La Unión Europea pidió a Pedro Sánchez que le informara sobre a quiénes y por qué delitos pretende amnistiar con su nueva ley tras la declaración institucional del Consejo General del Poder Judicial. Esa respuesta ha llegado por medio de Félix Bolaños, que ha enviado una carta en la tarde de este miércoles al comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, en la que ha quitado responsabilidad al Gobierno. El ministro de la Presidencia ha dejado claro a Bruselas que la cuestión es competencia de los grupos parlamentarios: «Habrán de tramitarse y resolverse en las Cortes Generales«.
Reynders pedía información «detallada» al Gobierno en funciones sobre la ley de amnistía, sobre la que considera que existen «serias preocupaciones». Bolaños asegura que esa misiva la conoció «por los medios de comunicación» antes de parapetarse en una cuestión formal. Aunque es de facto el Gobierno y en última instancia Sánchez quien impulsa esta negociación, el acuerdo para una ley de amnistía se abordará a través de una proposición de ley de los grupos parlamentarios. En todo caso, se muestra «encantado de trabajar conjuntamente con la Comisión Europea» y «facilitarle toda la información que precise».
El Gobierno se quita responsabilidad
Bolaños le recuerda que «de acuerdo al artículo 101 de la Constitución Española y el artículo 21 de la Ley del Gobierno«, el Ejecutivo está «en funciones, lo cual le impide remitir a las Cortes Generales proyectos de ley». Como Reynders repasa también su preocupación por la «falta de independencia», de la Fiscalía o la deficiente «separación de poderes» en nuestro país, el ministro de la Presidencia achaca todo lo que está sucediendo a «un grave incumplimiento de la Constitución» por parte del PP, que «lleva cinco años negándose a atender la recomendación expresada por la propia Comisión«.
Para el comisario de Justicia de la Unión Europea, los dos asuntos más graves son el bloqueo de la renovación del CGPJ, «en la que no se ha registrado ningún avance» y la reforma de la ley para la elección de sus vocales jueces, «que debe atenerse a los estándares europeos». Sobre ellos, Bolaños recuerda a Reynders que «en la reunión que mantuvimos en Madrid, en julio de 2022″ ya le entregó pruebas al respecto. Ahí, el Gobierno detallaba «todas las excusas que había puesto hasta entonces el Partido Popular» que ahora amplía a «un total de 28».
La justicia española para Europa
Para la Comisión Europea, la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 «no cumple con los estándares europeos». Estos son los que establece la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, que indican que «al menos la mitad de sus miembros sean jueces elegidos directamente por sus pares», sin interferencia política alguna. Los cuatro informes sobre el Estado de derecho publicados por el comisario de Justicia desde 2020 han suspendido a España, con preocupaciones «crecientes».
Desde el resultado electoral del 23-J, y el consiguiente cambio radical de posición del presidente del Gobierno en funciones respecto al prófugo Puigdemont, se han ido elevando voces en las instituciones europeas, como eco del escándalo que la amnistía a los implicados en el procés independentista de Cataluña supone para una gran mayoría de españoles. El texto del CGPJ activó las alertas en Bruselas, aunque el Gobierno ha hecho caso omiso de estas quejas del órgano de gobierno de los jueces y, de nuevo, va a utilizar la vía de la proposición de ley.
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