El exjefe de Gabinete de Mónica Oltra negó este miércoles ante el juez que altos cargos de la Conselleria de Igualdad se conjuraran para ocultar el caso de los abusos sexuales a una menor tutelada por el que finalmente fue condenado el exmarido de la entonces vicepresidenta, Luis Ramírez. 

Miquel Real corroboró la tesis defendida por Oltra durante su declaración y aseguró que la primera vez que tuvo conocimiento de la denuncia presentada contra Ramírez fue el 4 de agosto de 2017.

Oltra llamó a su jefe de Gabinete para comunicarle que había llegado a su casa una notificación del juzgado y este negó el miércoles que altos cargos de Igualdad se concertaran para ocultar el caso, según apuntaron a EL ESPAÑOL fuentes conocedoras de la declaración.

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Miquel Real, destacado dirigente de Compromís y primer marido de Oltra, acudió a declarar en calidad de imputado después de que el juez del caso Oltra, Vicente Ríos, alzara el secreto de sumario de las piezas separadas que han rastreado más de 50.000 correos de los investigados.

Esta investigación policial, solicitada por la agitadora Cristina Seguí, personada en la causa, finalmente, no ha arrojado ninguna prueba o utilidad para la investigación que dirige el juez Ríos.

Además de Real, el miércoles también declaró Francesc Gamero, exsubsecretario de la Conselleria de Igualdad. Gamero declaró que Igualdad envió el 8 de agosto de 2017, cuatro días después de que Oltra recibiera la notificación del juzgado, una comunicación a la Fiscalía de Menores para colaborar en la investigación.

Mónica Oltra acompañó por sorpresa hasta la Ciudad de la Justicia de Valencia a sus dos colaboradores, según la información publicada por diversos medios.

Además, el diputado nacional de Vox por Valencia, el catedrático Carlos Flores Juberías, también se ha presentado en los juzgados con la intención de presenciar la declaración, pero el juzgado se negó porque se trata de una declaración en fase de instrucción y no en un juicio público.

Cita en el Supremo

Esta semana se ha conocido que el Tribunal Supremo decidirá el próximo 13 de diciembre si finalmente envía a prisión al exmarido u ordena repetir la celebración del juicio, tal y como pidió la defensa para volver a interrogar a la víctima.

Esta causa es independiente a la que investiga a la dirigente de Compromís y el único condenado es Ramírez. La decisión final que se tome el 13 de diciembre, sea cual sea, no influirá en las diligencias abiertas contra Oltra porque son hechos y delitos distintos, según manifestaron fuentes judiciales.

Luis Eduardo Ramírez fue condenado a cinco años de prisión por estos hechos y la resolución definitiva del caso estaba pendiente de este último recurso.

La sala segunda notificó este lunes un auto a las partes en el que informa que se ha señalado para la deliberación el próximo 13 de diciembre y que el tribunal estará presidido por Juan Ramón Berdugo, magistrado del Supremo desde el año 2004.

Entre los magistrados que revisarán el caso también se encuentra Vicente Magro, expresidente de la Audiencia de Alicante y jurista valenciano de reconocido prestigio, y Pablo Llarena, el magistrado instructor de la causa del Procés catalán.

El tribunal también estará integrado por Ana María Ferrer García, la primera mujer en convertirse en miembro de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo de España y una de las siete jueces del juicio del Procés; y por el magistrado Ángel Luis Hurtado.

Los abusos

Luis Eduardo Ramírez Icardi fue condenado por la Audiencia de Valencia en marzo de 2021 tras una repetición parcial de su juicio que se saldó con el mismo resultado: cinco años de cárcel por abusar de una menor tutelada de 14 años.

Los hechos probados del dictamen recogieron que «en el periodo referido, en fechas que no se han concretado, pero, entre dos y diez ocasiones, Luis Eduardo Ramírez Icardi, que desempeñaba el turno de noche en aquella época, acudía a la habitación de la menor cuando esta se hallaba castigada».

La menor tenía «dificultad para conciliar el sueño por sus miedos, por lo que reclamaba la presencia del educador e incluso le pedía que le hiciera un masaje, pues confiaba en el mismo». Y Luis Eduardo procedía «a masajearle en la zona del cuello y la espalda».

Pero, «una vez creía que se hallaba dormida, cogía la mano de la niña y se masturbaba con ella, fingiendo la menor dormir ante la vergüenza que le producía dicha situación».

El juicio debió repetirse porque en aquel proceso no se tuvo en cuenta un informe autonómico y otro del Instituto Espill que ponían en duda la credibilidad de la víctima. En la repetición tuvo lugar, precisamente, la confrontación de estos análisis con el de la forense del Instituto de Medicina Legal que examinó a la menor y sí creía en su versión.

Tras contemplar estos documentos, la sentencia, además de reafirmarse en su condena, cargó con dureza contra la Conselleria de Igualdad que entonces dirigía, precisamente, Mónica Oltra.

En concreto, le afeó la «hostilidad y absoluta falta de empatía hacia la víctima que se trasluce en los informes aportados, y que se elaboran por quienes, paradójicamente, estaban llamados a protegerla».

Fruto de tales consideraciones y de posteriores procesos impulsados por la defensa de la menor y por acusaciones particulares, se abrió un nuevo caso en el Juzgado de Instrucción 15 de Valencia para analizar las presuntas maniobras de la administración para desacreditar a la víctima de los abusos sexuales.

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