Los funcionarios de la Consejería de Agricultura del Gobierno canario que han declarado este martes ante la jueza del ‘caso Mediador‘ para explicar la tramitación de las ayudas que se vinculan con los imputados en la trama han defendido la legalidad del procedimiento seguido en todas ellas.
El ‘caso Mediador’, que saltó a la luz a principios de año, gira en torno al supuesto pago de sobornos por parte de empresarios a políticos para obtener ayudas o hacer viables sus proyectos, en una causa penal que hasta la fecha acumula una veintena de imputados.
Entre ellos, figuran el exdiputado nacional del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, su sobrino y ex director general de Agricultura de Canarias, Taishet Fuentes, y Marcos Antonio Navarro Tacoronte, el intermediario que da nombre al caso.
La primera testigo en comparecer en el Juzgado este martes ha sido la interventora de la Consejería, Natalia de Luis Yanes, quien ha respondido preguntas de la instructora durante dos horas.
De Luis llegó una hora antes de la cita y señaló que llevaba a la magistrada María de Los Ángeles Lorenzo las auditorías realizadas sobre las ayudas del Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (FEAGA) para demostrar que los procesos se ajustaron a la legalidad.
Fuentes del caso han indicado que la jueza le planteó insistentes preguntas sobre posibles irregularidades, pero sin que la testigo se apartase de su versión de que los procedimientos fueron correctos.
Este martes también ha comparecido como testigos el jefe de servicio de Reintegro de Subvenciones de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Agricultura, Guillermo José de Diego; el jefe de servicio de Registros, Industrias y Bienestar Animal, Antonio Manuel Cardona; y el técnico de la Consejería Pedro Peláez.
La jueza ha indagado en sus preguntas en las condiciones de la concesión de subvenciones a los empresarios investigados para esclarecer si hubo o no trato de favor a los beneficiarios por mediación de la supuesta trama.
Los funcionarios se han quejado de que están siendo objeto de continuas sospechas e investigaciones desde que salió a la luz el caso y han señalado que han sido constantes las peticiones de documentación.
Incluso la propia Consejería pidió permiso al Juzgado para iniciar una inspección interna, a lo que la instructora respondió que podían llevarla a cabo, siempre que le notificaran los resultados.
La principal subvención que ha estado hasta ahora bajo sospecha es la concedida a una quesería del sur de Tenerife a la que se le impuso una sanción grave y la obligación de devolver 74.000 euros, pero que concluyó en prescripción.
Existen grabaciones en las que Navarro Tacoronte y el entonces director general de Agricultura, Taishet Fuentes, hablan de cómo evitar el reintegro de ese dinero, con la sospecha por parte de los equipos policiales que llevaron el caso de el empresario habría pagado hasta 24.000 euros para recibir un trato favorable.
El dueño de la quesería finalmente se sintió engañado por los supuestos cabecillas de la trama -como también consta en conversaciones del sumario-, pero finalmente el plazo para devolver el dinero prescribió, lo que despertó las sospechas de Intervención del Gobierno de Canarias, desde donde se advirtió de que si se cometió alguna «negligencia» los responsables tendrían que devolver el dinero.
El abogado del ‘Mediador’, Plácido Alonso Peña Fumero, ha sido imputado precisamente porque elaboró unas alegaciones para evitar que el empresario devolviera la ayuda.
Una parte sustancial de este caso se centra en varios expedientes de sanciones o ayudas europeas tramitadas por la Consejería de Agricultura y que, según sospechas de la Policía y la Guardia Civil, se intentaron amañar mediante pago previo de sobornos por parte de varios de los empresarios encausados.
La jueza preguntó de forma minuciosa a los funcionarios por cada uno de estos expedientes y se encontró con la afirmación, por lo que se sabe hasta el momento, de que nunca apreciaron que ocurriera nada ilegal o «especialmente diferente» a lo sucedido en otra legislatura.
