislación internacional. Industria se ofreció a mediar, pero tanto CAF como GMV lo rechazaron. CAF emitió un informe no vinculante en el que aseguraba que sus operaciones no fomentan la colonización porque son posteriores a la misma, entre otros argumentos.
El Gobierno palestino envió el pasado verano una carta al ministro de Industria español en la que le urgía «con fuerza» para que tomara «acciones inmediatas y medidas para exigir a CAF y a GMV la suspensión y retirada de los proyectos ilegales» de las empresas españolas. COMSA no estaba en la misiva porque aún no había conseguido su contrato, algo que se produjo el pasado septiembre.
En su carta, Héctor Gómez responde a su homólogo palestino que, aunque desde el Ministerio «comprenden y apoyan totalmente sus preocupaciones legítimas», el Punto Nacional de Contacto «carece de los instrumentos legales para interferir en decisiones de firmas privadas sobre la ejecución de proyectos en terceros países, que caen bajo su responsabilidad». Y añade: «Aunque [el Ministerio] generalmente apoya los procesos de internacionalización de las empresas españolas, déjeme que le asegure que no compartimos el punto de vista [de esas empresas] en este caso particular. Y ese mismo mensaje les hemos dado a través de todo el procedimiento en el Punto Nacional de Contacto».
Organizaciones internacionales de defensa de los derechos de los palestinos apuntan a que, si existe voluntad política, hay cosas que se pueden hacer más allá del PNC. «Si el Estado español y la UE consideran ilicita la actividad de los asentamientos producto de la ocupación, pueden prohibir su comercio y sancionar a las empresas que participen en esa colonización, por ejemplo a través de la Ley de Contratos Públicos«, aseguran desde el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe. Recuerdan también, por ejemplo, la exigencia de que las empresas que se acogieran al programa de ERTE durante al pandemia no tuvieran actividad en paraísos fiscales.
